Es, acaso, el signo característico de la crisis chilena: su infinita, interminable, inconmensurable mediocridad.
Es cosa de ver el episodio del jefe de Carabineros. El general Ricardo Yáñez planteó que, si el Congreso Nacional no aprobaba leyes que le garantizaran impunidad en la acción de sus funcionarios -que no vayan a ser “cuestionados” por la justicia “ni por nadie”-, no podía haber “un país seguro”.
Frente a este acto de desobediencia y deliberación, lo que hubiese correspondido es que el gobierno destituyera al general director de Carabineros, quien además es investigado por sus responsabilidades en gravísimos crímenes cometidos bajo sus órdenes.
El gobierno no tiene por qué tenerle especial antipatía al general para proceder de ese modo. De hecho, no la tiene, en virtud de un pacto espurio celebrado antes de que asumiera la actual administración, en que se les prometió impunidad por los asesinatos, torturas, y otros delitos cometidos sistemáticamente por Carabineros en la represión del levantamiento popular de 2019.
No.
Debe hacerlo por varias razones fundamentales.
Una es legal. Lo que hizo Yáñez está prohibido en la constitución.
La otra es política, en un sentido mayor. Un gobierno que se abstiene de actuar ante un desafío semejante pierde poder. Por ejemplo, el poder de ejecutar sus decisiones cuando sí lo considere necesario.
Y la tercera razón también es política, pero en una acepción menor. El que le deja pasar a Yáñez sus amenazas, queda inextricablemente ligado, comprometido, manchado, con cualquier cosa ilegal que el mando policial realice. Y como esas cosas son numerosas y, más aún, constituyen la base misma de la conducta de esa institución corrupta. No parece conveniente.
Pero inmediatamente quedó claro que el que manda en esta relación es Yáñez y no el Ejecutivo.
La vocera del gobierno, Camila Vallejo, quien pertenece al Partido Comunista de Chile, intentó defenderse de las imputaciones maliciosas del general. Dijo que el obstáculo radicaba en la falta de recursos fiscales para otorgar más “herramientas” a Carabineros debido al rechazo de la reforma tributaria.
La ministra del Interior citó a Yáñez a una reunión, dando a entender que en, esa entrevista, sería reconvenido verbal y privadamente. Sin embargo, ya en la noche anterior, el propio presidente de la República había fijado la pauta. “Carabineros tiene que saber que cuenta con todo nuestro respaldo político del Gobierno para ejercer la ley”.
Carolina Tohá, por su parte, indicó que en el encuentro buscó “despejar toda duda respecto al apoyo que tiene el Gobierno en relación a las actuaciones policiales que se hacen dentro del mandato legal de Carabineros”. Agregó, lo que debe interpretarse como una crítica Yáñez, que “cuando hay inquietudes, opiniones que Carabineros quiere generar, hay todos los espacios para hacerlo. Hay canales para eso o hay espacios técnicos para hacerlo y hay que evitar que eso se confunda con el debate político. Eso es lo sano en una democracia”.
La verdad es que lo “sano en una democracia”, al menos así se entendía hasta ahora, era la subordinación de la policía a las autoridades civiles y el repudio de amenazas y la sanción de infracciones a la constitución y ley. Pero, cabe deducir, este gobierno liberal sigue una doctrina distinta en estas materias democráticas.
¿Y cómo reaccionó Yáñez en este momento de triunfo, de vindicación, de literal empoderamiento?
Igual que sus socios. Gallina, pues.
Que no nos quedemos en la forma, sino que vayamos al fondo, que, en realidad, le estaba hablando a los carabineros y no al gobierno, que lo único que hizo fue transmitir lo que le señaló la viuda de un carabinero que murió atropellado por un conductor ebrio en Concepción.
Señores, así no se puede.
Ya sabemos cómo son. Pero esfuércense un poquito más.