La derecha tiró, aunque con mano ajena, un nuevo elemento sobre la mesa de negociaciones para el gran acuerdo entre los partidos del régimen: la libertad para los represores. Siga atento al arreglo con el oficialismo que se está tramando.
A primera vista, podría parecer una provocación más. Un grupo de reos del penal Punta Peuco emitió una declaración cínica en que pide misericordia, es decir, que no cumplan su condena. El argumento es antiguo: sólo cumplimos órdenes.
La declaración viene con dos convenientes, pero ostensibles, voladores de luces. Se “reconoce” que “acciones” tuvieron como “resultado la violación a los derechos humanos”. Y se pide que los beneficios pretendidos sean para el personal subalterno “oficiales, suboficiales, clases y empleados civiles”.
Esos asesinos serían los perjudicados de haber “cumplido órdenes” emitidas por aquellos que “investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo” de ellas.
Los redactores, al menos los de mayor graduación, se excluirían a sí mismos de los eventuales beneficios; ellos no habrían emitido orden alguna ni estarían en la situación de simplemente obedecerla. Son los “mandos medios” y su petición pretende ser completamente desinteresada. Pero cualquier arreglo en el sentido que ellos promueven, tarde o temprano, también los incluiría.
Todo esto, por supuesto, no vale el papel de cigarro en el que los “estoicos” prisioneros escribieron su mensaje en las terribles mazmorras de Punta Peuco.
Lo que sí es llamativo, como lo recogieron al vuelo en la derecha. El presidente la UDI, el senador Javier Macaya, quien aplaudió a los asesinos por “asumir responsabilidades que estaban avaladas en cadenas de mando, en decisiones que probablemente personas muy jóvenes no podían contradecir, porque estaba en riesgo su propia vida”. Ah, sí. Jóvenes, muy jóvenes. ¿Quién no hace locuras a esa edad? Y, seguramente, por eso los represores que actuaron bajo amenaza de sus propias vidas, sí se comportaron como seres humanos mínimamente decentes apenas cesó ese peligro. Digamos, unas dos, tres, cuatro… cinco décadas después o, a lo menos, cuando estaban en el banquillo de los acusados.
Porque ese habría sido el momento en que podrían descrito detalladamente todos los hechos que ellos se vieron “obligados a cometer”, señalando directamente quiénes les dieron las órdenes criminales.
Pero no.
Con una o dos excepciones -el mayor Carlos Herrera Jiménez, uno de los firmantes, por ejemplo- ninguno de ellos ha reconocido ningún hecho, ni siquiera el de haber recibido órdenes de matar a personas indefensas so pena de sufrir el mismo castigo en caso de desobedecer. De ser verdad, eso les habría significado un atenuante en el proceso.
Pero no. Es cosa de ver los expedientes.
Lo de las órdenes es mentira. Una más de estas bestias.
Sobre esa mentira, Macaya elabora su idea: “son situaciones que evidentemente tienen que ser ponderadas a la hora de tomar decisiones gubernamentales y eventualmente incluso legislativas”.
Eventualmente. No hay duda de que hace un tiempo ya se busca asegurar la impunidad de los represores. Es cosa de ver las tratativas en el Consejo Constitucional. Lo interesante es que el jefe de la UDI le tire ahora la pelota al gobierno.
Éste, mandó a su abogado, perdón, al ministro de Justicia, Luis Cordero, a manejar al asunto. Según Cordero, los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados. Ello contravendría los tratados internacionales suscritos por Chile. Pero no eso lo que los asesinos están pidiendo. Lo que ellos quieren es salir piola, con beneficios carcelarios.
Y esos sí dependen del gobierno, porque están fijados en un reglamento, potestad del presidente de la República. Para recibir esos edificios, la actual norma les pide un requisito adicional a los condenados por delitos de lesa humanidad: que aporten “antecedentes serios y efectivos” en las causas judiciales que se les siguen. No es mucho pedir. Ni siquiera se le pide que se incriminen a sí mismos o inculpen a otros.
Cordero, por supuesto, sabe eso y debe estar al tanto de las muchas otras tratativas, sobre distintas materias, que se desarrollan en paralelo entre el oficialismo y la derecha. Su respuesta es decidora: “por ahora, no es algo que esté evaluando el gobierno, sin perjuicio que nosotros estamos monitoreando las consecuencias de una declaración como esta”.
Por ahora, sin perjuicio. Quedó clara la cosa.