Un “arengazo” -nos informa el órgano oficioso de La Moneda, el diario “La Tercera”, en un tono futbolero- realizó el presidente Boric a un grupo de 300 carabineros en lo que se ha convertido el centro de operaciones de las fuerzas represivas de Carabineros, la Escuela de Suboficiales.

Probablemente, se refieren lo que normalmente se llama arenga, en este caso, del presidente de la República dirigida a los efectivos de Carabineros de Chile que saldrían a atacar las manifestaciones con ocasión del Día del Joven Combatiente, una fecha que recuerda el asesinato vil de varios jóvenes chilenos en manos de… Carabineros de Chile, y que coincide con el secuestro y homicidio animal de tres profesionales comunistas perpetrado por… Carabineros de Chile.  

Una ocasión perfecta, entonces, debe haber pensado el mandatario, para declarar que los agentes “contaban con ‘todo el respaldo’ del Ejecutivo”, según la crónica de “La Tercera”, para lo que se aprestaban a hacer.

Esa arenga -o sea, “un discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes”, según la RAE -un “arengazo” ha de significar lo mismo, pero en mayor medida- incluyó también el recordatorio de que “ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza”.

Así, adecuadamente enardecidos, los carabineros sabrían qué hacer. Tenían el “respaldo” y se les confirmó que ellos, y nadie más que ellos, tenían el “uso legítimo de la fuerza”.

Este “arengazo” recuerda a un pronunciamiento similar, aunque fue por escrito. Fue realizado hace exactamente 80 años por Hermann Göring, entonces el segundo hombre del partido nazi alemán.

En febrero de 1933 -Hitler aún no había asumido el gobierno- el canciller Franz von Papen decretó la destitución del gobierno socialdemócrata de Prusia, el mayor de los estados federados de Alemania. Nombró a Göring como interventor. El jerarca nazi, de manera inmediata, emitió su propio decreto dirigido a la policía, muy identificada entonces con el Partido Socialdemócrata.

En su “disposición circular”, Göring ordenó a la policía prusiana a reprimir con “el máximo rigor los actos terroristas y asaltos comunistas y, de ser necesario, usar sin miramientos sus armas de fuego”. Y agregó: “los funcionarios de la policía que, en el cumplimiento de sus deberes, usen sus armas, serán respaldados por mí, sin consideración de las consecuencias; quienes, al contrario, fallen en eso, debido a falsas consideraciones, deberán aguardar consecuencias administrativas”.

No se preocupe, agudo lector, sabia lectora, no estamos equiparando a Boric con Göring. Eso sería ir demasiado lejos. Lo que sí estamos comparando es cómo surgen los llamados Estados policiales.

El término es un poco raro, porque todo Estado (así, con mayúscula) es un Estado policial.

En el caso del Estado burgués democrático, el “uso legítimo de la fuerza” corresponde a los órganos que ese mismo Estado designa.

Eso significa que no puede ir usted, arrebatado lector, valiente lectora, a -digamos, es sólo un ejemplo- a alguna de las casas narcos de la población Rosita Renard, ubicadas a sólo dos cuadras -qué raro que no se hayan dado cuenta- de la Escuela Suboficiales de Carabineros, y, con la nueve, coser a tiros a esos carajos o, con la retro que maneja su primo Raúl, y que se la llevó prestada para la ocasión, echar abajo los inmuebles en cuestión.

No. Usted no puede hacer eso. O sea, puede, pero está prohibido.

Sólo quienes “tienen el uso legítimo de la fuerza” podrían hacerlo, es decir, los pacos, los órganos del Estado designado por el mismo Estado para ese tipo de tareas.

Pero aquí viene el punto. En el Estado democrático burgués, la policía sólo puede hacerlo en representación o como parte de todo ese Estado, cuyas autoridades son generadas democráticamente y que deben sujetarse a la ley.

En otras palabras, en realidad, los pacos tampoco pueden hacer eso.

Lo pueden hacer si, y sólo si, todo el Estado legítimamente lo decide, es decir, siguiendo un esquema preestablecido y legítimo, o sea, una ley. A partir de eso, debe haber, por ejemplo, una investigación legítima de la fiscalía; una orden legítima, emitida por un juez, que de manera precisa y delimitada dice qué se debe hacer y qué no; y, al final de todo un largo recorrido del Estado, una actuación legítima de la policía, por ejemplo, que proteja a los vecinos, que no tienen nada que ver, etc. etc.    

A la clase dominante de chupasangres y explotadores les tomó, literalmente, siglos llegar a este complicado sistema, el Estado democrático burgués.

El Estado policial surge cuando, por alguna razón, esa fabulosa idea queda suspendida y, un representante del Estado, el gobierno, y les dice a los policías que les da “todo su respaldo” y que ellos “tienen el uso legítimo de la fuerza”, no como parte del Estado, no al final de un proceso, no como su representación, sino por sí y ante sí.

Lo interesante de esto es que los policías, al igual que los ciudadanos, no se sienten muy cómodos en los Estados policiales. Por eso necesitan ese constante respaldo.

Es cosa de ver: incluso Göring, que muy sutil no era, se preocupó de dejar por escrito su “respaldo” a los policías prusianos que, se suponía entonces, eran muy quisquillosos con el cumplimiento de la ley y comprometidos con la democracia. Al final, el decreto de Göring fue su suficiente para que empezaran a asesinar y meter gente a los campos de concentración.

El actual gobierno, a diferencia de los nazis de antaño, carece de propósitos y objetivos. Todo lo que hace, se debe a la presión de las circunstancias. Siempre es, casi, llevado por el viento o se asemeja a lo que la ola botó.

Por eso, nuestro naciente estado policial es tan… histérico.

Es producto del pánico de un régimen ante el futuro.

Las leyes represivas que buscan legitimar lo ilegítimo no pueden aprobarlas normalmente. No, tiene que ser escándalo.

Los parlamentarios tienen que abandonar sus vacaciones, perdón, “semanas distritales”, y en dos días, a punta Red Bull y las otras cosas que toman, votar proyectos que ni han leído ni entienden, excepto en su punto esencial: ustedes, los paquitos, tienen “el respaldo”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aventuró que cuando “un delincuente arranca, hay que dispararle”. Tienen el respaldo, le falto agregar.

Pero, en su pánico, lo malogra todo. Porque, a diferencia de Göring, ella sí tiene consideraciones: “no a matar”, aclara. ¿En qué quedamos, ministra?

Los diputados de la izquierda están a favor de los asesinatos policiales legalizados. Todo el respaldo. Pero cuando hay que votar les baja el pánico. ¡Ay, no! “Hay que mejorar la ley” -aquella que permite que los pacos maten sin consecuencias y sin consideraciones- dice un parlamentario comunista.

La “mejora”, consiste, entre paréntesis, en que la impunidad se extienda también a los militares bajo los estados de excepción. En el Senado se va a arreglar el asunto.

Ya lo dijimos. Cuando un régimen fija toda su suerte, todo su futuro en los pacos, es que ya no le queda nada. Su Estado policial, armado a toda máquina, no resistirá la primera tormenta.