Casi como siguiendo los pasos de un manual, se han dado en el último tiempo las detenciones y juicios a comuneros mapuche y este caso no es la excepción. Si no tengo pruebas, me pego el show, debe decirse la fiscalía.
Generando el ambiente
Con el cambio de modalidad de la audiencia – a última hora, avisos a apoderados de colegios aledaños, cambios en el tráfico vehicular y con un alto contingente policial y de gendarmería se iniciaba el juicio a los comuneros Ernesto Llaitul, Esteban Henríquez, Ricardo D. Reinao y Nicolás Alcamán el 4 de octubre.
Los imputados ingresaron a la sala engrillados de manos y pies, con un sistema que les impide erguirse completamente, estirar los brazos, menos tomar un vaso de agua. Un sistema similar a los usados en la esclavitud.
Dentro de la sala, personal de Gendarmería, armado y equipado con indumentaria de combate, se mantiene tras los abogados defensores. Las medidas de seguridad especiales aplicadas a los comuneros sólo fueron retiradas el pasado 23 de octubre, luego de que observadores de derechos humanos internacionales, locales y organizaciones populares denunciaran públicamente el trato vejatorio e irregular al que han sido sometidos los acusados.
¿Y la presunción de inocencia?
Los comuneros, antes de ser condenados por un tribunal, son tratados como culpables. Ingresan engrillados de manos y pies. Antes de que comience el juicio, se genera un ambiente de temor en la población con las disposiciones de seguridad impuestas por “la autoridad” en coordinación con Carabineros y Gendarmería.
Según los abogados defensores, no se está respetando la presunción de inocencia. El ambiente que se genera al traer a gendarmes y carabineros fuertemente armados y con cascos a la sala y la negativa de cambiar la medida, nos muestra cómo son “criminalizados preventivamente”.
El desarrollo del juicio.
En estos 15 días de juicio, el show ha continuado. Al día de hoy, 27 testimonios –más arreglados que mesa de cumpleaños– ha ofrecido el ministerio publico. Entre testigos, víctimas del atentado, dueñas de cabañas cercanas, pacos, PDI. Incluso se encargó un peritaje de una empresa privada llamada INCOBECH cuyo gerente de operaciones es nada más y nada menos que un ex milico llamado Claudio Balague. Así con la idoneidad…
Una familiar de Esteban Henríquez señala para Revolución que “estos 15 días de juicio han sido tremendamente desgastantes. Hemos tenido que presenciar las declaraciones de testigos -en su mayoría policías de Investigaciones- que entregan testimonios redundantes, donde, a pesar de ser parte de un grupo “especializado”, sólo han presentado pruebas que acreditan vínculos de amistad entre nuestros familiares. Vínculos de amistad y conversaciones acerca de actividades propias de personas pertenecientes a comunidades mapuche de distintos territorios”, explica la entrevistada a nuestro medio y continúa: “en pocas ocasiones estas pruebas hablan de ellos. En la mayoría de los casos se trata de personas que no forman parte de este juicio. Hemos tenido que vivir la hostilidad constante de los magistrados hacia los abogados defensores y soportar que la fiscalía -con el permiso del tribunal de Los Ángeles- exponga situaciones personales, privadas, que nada tienen que ver con los hechos y que solo buscan humillar, quebrar vínculos, avergonzar y exponerlos en situaciones cotidianas, pero privadas. Sin embargo, sabíamos que sería de este modo, que la fiscalía iba a jugar sucio, pero nunca dimensionamos hasta que punto llegaría su falta de seriedad”.
Y finaliza “a pesar de todo eso, sabemos que en este caso y en cualquiera que enfrente nuestro pueblo , la culpabilidad está decidida antes de pasar por tribunales, y en esa convicción mantenemos la fuerza, la frente en alto y el orgullo intacto respecto del actuar de nuestros familiares”.
El veredicto, es decir, si se absuelve o se condena a los comuneros, debería estar claro el día viernes 3 de noviembre, a menos que se atrasen los alegatos de clausura, aplazándose hasta el lunes 6 de noviembre.
