La historia es conocida, a estas alturas. Las isapres impusieron un sobreprecio a sus planes, castigando especialmente a mujeres y personas mayores, ignorando las decisiones del Tribunal Constitucional, las circulares de la Superintendencia de Salud y a una ley, dictada durante el primer gobierno de Piñera.
Lo hicieron con respecto al 7% de cotización obligatoria de salud y, también con respecto a la cotización adicional, la llamada prima GES.
La Corte Suprema, para deshacerse de los centenares de miles de recursos de protección presentados en contra de esta ilegalidad y que tapan el sistema de justicia, en dos sendos fallos, decretó que la Superintendencia de Salud debía establecer el monto y el modo de compensación a los afiliados perjudicados, además de, por supuesto, fijar las normas específicas para que las isapres dejen de robar a futuro.
Para no ser injustas con las isapres infractoras, la Suprema limitó el alcance de su sentencia al período más breve concebible: los contratos celebrados desde diciembre de 2019.
El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inválidas las llamadas tablas de factores -o sea, los sobreprecios aplicados a las personas más necesitadas de servicios de salud, digamos, personas con patologías crónicas o mayores, o a las mujeres, por esa mala costumbre que tienen de enfermarse de guagua- es del 2010.
Es decir, hay una década de robos de las isapres que la Suprema expresamente blanqueó. Un detalle.
Como Chile es un estado de derecho, o sea, un estado burgués moderno, los fallos de los tribunales deben cumplirse. Y como, justamente, este es un estado de derecho, es decir, burgués, esa regla no aplica al gran capital.
La Superintendencia se tomó todo el tiempo del mundo para cumplir con el mandato judicial. Incluso, pidió una prórroga, que le fue concedida. Finalmente, informó cuál era monto de lo que debían devolver las isapres y no mucho más.
Según los cálculos del organismo, la suma de lo robado es de 1.400 millones de dólares.
Claramente, incluso para las isapres y sus controladores, eso es mucha plata, aunque nadie dijo nunca que debían pagarla en cash y de una vez.
Lo interesante es que las isapres nunca reclamaron por ese cálculo. Podrían haber dicho que, en realidad, es mucho, mucho menos. Total, mentir no les cuesta nada.
Tampoco reclamaron ante la Suprema por el fallo que las perjudicaba, argumentando, por ejemplo, que la sentencia afectaba a todas las isapres y alcanzaba a todos afiliados, en circunstancias que el recurso de protección que usó el tribunal para su “supremazo” fue presentado por una señora Sandra Anabalón por el alza de precios de su contrato con la Isapre Colmena, y no en nombre de todos los cotizantes en el sistema privado.
No. Las isapres no dijeron ni pío.
¿Para qué? Si, al final, ellas mandan.
Bueno, es verdad que hicieron un poco de campaña del terror: que iban a tener que cerrar, porque, sin los sobreprecios, esto de los seguros de salud no es negocio.
Pero la solución del problema no les corresponde a las empresas. Que para eso tienen un gobierno y un Congreso que les hacen el servicio que les pidan.
Dicho y hecho.
El gobierno negoció con los parlamentarios la creación de una “comisión técnica”. En ella estaban los suches, perdón, asesores y consultores de los senadores de la comisión de salud, representantes del gobierno, de la Asociación de Isapres. Pero, además, estaban representados los que habían hecho el cálculo de los 1.400 millones de dólares: dos especialistas de la Superintendencia de Salud y la directora Espacio Público, un centro de influencia política.
Abracadabra… ¡es mucho menos plata! Casi nada. Son sólo 451 millones de dólares.
¿Cómo lo hicieron? Digamos que cortaron con el hacha.
Borraron la deuda de las isapres con respecto a los afiliados que pagan por planes que son más baratos que el monto equivalente al 7% de su sueldo, o sea, lo corresponde a las cotizaciones obligatorias.
¿Por qué? Porque sí. O, mejor dicho, porque así es menos plata.
Y, además, descontaron los sobreprecios no cobrados desde 2020 -ya sea porque se abstuvieron de subir los planes, para cumplir, por una vez, con la ley o porque la propia justicia les ordenó anular las alzas- del sobreprecio que sí se embolsaron, contraviniendo la ley, en el mismo período.
La matemática es así:
plata real, robada, que deben
–plata que, hipotéticamente, podrían haber robado
= menos plata total que deben
Ingenioso ¿no? Pero eso no es nada.
La deuda, así recortada, a 451 millones de dólares, no se debe pagar en cómodas cuotas, como se ha dicho erróneamente en la prensa.
No, no. Se debe pagar en diez años, pero no en plata, sino en servicios de las isapres. Sólo si después de ese plazo, en el 2034, digamos, queda un saldo en esa cuenta especial del afiliado, sólo entonces, se le abona el dinero restante. Entre paréntesis, esto sin intereses.
Pero eso no es todo.
Según la comisión, se debe ver cómo las isapres, además de bajarles la deuda, puedan subir el precio de sus planes.
Para eso, proponen cambiar el Indicador de Costos de la Salud o ICSA, que se usa para reajustar los planes.
Ese índice promedia las variaciones de los costos declarados por las isapres para sus prestaciones con las que registra Fonasa.
Se entiende por qué ¿verdad?
Si sólo se tomaran los datos de las isapres, los costos se irían por las nubes, ya que son los mismos dueños de las clínicas privadas. La variación de Fonasa, en cambio, sería más objetiva, porque los hospitales públicos no tendrían ningún incentivo de inflar artificialmente los costos.
Entonces, de esa manera, algo se compensa. Un promedio, pues.
La comisión sabe eso, por supuesto, mejor que nadie.
Y por eso plantea eliminar ese promedio con los costos de Fonasa, para que las isapres y las clínicas y los centros médicos y los doctores -que dependen, recordemos, de los mismos capitales- indiquen libremente cuánto subieron supuestamente sus costos, y aumenten el precio de los planes en feliz concordancia.
El incremento, si se saca el “índice de costos de Fonasa”, es de… ¡65%!
¡Bravo!
Y para que no se note pobreza, los “expertos” sostienen que, además, se le debe autorizar un alza de los planes de salud “extraordinario”, por una sola vez.
En otras palabras, estos malditos van a salir ganando plata.
El gobierno ya declaró que hará suyas las conclusiones del informe y presentará las indicaciones respectivas al proyecto de ley corta de isapres que se tramita en el Senado.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que esto “no es un perdonazo”.
Tiene toda la razón.
No es un perdonazo.
Es un robo y una burla a las sentencias de los tribunales, perpetrado por el gobierno y el Congreso en favor de los capitales que los manejan.
Cuando le toque ir al consultorio con los niños o, esperemos que no, a un hospital público, saludable lectora, robusto lector -nada que ver con las isapres ¿verdad?- y esté sentada ahí o dando vueltas como en el patio de una cárcel, esperando… sólo recuerde por qué no usted tiene derecho a la salud.
No es porque no salga en la constitución.
Es porque existe un sistema manejado miserables chupasangres que roban, estafan y engañan.