El plan anunciado por el gobierno consiste en la conformación de una “Empresa Nacional del Litio”, en la apertura de más salares a la explotación “público-privada” del mineral y una oferta de asociación de Codelco con SQM y la estadounidense Albermale para las operaciones en el salar de Atacama, además del establecimiento de normas de protección medioambiental, “social” e “indígena”.

Nada de lo dicho contradice lo planteado en el programa electoral de Apruebo Dignidad, que se remitió a prometer la creación de la mencionada “Empresa Nacional del Litio”.

Nadie podría, en consecuencia, sentirse engañado por estas decisiones.

Tampoco nadie podría reclamar que las medidas retrotraen lo esbozado, por ejemplo, en la convención constitucional.

Al contrario, allí se rechazó, en el último día de sus sesiones, una propuesta de nacionalización de los recursos minerales y se estableció un mecanismo que favorecía la privatización y la explotación extranjera del cobre, del litio y otras materias primas, bajo la condición, por supuesto, “mitigar sus efectos nocivos en los territorios en que esta [la industria minera] se desarrolla”.

Como ese proyecto, muy celebrado por las grandes mineras transnacionales, fue rechazado en el plebiscito de septiembre del año pasado, lo que rige es la constitución de Pinochet que -créalo o no- establece una protección legal menos segura para los capitales foráneos.

La “estrategia nacional del litio” del gobierno busca, justamente, resolver ese problema.

El litio, a diferencia del cobre, fue declarado recurso estratégico que sólo puede ser explotado por el Estado. Es decir, no rige aquí el sistema de concesiones mineras, el subterfugio mediante el cual se privatizó la mayor parte de la gran minería del cobre.

El hecho de que SQM, la empresa del yerno de Pinochet, maneje la mayor parte del negocio del litio se debe a un simple robo: un espurio contrato de “arrendamiento” hasta 2030 en favor de la, durante la dictadura, estatal, Soquimich, cuya privatización se cerró durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle.

Pero este criminal trato es excepcional. No cumpliría con los estándares exigidos actualmente por inversionistas extranjeros y ciertamente infringiría las normas anti-corrupción en sus países de origen.

Así las cosas, la futura explotación de nuevos yacimientos sólo puede realizarse directamente por el Estado.

El plan del gobierno busca levantar esa limitación al capital privado.

La proyectada “Empresa Nacional del Litio” crea el vehículo legal para introducir a las mineras extranjeras en la explotación del litio. Esa “asociación público-privada” no tendrá límites, excepto en los proyectos declarados “estratégicos”, en los que la participación estatal debe ser de al menos el 51%.

Se trata de una empresa de papel. Por algo no se mencionó el dato más importante: cuál sería el capital con que contaría la famosa “Empresa Nacional del Litio”.

La respuesta es obvia. Ni un peso, ni un dólar. Los que ponen el capital son las compañías transnacionales. La “Empresa Nacional del Litio” pone los minerales chilenos.

Esto queda además refrendado en que, al margen de la “Empresa Nacional del Litio”, Codelco buscaría asociarse a SQM en la explotación del salar de Atacama. Codelco, desde luego, sí existe, aunque a mal traer. Esa propuesta de alianza buscaría blindar los intereses de SQM más allá de 2030, cuando vence el famoso “contrato de arrendamiento”, pero en que la compañía de Ponce Lerou tiene una opción preferente para renovarlo unilateralmente.

En su discurso, el presidente Boric comparó su “estrategia” con la llamada “chilenización del cobre” de Frei Montalva y la nacionalización, decidida durante el gobierno de la Unidad Popular, “con apoyo unánime del Congreso” -es decir, con el respaldo de la DC y la derecha- como se apuró en agregar.

Esa afirmación es pueril. La llamada “chilenización” de Frei fue la estratagema para indemnizar a las compañías cupríferas estadounidenses que, a fines de los años ’60, habían reducido al mínimo sus operaciones en Chile. La nacionalización, en tanto, fue el esfuerzo de volver a echar andar esas minas.

En este caso también se usan estratagemas. Pero está más que claro que todo este plan constituye un atentado directo y desembozado a los intereses nacionales. Es la venta de Chile al mejor postor. Y lo que parece una maniobra para ocultar el verdadero sentido del saqueo de los recursos naturales es, en realidad, el método para logar ese sucio objetivo vendepatria.