El denominado “Plan de Búsqueda” de los detenidos-desaparecidos anunciado por el gobierno no puede ocultar su carácter utilitario e interesado, ambos en el mal sentido de la palabra.
Cuando asumió, el presidente Gabriel Boric informó que su gobierno tenía la intención de lanzar un “plan de búsqueda” de los detenidos desaparecidos. El anuncio fue llamativo, porque parecía sugerir que el mandatario poseía antecedentes nuevos y desconocidos.
La evidencia reunida hasta ahora muestra que los represores, luego de haber asesinado a sus prisioneros no reconocidos, se esmeraron en destruir sus cuerpos y, además, destruir las pruebas y vestigios de esos hechos.
Siguiendo o, quizás, inaugurando, el método empleado por sus colegas argentinos, los esbirros de la dictadura pretendieron ocultar, en muchos casos, los cuerpos martirizados en el fondo del mar. En otros, ante la posibilidad de que se exhumaran tumbas clandestinas, los asesinos volvieron sobre sus propias huellas para borrarlas definitivamente.
En 50 años, prácticamente ninguno de los responsables ha aportado información verídica sobre el paradero final de los detenidos desaparecidos que pudiera servir para recuperar sus restos y sepultarlos dignamente. Las más de las veces, los antecedentes han sido falsos y destinados encubrir los crímenes cometidos.
Una primera versión del “plan de búsqueda” divulgada por el gobierno demostraba que nada distinto se pretendía. Al contrario, el esquema elaborado era una copia calcada, palabra por palabra, de planes idénticos, elaborados con la supervisión de organismos estadounidenses como la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID.
De ese modo, se plantea destinar recursos para la realización estudios de ADN, la elaboración de bases de datos, y se recomienda entrevistar a los familiares de los secuestrados para allegar más información. De manera expresa, se omite la persecución penal de los responsables de esos crímenes y su calificación como actos de terrorismo de Estado.
Con la llegada de Luis Cordero al Ministerio de Justicia, el “plan” sufrió algunas modificaciones. Probablemente consciente de que no se podría cumplir con la expectativa de una “búsqueda” y enterado de que los familiares de los detenidos desparecidos ya han dado su testimonio en innumerables ocasiones, el objetivo principal ahora sería establecer las “trayectorias” de los detenidos desaparecidos, es decir, las etapas del martirio vivido por los prisioneros. También se incluye, en la presentación “corregida”, una referencia general a la necesidad de “justicia”.
No obstante esas variaciones, la idea central que divulga el gobierno es que los detenidos-desaparecidos constituyen una especie de circunstancia trágica y no un hecho deliberado. “¿Te puedes imaginar que un día tu mejor amigo ya no está?”, se preguntan el presidente Boric en su discurso con ocasión de la presentación del “plan” y unos clips que circulan en redes sociales, elaborados por una agencia de publicidad.
Pero no hace falta exigir la imaginación. Basta despojarse, por breve un momento, del eufemismo creado en aquella época del “desaparecido” y comprender que el objetivo de la dictadura fue la de crear un contingente de rehenes, cuya posible sobrevida deliberadamente fue mantenida en una duda macabra durante años. Les correspondió a las madres, a los hijos, a los amigos, a sus compañeros de lucha, llegar a la conclusión de que estaban muertos. No, en cambio, a quienes los habían matado.
De ese modo específico e infame, se pretendió aterrorizar a todo un pueblo y mantener ese terror indefinidamente.
La única respuesta racional y justa a aquel plan, urdido por enemigos de la humanidad, es buscar y castigar a quiénes cometieron esos actos.
La única respuesta digna que corresponde dar los detenidos-desaparecidos no es lamentar su muerte, sino en honrar sus vidas, el luminoso ejemplo de centenares y centenares hombres y mujeres comunes que lucharon y cayeron por felicidad de su pueblo.
Pero esa tarea que le corresponde al propio pueblo; no puede ser dejada los simulacros del Estado.