Por un momento, todo parecía irse a negro. El proyecto de salario mínimo del gobierno -30 lucas más en mayo o junio, y un monto total de 500 mil en 2024- fue aprobado apenas en las comisiones de Hacienda y Trabajo. La de Economía, de hecho, lo rechazó el martes en la tarde.
¿Qué había pasado? Nada. O, mejor dicho, lo de siempre. Luego de que el gobierno hubiese cerrado un acuerdo a gusto del empresariado y los partidos de la derecha, éstos últimos volvieron a la carga. Querían más. Ya saben que ese método les da excelentes resultados.
El pretexto voceado por RN, en particular, era que había algunas asociaciones de “Pymes” que no habían quedado contentas. Así que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, debió volver a la cocina y ver qué querían esos caballeros. Aunque, seguramente, se lo podía imaginar: plata ¿qué más?
El gobierno ya les había concedido unos subsidios directos para que financiaran con recursos fiscales el alza del salario mínimo. Pero, además, les había dado una jugosa rebaja de impuestos de 25% a 10% para 2023. Harta plata.
Cuando la sesión ya había comenzado en la sala, el gobierno les pasó aun más: para 2024 y 2025, el impuesto de primera categoría baja a 12,5% y después de eso, se verá cómo se sigue.
No fue raro, entonces, que luego de esas concesiones el proyecto se aprobara, en general, con 120 votos a favor, sumando a gran parte de la derecha. En contra, sólo los seguidores de Kast y varios UDI.
El aumento concedido a los trabajadores es risible. Dependiendo de cómo se mida el alza del costo de la vida, lo que parece un aumento, es en realidad una disminución. De hecho, en enero hubo un alza de 10 mil pesos -o sea, de 400 mil a 410 mil. Pero indexado al IPC, o sea en UF, el salario mínimo bajó de 11,96 a 11,67 UF.
Eso, en todo caso, es sólo comparar números. Por alguna extraña razón, a ningún trabajador le pagan en UF. En cambio, un montón de servicios y productos sí los cobran así.
Además, aún si los salarios reales de verdad se ajustaran a inflación, eso ocurre siempre después. O sea, el aumento llega cuando ya se pagaron las alzas.
Y, finalmente, los trabajadores que perciben el salario mínimo no enfrentan el aumento del IPC, sino principalmente, las alzas de los alimentos. Se entiende que, con 400 lucas, no sobra mucha plata para otras cosas. Y los alimentos, como sabemos, han subido más del doble de la inflación oficial.
Pero, aunque parezca increíble, esto no es el fraude. A nadie le van a hacer creer que un salario de hambre, en realidad es un sueldo de gerente. No hay engaño en eso.
Lo que es un megafraude es que el Estado subsidia a los empleadores que pagan los sueldos de hambre, destinando cuantiosos recursos fiscales para, en última instancia, mantener bajos los sueldos para todo el mundo. Así es el mercado.
El Estado va a pagarle a los dueños de empresas que van desde las micro (es decir, menos de 50 millones de pesos de ventas anuales) hasta medianas (o sea, hasta 4 millones de dólares) entre 50 mil y 17.500 pesos cada mes por cada trabajador al que le paguen el salario mínimo.
Haga las cuentas: 440 mil-410 mil=30 lucas. A muchos patrones, entonces, el Estado les paga incluso ¡más del aumento del salario mínimo! Qué bueno ¿no?
Pero dejemos esas sumas menores. Veamos el gran orden de las cosas. Ya vimos que, como si eso fuera poco, el Estado les concede a esas mismas empresas una rebaja de impuestos desde 25% a 10% y 12,5%, respectivamente.
Según los cálculos del ministro Marcel, todo este paquete de plata del Estado para los empresarios explotadores sale 1.000 millones de dólares. Salía, mejor dicho. Porque aproximadamente la mitad correspondía a la rebaja de impuestos sólo de este año. Con los dos años adicionales que le sonsacaron este miércoles al gobierno, el regalo fiscal a los patrones aumentaría a 1.200 millones de dólares. A primera vista, parece que debería ser bastante más, pero está claro que Marcel sacó las cuentas a la rápida.
No importa. Aceptemos la cifra. Y hagamos una comparación.
Si el Estado pagara con un bono directo, en la cuenta Rut de cada trabajador, el equivalente del aumento que él mismo propuso hasta fines de 2025 -30 mil pesos en mayo, 20 mil en septiembre y 40 lucas más en julio de 2024, lo que da, finalmente, los 500 mil- el costo fiscal sería de unos 680 millones de dólares.
En otras palabras, con la ¡la mitad! de lo que el Estado les va a regalar a los empresarios se financia el “salario mínimo a 500 mil pesos”.
Se trata de un robo verdaderamente descomunal.
La idea de los subsidios a los empresarios se impuso durante el gobierno de Piñera, durante el período de la pandemia, pero para nuevas contrataciones. En materia de salario mínimo, ese gobierno hizo en 2021 exactamente lo que nosotros simulamos en nuestro cálculo: un bono estatal que “compensara” que el sueldo mínimo se mantuviera igual. Piñera, siempre bueno para inventar cosas, bautizó ese procedimiento como “ingreso mínimo garantizado”.
La entonces presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, calificó eso de “vergonzoso”: “no es posible”, exclamó, “que seamos una vez más los chilenos y chilenas por la vía de subsidio del Estado los que tengamos que ir a hacer contención para que las empresas puedan avanzar en un salario digno. Eso ya no es presentable en este país”. La idea, suponemos, se entiende, a pesar del excéntrico uso del castellano de la profesora de filosofía y actual embajadora.
Pero estaba equivocada. Sólo era necesario que su partido, llamado “comunista”, llegara al gobierno para que esa práctica, entonces apenas insinuada, se convirtiera en una verdadera política de fomento de la explotación, al incentivar el pago de salarios de hambre, y de saqueo al Estado, al traspasar recursos públicos hacia las ganancias privadas de las empresas.