La historia es más complicada de lo que parece. Eso tiene que ver con que, en su origen estuvo metido Sebastián Piñera, siempre medio truculento. Durante la pandemia, se puso en campaña para conseguir vacunas contra el Covid–19 al cualquier costo. Sabía que la supervivencia de su gobierno dependía también de eso. Por eso, tomó tempranamente contacto con las principales multinacionales farmacéuticas que habían adquirido los derechos de explotación de diversos proyectos científicos que buscaban desarrollar una vacuna contra el coronavirus.
Como se sabe, no todas las apuestas resultaron. Las incursiones Bayer, Novartis, Merck, Boehringer, GlaxoSmithKline, Roche, Sanofi y otros consorcios en el desarrollo rápido y fabricación masiva de vacunas contra el Covid fueron decepcionantes. O, ni siquiera lo intentaron. Los incentivos no estaban claros.
Eso se debe al hecho de que vacunas, en general, no son un gran negocio. Una vez creada, debe poder venderse a un bajo precio para asegurar la máxima inoculación posible entre la población.
Sólo en una circunstancia excepcional, que permitiera, bajo la protección y promoción del Estado, imponer condiciones leoninas por un producto controlado por una sola compañía, se podía asegurar una ganancia. Más o menos, esa fue la estrategia seguida por las grandes ganadoras de la pandemia Pfizer y Astra Zeneca. La primera se quedó con el mercado estadounidense, la segunda el de la Unión Europea.
Lo interesante del desarrollo de las vacunas, sin embargo, es que aparecieron otros actores. En algunos casos, la estrategia no era comercial, sino social. Es el caso de los laboratorios cubanos que desarrollaron su propia vacuna y convirtieron a ese pequeño país en el más inmunizado del mundo. Como es sabido, siguiendo ese mismo criterio, Cuba compartió su vacuna con otros países, demasiado pobres para acceder a los medicamentos.
Y aun otros desarrolladores y productores de vacunas emplearon un enfoque que no estaba orientado a obtener inmediatamente grandes ganancias, sino a conquistar posiciones en los países más pobres y poblados para producir grandes cantidades de vacunas en el largo plazo; además, por supuesto, de asegurar, en medio de la crisis, el acceso a los medicamentos a los habitantes de su propio país.
Esa es, sin duda, la aproximación que tienen empresas chinas como la estatal Sinopharm, que se convirtió en la tercera farmacéutica del mundo.
En medio de esa pugna global, en que se dibujan los grandes conflictos mundiales entre las potencias, el gobierno de Piñera cerró un trato, cuyos términos son desconocidos hasta hoy, con Pfizer. Además de dinero, ofreció información. Es decir, el acceso privilegiado a los resultados clínicos de la aplicación de las vacunas a gran escala, un “insumo” que, sobre todo en la primera fase, valía oro.
Consciente, sin embargo, de que las grandes multinacionales estaban concentradas en sus mercados monopólicos, mientras intentaban febrilmente abrir nuevas plantas de producción, Piñera hizo un acuerdo similar con una empresa china, Sinovac, que empezó tempranamente a probar su compuesto en Chile, en conjunto con la Universidad Católica.
Esto permitió la importación masiva de grandes cantidades de esas vacunas. De hecho, prácticamente no hay chileno que no haya tenido, al menos, una dosis de Sinovac (el nombre oficial de la vacuna específica es -poco imaginativo- CoronaVac) en su organismo.
En medio de esa especial cooperación, Sinovac propuso al gobierno la instalación de una fábrica de vacunas en Chile, además de un laboratorio para el desarrollo de nuevas vacunas. Chile había dejado de producir esos medicamentos durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se desmantelaron las capacidades del Instituto de Salud Pública que las había heredado del antiguo Instituto Bacteriológico, ambos, por cierto, instituciones públicas.
A partir de entonces, el mercado proveería.
Piñera aceptó la oferta de Sinovac, que apuntaba a crear un gran centro de producción de vacunas para América Latina, y se presentó incluso un sitio en Antofagasta como posible emplazamiento de la futura fábrica.
