A último momento, presionado por las manifestaciones populares y ante el riesgo de una derrota política, el presidente francés Emanuel Macron apostó todo por el todo y decidió aprobar el aumento de la edad de jubilación sin un voto parlamentario. Lanzó su desafío contra el pueblo movilizado, que ahora no tiene otra opción sino intensificar su lucha.
Este jueves era el gran día en la Asamblea Nacional. El Senado, como esperado, había aprobado la repudiada reforma de pensiones con facilidad. La sesión cámara baja, sin embargo, se preveía tumultuosa. Los diputados congregados en el Palacio de Borbón, la sede legislativa, contaban y recontaban los votos. Que sí, que no. ¿El plan del gobierno lograría la mayoría? Nadie sabía.
A sólo 400 metros de distancia, al otro lado del río Sena, en la Plaza de la Concordia, que abre la avenida de los Campos Elíseos, en cambio, no había duda alguna. Hay que luchar, hay que intensificar la huelga general.
La policía había cerrado el acceso al puente de la Concordia para que la muchedumbre no se acercara al palacio. Desde el otro lado, en esa plaza que en algún momento se llamó “de la revolución”, se levantaban las banderas y pancartas y tronaban los gritos: “ça va péter!”- “¡esto va a estallar!”
En la asamblea legislativa, en tanto, la sesión se demora. El gobierno pide una suspensión para realizar un consejo de ministros de emergencia. A las tres de la tarde, finalmente, aparece, pálida, la primera ministra, Élisabeth Borne, en el hemiciclo. Inmediatamente le dan la palabra, en medio de las protestas de una parte de los diputados, que ahogan su discurso con La Marsellesa: “Aux armes, citoyens!” – “¡a las armas, ciudadanos!”. A los parlamentarios de izquierda se suman varios legisladores del centro, son los votos que le faltan a Macron.
Borne no pierde el tiempo. “Con base al artículo 49 inciso tercero, comprometo la responsabilidad del gobierno”, declara. Los diputados saben lo que eso significa. El “49.3”, como le llaman, es una disposición que permite al Ejecutivo aprobar por decreto una legislación, a menos que la oposición presente una moción de censura en contra del gobierno.
De ese modo, en el cálculo de Macron, los diputados disidentes del centro y de la derecha disidentes abandonarán las objeciones a su plan previsional. Pues, de aprobarse la moción de censura, caería el gobierno encabezado por Borne, pero también se disuelve la asamblea nacional, es decir, los legisladores pierden sus empleos.
Al conocerse la noticia en Plaza de Concordia, la indignación es general. “Una medida antidemocrática”, exclaman los dirigentes sindicales. “Un golpe de Estado”, dice la gente.
Rápidamente, estallan las protestas en todo el país. Lyon, Grenoble, Amiens, Rennes Marsella… Los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas especiales de la policía y atacaron sucursales bancarias y oficinas de grandes empresas.
Los gritos ya tenían otro tono: “¡Élisabeth, no vas a renunciar! ¡Te vamos a echar!”; “¡se van a tener que comer su reforma!” y “tout cramer!” – “¡a quemar todo!”
La intersindical que reúne a los principales gremios del país, convocó a nuevas manifestaciones para este fin de semana y a nueva jornada de huelga general para el próximo jueves, 23 de marzo.
De manera preventiva, la jefa de la bancada oficialista requirió “solemnemente” a los servicios de seguridad del Estado aumentar protección de los diputados adictos al gobierno ante el riesgo de sufrir “represalias”.
Macron, que justificó su decisión de pasar su plan previsional por decreto, con el “riesgo financiero y económico”, un ataque especulativo sobre la deuda francesa, enfrentará ahora, al menos, tres mociones de censura en contra de su gobierno y de la primera ministro Borne.
Pero, sobre todo, deberá esperar la respuesta del pueblo a su declaración de guerra.