Con el pretexto de la inmigración, el régimen de Dina Boluarte decretó estado de emergencia y ordenó la militarización de las zonas fronterizas, especialmente en el sur del país, donde se concentra la fuerza del movimiento popular en contra de la dictadura. La decisión -que normalmente sería motivo de preocupación- fue celebrada en Chile. Total, aquí se hace lo mismo, argumentan.
El pretexto de la imposición del control militar en los departamentos Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna es la divulgación de un reportaje periodístico que mostraría a efectivos militares chilenos que guían a migrantes venezolanos a cruzar irregularmente la frontera hacia Perú.
En tanto, decenas de personas procedentes de Chile fueron reprimidas por la policía peruana en la misma línea fronteriza: quedan literalmente atrapados en tierra de nadie.
El sentido de la medida es transparente. El régimen en Lima, que se sostiene sólo por la fuerza, está cruzado por enfrentamientos internos y amenazas de juicios y detenciones por acusaciones de corrupción. El despliegue militar fronterizo, en ese contexto, es un modo de dirigir la presión a un fenómeno externo, pero indefinido.
Lo que sí está definido es la existencia de Estados, reales y concretos, que están al otro lado de los límites territoriales y, ahora, de la inusual movilización militar. A eso, se suma el anuncio de Boluarte de una reforma constitucional para hacer permanente la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas.
La reacción en Chile fue desconcertante.
Lo que normalmente sería motivo de consultas diplomáticas y de una alerta militar (no necesariamente pública) fue respondido con indiferencia. “No nos corresponde opinar”, comunicó el gobierno, y agregó que “cada Estado es soberano del resguardo de sus fronteras”.
Esa aseveración refleja, no sólo un extraño manejo de la gramática castellana, sino que también una idea muy unilateral del concepto de frontera, que alude a la separación de dos entes soberanos.
Es decir, al gobierno no le podría ser indiferente que un país vecino, gobernado por régimen ilegítimo, violento y resistido por la población, acerque sus fuerzas armadas -bajo pretextos espurios, dirigidos oblicuamente en contra de Chile- a los límites de su territorio. Sobre todo, si esa misma frontera es, en la concepción militar prevaleciente, el principal escenario de potenciales conflictos bélicos y de tensiones bilaterales.
En el Congreso, representantes de distintos partidos del régimen estaban fascinados con la decisión de la dictadura peruana.
La senadora de la UDI Luz Ebensperger dijo que se trata de un “gran ejemplo nos acaba de dar Perú, que ha decretado sin más trámites -a un par de días de los incidentes en la frontera- estado de emergencia”. Los supuestos “incidentes”, recordemos, involucran, según las acusaciones del gobierno peruano, a personal militar chileno.
El ex presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Raúl Soto, en tanto, señaló que “lo que está haciendo Perú es legítimo. También lo hizo Chile respecto a la infraestructura crítica llevando a los militares a la Macrozona Norte, y entiendo que Perú ha decido seguir el mismo camino”. Pero agregó que “no podemos tener personas contra su voluntad atascadas en las fronteras debido a la falta de diálogo y la tozudez de Perú respecto a quienes quieren regresar, específicamente, a Venezuela”.
El parlamentario seguramente se le olvidó procesar el hecho de que la existencia de personas “atascadas” en la frontera es una consecuencia directa de la militarización de la frontera. Quizás es mucho pedir.
Pero no debiera ser tan difícil darse cuenta de que el empleo paralelo de militares entraña grandes peligros. Sobre todo, si eso se realiza con fines políticos distintos a los declarados públicamente -disponer a las Fuerzas Armadas en contra de la propia población.
Por las mismas razones, las tratativas del gobierno de Boric con otro país vecino, Bolivia, para devolver a inmigrantes venezolanos y de otros países hacia allá, no se ven especialmente facilitadas por el aumento de las fuerzas militares chilenas apostadas en la frontera común.
Pero los políticos locales tienen razón, en parte. El gobierno sí recurre a muchos de los mismos métodos empleados por la sanguinaria dictadura de Boluarte. Lo que debería ser motivo de vergüenza, sin embargo, es celebrado y el régimen de Lima es objeto de lisonjas y admiración.
Pero ya sería hora de que alguien advirtiera a estos gobernantes desesperados e ineptos que están jugando con fuego.