La muerte de David Toro en Llolleo, en la comuna de San Antonio, coincidió con la borrachera de los partidos del régimen por la aprobación de la llamada “ley Naín-Retamal”. Fue presentado, de manera histérica, por los medios de comunicación como la comprobación empírica de la necesidad de esa “herramienta”.

La versión oficial, ratificada en la mañana siguiente por el fiscal a cargo, es que David habría atropellado a un funcionario policial cuando intentó evitar un control. “A raíz de eso”, sigue ese relato, otro carabinero abrió fuego con un subfusil y lo mató.

Las imágenes que pronto circularon mostraron una multitud de carabineros que habían acudido al lugar. Dos de ellos llevaban a cuestas a quien, cabe suponer, era el agente atropellado. Otro carabinero, fuera de sí, corría y saltaba como enajenado, subiéndose sobre el capó de un vehículo policial, mientras dos personas detenidas eran introducidas a una patrulla.

El gobierno se apuró en declarar que el responsable de los disparos estaba “amparado” por la “ley Naín Retamal”, es decir, que gozaría de impunidad. Sin embargo, pronto se conocerían los verdaderos hechos.

David Toro recibió siete disparos, varios de ellos en la cara. En otras palabras, quien lo mató estuvo de frente. Su cuerpo, sin embargo, yacía fuera del vehículo que manejaba y en la parte trasera, lo que contradice la versión de que iba manejando. Y aun en el supuesto de que los propios carabineros los hubiesen bajado del auto cuando ya estaba muerto, no resulta verosímil que hayan trasladado el cuerpo varios metros hasta dejarlo en el pavimento bajo la maleta del auto.

El vespertino “La Segunda” informó que el Servicio Médico Legal de Valparaíso decidió aplicar el llamado protocolo de Minnesota, un manual de procedimientos elaborado por Naciones Unidas sobre la “prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.

El fiscal que investiga los hechos también comenzó a mostrarse más cuidadoso y dijo que estaba a la espera de los informes de la PDI, especialmente los peritajes balísticos y los resultados “de la alcoholemia” (¿de quién?), e informó que el policía que realizó los disparos tiene la calidad de imputado.

La misma nota de “La Segunda” consigna que, ante las consultas de la prensa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no quiso referirse a la situación. Posiblemente, su inacción y silencio esté en concordancia con una reciente declaración pública “en apoyo a Carabineros”. Pero la verdad siempre aparece. Y los responsables, aunque se sientan protegidos ahora, siempre deberán rendir cuentas. Y en este caso, esos responsables son muchas más que un solo paco asesino.