Después, nunca más se supo del asunto, hasta ahora. Coincidiendo con la visita del presidente Gabriel Boric a China, Sinovac informó que no seguiría con el proyecto, cuyo avance, en todo caso había sido nulo. En la prensa circuló la versión de que los terrenos y las condiciones de infraestructura no eran adecuados, ni para la fábrica ni para laboratorio que se había de construir en Quilicura.
Y, paralelamente, se señaló que Sinovac había preferido realizar el proyecto en Colombia.
¿Cómo respondió el gobierno del presidente Boric a esta circunstancia? El ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó todo es “dinámico” y nada es “definitivo”, pero que, “lo que hay que entender es que son una serie de decisiones que se mezclan, y somos un mercado, en términos de vacunas, pequeño y es razonable que Chile trate de mantener un suministro diverso del punto de vista de las políticas sanitarias”.
Agregó que los chinos, además, habían pedido “subsidios y vacunas garantizadas”, como queriendo decir que se querían pasar de listos.
El mercado es pequeño, por cierto, aunque Chile es uno de los países con más vacunas per cápita del mundo, si se cuentan las inoculaciones contra la influenza, polio, hepatitis, virus papiloma humano, etc.
Pero si el mercado es pequeño o grande es un problema de los capitales, que deberán ver cuánta ganancia consiguen y cómo.
El problema del Estado es asegurar que, en toda circunstancia, los habitantes del país -aunque sea pequeño- tengan acceso a los programas de salud pública necesarios. Además, es un problema del Estado prepararse para eventual crisis sanitaria, lo que requiere la creación de ciertas capacidades estratégicas.
No hace falta discursear en contra de la “mercantilización de los bienes comunes”, como lo hace -o hacía- la corriente política a la que pertenece el ministro Grau. Simplemente, se trata de proteger la salud y la vida de los chilenos, aunque no sea negocio hacerlo.
Los chinos le respondieron a Grau, ya con menos diplomacia, indicando que era mentira que hubiesen pedido subsidios y monopolios. Revelaron que lo que habían buscado, seguramente desde el período de Piñera, era cerrar un trato para una empresa conjunta o un joint venture con el Estado de Chile.
Y que, exactamente, eso habían hecho finalmente en Colombia. Pero no con el gobierno de Gustavo Petro, quien ha abogado por la “soberanía sanitaria, no depender de terceros o países que suministran los antígenos”.
No. El acuerdo es con la ciudad de Bogotá. Su alcaldesa mayor, Claudia López, declaró orgullosa que el convenio con Sinovac no es “para hacer envasado, llenado y distribución de farmacéuticos, sino para hacer producción de farmacéuticos y ser socios de la investigación, desarrollo, tecnología, conocimiento y patentes de esa producción de farmacéuticos”.
¡Bogotá! o sea, ese mercado, apreciablemente más pequeño que el país Chile, entonces, será el destinatario de los cien millones de dólares que la compañía china quiere invertir para ese propósito, en conjunto, se entiende, con los fondos municipales que se sumarán al proyecto.
Para el ministro de Economía eso no es mucha plata, en comparación con las inversiones de consorcios chinos en la explotación del litio que podrían ascender a 600 millones de dólares, según señaló. Eso es verdad. No es “diez veces la otra inversión”, como Grau, de profesión economista, calculó, sino seis veces, pero es mayor, sin duda. Y, además, ese sí es un negocio ¿verdad?
Que el personal a cargo del gobierno de Chile sea bastante inepto, probablemente se comprueba una vez más en este episodio. Probablemente, porque, quizás hay mejores opciones que las de Sinovac. No lo sabemos de manera definitiva.
Lo que sí sabemos a ciencia cierta de este gobierno es que, en lo vendepatria, compiten con todos los demás que les precedieron. La única nota de color que le agregan a su sometimiento al capital y su desdén por los intereses nacionales es que resulta que lo que se presentaba como “progresista-liberal”, al final, era sólo “neo-liberal”.
Pero, a estas alturas ¿a quién le interesa?