“Ruido de sables” es una expresión tomada del inglés y se refiere a alguna muestra de amenaza militar sobre las autoridades civiles.
En Chile, su uso fue, en su momento, muy popular y nada figurado. Se refirió a un grupo de militares que asistió a una sesión del Congreso en 1924, en que los honorables querían aumentarse su dieta. Los uniformados, alineados con el gobierno de Alessandri, hicieron ver su descontento con la agenda legislativa, arrastrando los sables contra el piso. De ahí el ruido, sin duda, molesto.
La manifestación tuvo efecto: en la siguiente sesión se aprobaron varias de las llamadas “leyes sociales”, como la jornada de ocho horas y la ley mediante la cual el gobierno quiso hacerse del control de los sindicatos.
No fue ni la primera ni la última vez en que las Fuerzas Armadas se manifestaron políticamente, eso es muy sabido. Y ese tipo de gestos o pronunciamientos incluyen, desde luego, a Carabineros. Todo gobierno, sin excepción, ha vivido algún episodio; comúnmente, el de huelga policial no declarada, en que los pacos se demoran más de los normal en salir o, derechamente, se quedan encerrados en sus cuarteles, mientras en las calles está quedando la escoba.
Un poco menos frecuente, aunque también ocurre, es que el general director en persona se lanza a hacer exigencias y demandas. La razón es obvia: no necesita hacerlo públicamente, puede plantear lo que quiere directamente al gobierno, en privado.
Por eso, cuando sí lo hacen para que todos se enteren, siempre es un problema. ¿Para qué? ¿Por qué ahora? ¿Cómo deben responder las autoridades civiles a lo que, por definición, es una insubordinación y una vulneración de los deberes legales del jefe policial?
Un gobierno que se precie a sí mismo, a la vuelta de correo, lo manda a retiro al general.
Es una cuestión de principios.
Ricardo Yáñez, el general director de Carabineros, al parecer cree que eso no va a ser el caso con las actuales autoridades.
Y, por eso, se despachó de lo lindo. “¡Ya basta!”, exclamó. “Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz”, continuó, “entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto, porque las normativas, porque las leyes entreguen las herramientas suficientes para que Carabineros salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer, no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades, ni por nadie”.
Que no sean “cuestionados por nadie” cuando “salen a trabajar”, significa que Yáñez considera que su institución ha de poder actuar con poderes dictatoriales, al margen de las leyes, y quiere que eso sea validado por el Congreso.
Con eso, Yáñez confiesa, de paso, que los proyectos de ley actualmente en tramitación y que forman parte de la “agenda de seguridad” del gobierno tienen exactamente ese propósito: impunidad absoluta.
La respuesta oficial del gobierno a este pronunciamiento policial,en boca de la vocera, Camila Vallejo, es que las exigencias de Yáñez recaen sobre el Congreso -es decir, no van dirigidas al gobierno- y que la fallida reforma tributaria buscaba, justamente, otorgarles más recursos a Carabineros.
Después se supo que la ministra del Interior, Carolina Tohá, “citó” a Yáñez a una reunión a primera hora del martes. Según hicieron trascender a la prensa, habría “molestia” con Yáñez, ya que “sus palabras fueron dirigidas a dos instituciones que gozan de independencia, como es el caso del Congreso; [debe ser: “,”] y de autonomía, el [debe decir: “en el del”] Ministerio Público [aquí va el punto y coma: “;”] lo que cayó muy mal en La Moneda, según reconocen”, de acuerdo con la inigualable prosa y excéntrica puntuación de exante.cl.
Si el problema es ese, el gobierno demostraría una vez más que sus credenciales democráticas, su apego al Estado de Derecho, su defensa del orden constitucional y, por último, su propio sentido de autoridad, está condicionado por su dependencia al potencial represivo de la policía.
No es “molestia” ante el exceso verbal lo que debe manifestarse, sino el hecho de que el gobierno no se somete o, más preciso, actúa con complicidad con amenazas y discursos sediciosos, y hace cumplir la ley. Es su obligación, molesto o no.
Cuando mañana Yáñez emerja de su reunión con Tohá y la versión oficial señale que se “pidieron explicaciones” y se le “exigió prudencia” en sus declaraciones, ello será prueba patente de la complicidad, de la responsabilidad, del gobierno con una política de represión ilegal e inconstitucional. Lo que significaría es que, simplemente, Yáñez debe ser más cuidadoso en su ejecución.
La gravedad y las consecuencias de ese proceder no pueden ser ocultadas.