La diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista, ha vuelto a poner en la agenda un proyecto de ley de su autoría que castiga el “negacionismo”, entendido como el acto cometido por “el que públicamente justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990” o el que “públicamente exprese menosprecio o deshonra contra las víctimas de las violaciones señaladas en el artículo anterior, o enaltezca a los autores de las mismas”.
Si tal ley rigiera, por estos días, la fiscalía debería trabajar horas extra. En redes sociales, al menos, los negacionistas están que arden. Y los dirigentes políticos de la derecha, cada vez que se les pregunta sobre el tema, niegan hasta a su madre.
Y eso que, al parecer, no quisieran realmente hacerlo. Y no por miedo al castigo. La moción de la diputada Hertz no se ha movido ni un milímetro en la cámara desde que la presentó en 2018. En todo caso, su proyecto, les auguraría 61 días en cana y una multa de hasta 40 UTM, o sea, poco más de dos y millones de pesos.
No. Simplemente, no pueden evitarlo. Reconocen que, en términos políticos, es “inoportuno” e “inconveniente”. Pero lo hacen igual.
¿Será que les sirve, pese a todo?
En un acto por el 111º aniversario de la fundación del Partido Obrero Socialista de Recabarren, que el PC -con alguna razón, por cierto, pero también con un pichintún de “negacionismo” con respecto a su historia- toma como propio, se leyó una carta de su presidente, Guillermo Tellier, en que éste condenó el “negacionismo miserable” del consejero constitucional electo Luis Alejandro Silva, del grupo de Kast. Silva había dicho que Pinochet era un “estadista” por el que sentía “un dejo de admiración”.
“Debemos enfrentar con toda la fuerza el negacionismo que ha intentado instalar desde el Partido Republicano”, agregó Teillier en su misiva. No podía saber que esa misma mañana otra dirigente de la derecha, pero no del Partido Republicano, sino la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, se había despachado su propia provocación: las “barbaridades que hizo Allende”, señaló, eran “bastante equiparables” a las de dictadura.
Eso ya es un problema. Responderle al niño virgen republicano es una cosa, enemistarse con sus socios parlamentarios pinochetistas, otra muy distinta. Menos, a pocos días de que el propio presidente de la República instara a la celebración de grandes acuerdos con esos mismos apologistas de la dictadura.
Más aún si, semana por medio, los parlamentarios del PC deben votar, en perfecta armonía con los negacionistas, por métodos dictatoriales de persecución al pueblo mapuche: el estado militar que rige en Wallmapu.
Por eso, el proyecto de ley de la diputada Hertz no parece tener un destino muy auspicioso. El propio encargado de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, nombrado personalmente por el jefe del gobierno, el muy vicioso Patricio Fernández, exculpó a Silva: “Creo que declarar algo así cabe dentro de la libertad de expresión. Es perfectamente posible discutir las razones de por qué se llegó a esa dramática situación”.
Y afirmó que él no era “partidario de una ley que sancione el negacionismo. No me parece que sea el camino. Creo que en la discusión abierta, democrática, esto se resuelve mejor”.
Fernández dejó claro cómo se imagina aquel debate, a propósito de los 50 años. En el diseño del gobierno, la consigna “Nunca más”, que ha acompañado el recuerdo de la dictadura desde siempre, ahora parece inadecuada.
“La frase del ‘Nunca Más’ es una declaración virtuosa, pero no garantiza que no vuelva a suceder. La historia muestra que las fuerzas autoritarias reaparecen. Por eso, la comunidad política debiera comprometerse a cuidar y defender la democracia. Las amenazas pueden venir de distintos lugares o colores políticos”.
¿Se entiende la idea?
Distintos “lugares”. Distintos “colores políticos”. Distintos, por supuesto, de los “lugares” y “colores” del pinochetismo.
Fernández no se limitó a las insinuaciones. Dibujó el contorno del pacto que propone el gobierno a los negacionistas: “la generación joven de la derecha y la de Gabriel Boric no se han hecho daño. No se han matado entre ellos. Por lo tanto, no se tienen que reconciliar. El asunto no es cómo reparo el daño que hice, sino cómo acuerdo con ese otro -habiendo aprendido de los costos que tuvo esa historia- un espacio en que las diferencias sean aceptadas. La democracia es un bien común. Necesitamos acordar que será defendida entre todos. Que no nos vamos a matar, que nunca más se va a torturar o hacer desaparecer personas, sea cual sea el nivel de nuestras diferencias”.
Es bien estrecho este acuerdo. La “generación joven” de la derecha y la de Boric se extienden una garantía mutua de indemnidad para, juntos, “defender la democracia”.
Boric y la derecha. Todos los demás, que se preparen, dice el gobierno,… a ser negados.