El mail llegó pasadas las diez de la noche del domingo, el mejor momento para dar este tipo de noticias. “No contamos con la liquidez para poder responder a la continuidad del servicio educativo velando por el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes”, rezaba el comunicado de la municipalidad de Til Til a profesores y apoderados.
Nueve colegios, simplemente, se cerrarían por decisión del sostenedor, la Corporación de Desarrollo Social, dependiente del municipio. 2 mil niños quedan sin clases. Los docentes, en tanto, ya no saben a qué atenerse. Ya llevan un buen tiempo con pagos parciales y atrasados de los sueldos. Un tercio de la suma líquida, sólo en el mes pasado.
La parte bruta de las remuneraciones, en tanto, lleva mucho más tiempo al debe. El municipio no les paga las cotizaciones. La municipalidad aduce que “heredó” un déficit de 18 mil millones de pesos de la administración anterior y que no tiene la plata, nomás.
Eso parece plausible. El anterior alcalde, Nelson Orellana, de RN, claramente metía las manos y las patas donde podía. No es primera vez que los colegios se quedan sin plata. No podrá rendir cuentas: murió en 2020 por Covid.
El actual alcalde, Luis Valenzuela, es de un partido oficialista, Revolución Democrática. Pero, según la autoridad comunal, en el Ministerio de Educación, hasta hace poco en manos de esa colectividad, “nunca fuimos escuchados, nunca recibimos ayuda, solamente palabras de buena fe, de buena crianza”.
Si él sabía, sin embargo, de la situación financiera del municipio -lleva ya más dos años en el cargo y ya asoman las campañas electorales- podría haberse dedicado algo más, en vez de esperar que estallara la crisis. Por ejemplo, cada vez que no pagaba las cotizaciones. O sea, todos los santos meses.
Pero la burda bicicleta financiera, finalmente, se estrelló contra un muro.
La justicia embargó las subvenciones estatales con las que quería pagar los sueldos y la mantención de los establecimientos por el no pago cotizaciones. Y el Mineduc, por su parte, también les retiene parte de los recursos como sanción por lo mismo: quedarse con la plata de los trabajadores.
En resumen, se quedaron sin un peso líquido.
Al parecer, la decisión de cerrar los colegios, finalmente, movilizó al Mineduc que le concedió una reunión al alcalde. Y hubo una solución: una mesa de trabajo.
Persuadido de la urgencia del problema, sin embargo, el ministro de Educación Nicolás Cataldo (PC) fue más allá. “Vamos a liberar recursos”, prometió.
En realidad, no va a “liberar” nada.
Lo que pretende es una extraña movida contable. Va a pedir al tribunal que embargue la plata que el Mineduc le retiene al municipio para que, así, “desembargue” el dinero ya transferido, pero que reclaman las AFP.
Cataldo además prometió que va a “acelerar” los pagos correspondientes a la quincena de octubre, es decir, no se va a demorar, como es usual.
“Con estas dos fuentes de financiamiento”, razonó el ministro, “nosotros estimamos que podríamos garantizar el giro de aquí a diciembre”.
El giro. Interesante expresión. ¿No era un derecho la educación y no un bien de consumo?
Según parece, ni para lo uno ni lo otro le da a este lamentable personal gubernamental.