Al menos 500 muertos, según estimaciones de las autoridades locales, causó el ataque aéreo en contra del hospital al-Ahli, en ciudad de Gaza, en el centro de la franja territorial sitiada por Israel.

El ejército israelí negó su responsabilidad en el hecho, aunque reconoció que estaba realizando operaciones aéreas “en el sector del hospital”. En su versión, las muertes y los daños al edificio se habrían provocado por un cohete defectuoso lanzado por el grupo Jihad Islámica, lo que fue negado por esa organización. Tampoco se explica cómo los proyectiles usados por las fuerzas palestinas, de capacidad limitada, podrían haber causado el grado de destrucción que se verificó en el lugar.

Incluso sus aliados occidentales se distanciaron de la pretensión israelí de desconocer su participación en el bombardeo y llamaron a una “investigación” internacional de los hechos.

La mayoría de las víctimas son personas desplazadas que siguieron el ultimátum israelí de evacuar la zona norte de la franja de Gaza.

El ataque coincide con la llegada del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a Israel. Una visita a la vecina Jordania, que formaba de la gira del gobernante, fue cancelada por el monarca de ese país, Abdullah II, debido a la matanza.

El hecho causó consternación mundial y manifestaciones de protestas en diversos países. En Turquía, la muchedumbre atacó instalaciones diplomáticas israelíes.

Biden esperaba anunciar un paquete de ayuda militar de mil millones de dólares para la ofensiva israelí en contra de Gaza. La invasión terrestre, para la cual se han acumulado grandes cantidades de efectivos y blindados, y cuyo inicio se esperaba el fin de semana pasado, fue sorpresivamente suspendida.

Todo indica que las operaciones esperarán hasta después de la conclusión de la visita de Biden.

Según versiones, los mandos israelíes buscan adecuar sus planes ante lo que, ostensiblemente, es una mayor capacidad defensiva de las fuerzas de Hamas y sus aliados en Gaza que, además de preparar las acciones de ruptura del bloqueo iniciadas el pasado de 7 de octubre, han fortificado sus defensas y el sistema de túneles y búnkeres que poseen en Gaza.

Se teme que ello lleve al ejército israelí a intensificar el empleo de bombas de gran capacidad destructiva, dirigida en contra de las instalaciones subterráneas. La provisión de esas armas anti-búnker como las avanzadas GBU-72, de fabricación estadounidense, debería ser parte de las peticiones israelíes a Biden.

Esa perspectiva, sin embargo, sólo aumentará el sufrimiento y las muertes entre la población civil.