Presionados por la derecha, las autoridades de gobierno buscan desesperadamente gestos, medidas, algo, lo que sea, que permita aplacar los embates opositores.
¿El asesinato de Mónica Briones, símbolo del movimiento lésbico, coincide con el espurio “Día de la Bandera”, inventado por Pinochet a contrapelo de la verdadera historia de nuestro pabellón patrio? Ay, perdón, perdón. No se diga más: ¡cambiamos la fecha de la visibilidad lésbica! Total ¿a quién le importa eso del +BLTQ…X… o como sea que se diga esa cosa?
¿La derecha agita con los inmigrantes? Listo, lo arreglamos. ¡Los seres humanos sí son ilegales! Obvio. ¡Los echamos cascando! ¡Gente mala! Siempre lo dijimos.
20.000 personas están listas para ser expulsadas administrativamente, informó la ministra del Interior. Pero, agrega -con sus habituales énfasis- ¡no podemos! Los venezolanos ¡no colaboran! Y los bolivianos, cuando detenemos a personas en la frontera ¡no los quieren recibir de vuelta!
Convengamos que se trata de un problema complicado. Apenas ayer, cuando el gobierno intentó ver cómo se puede negociar con los grandes gremios empresariales una nueva reforma tributaria, los grupos económicos le recordaron que necesitan esa mano de obra barata, mientras más miserable, mejor.
Entonces, no se trata de detener de verdad la inmigración. Sólo se requiere de un gesto ¿se entiende? Para salvar la situación, para llegar a fin de mes. Nada más.
Y, al parecer, es cierto: ni en Bolivia, desde donde muchas personas provenientes de Venezuela y Colombia cruzan la frontera luego de haber recorrido todo el continente, ni en la propia Venezuela, están muy dispuestos a ayudar al gobierno chileno en su afán.
Y tienen sus razones. Las autoridades venezolanas, que han creado un programa para facilitar el regreso de sus ciudadanos al país, se encontraron que la contraparte local no les ayudó en lo más mínimo cuando a fines del año pasado tramitaron pasaportes nuevos para sus nacionales. Tuvo que aparecer el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para prestarles unas instalaciones municipales.
Y en el caso de Bolivia, las relaciones bilaterales siguen tan congeladas como lo están desde el fin de la dictadura de Jeanine Áñez. Así es difícil conversar cómo podría resolverse el problema de los extranjeros en la frontera común.
El presidente Boric, de visita en Colchane, acusó a ambos países -los mismos cuya colaboración y bueno disposición necesita- de entorpecer las expulsiones. Bolivia “hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera”, señaló, y con Venezuela “cada una de las expulsiones cuesta 2,7 millones de pesos, pero esto no es solamente un problema de recursos, es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo, en Venezuela”.
Lo de los 2,7 millones de pesos convendría revisarlo, porque parece que alguien está robando ahí.
Pero Boric no parece entender que ni Bolivia ni Venezuela tienen obligación alguna para facilitarle las cosas. Podrían hacerlo, desde luego, pero eso requiere del ejercicio de una disciplina llamada diplomacia.
Y en esa materia, este gobierno está especialmente débil. Boric echó a la canciller Urrejola, a regañadientes, porque ella entendía la diplomacia exactamente del mismo modo que él: la aplicación rígida de las orientaciones políticas de Estados Unidos.
Y esas dicen, entre otras cosas, que, en particular Bolivia y Venezuela, son países a los que hay que hacerles la ley del hielo. Y eso es lo que ha practicado el gobierno, sólo para darse cuenta ahora, un año después, que eso puede tener ciertas, pues, desventajas.
Boric declaró que tiene “una labor diplomática intensa, tanto con Bolivia como con Venezuela, para que reciban a los ciudadanos que sean deportados”.
Parece que su idea de “intensidad” es algo especial, porque a las pocas horas el canciller venezolano, Yvan Gil, respondió que “el gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos. La coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas”.
Así como Boric entiende “intenso” a su manera, su noción de “trabajo diplomático” también es bien peculiar. Si de verdad le interesara acelerar la expulsión de venezolanos de Chile y favorecer el regreso de quienes ingresaron al país de manera irregular, sabría que la condición previa para ello sería normalizar las relaciones diplomáticas con Caracas.
Porque, quizás no lo sepa, éstas se encuentran en la misma condición de cuando, bajo el gobierno de Piñera, se levantó la ficción del “gobierno interino” de Juan Guaidó. Si hasta el propio Guaidó y sus patrocinantes en Washington han decidido tirar la toalla con ese cuento ¿por qué Boric no reconoce, hasta hoy, al gobierno real de Venezuela, el mismo con el que pretende hacer tratos?
Algo análogo ocurre con Bolivia. Bajo Piñera, la dictadura de Áñez tuvo un apoyo irrestricto en Chile. El regreso a la democracia y la elección del gobierno de Luis Arce como presidente llevaron a la ruptura de todo diálogo significativo con La Paz. El gobierno de Boric no ha hecho nada para cambiar esa situación, pero se queja de que no le dan una manito.
Sería hora de que se enteraran en La Moneda y en el antiguo Hotel Carrera, la sede de la cancillería: a los países que voluntariamente adoptan la sumisión, nadie los respeta.
Por lo pronto, nadie los pesca cuando lloran y se quejan.