En un intento de dar impunidad a los crímenes cometidos contra el pueblo peruano tras la insurrección popular iniciada en diciembre de 2022 contra el Congreso y la golpista Dina Boluarte, la interina anunció que se entregarán 50 mil soles (unos 10 millones de pesos) a cada deudo de las víctimas de la represión y 25 mil a los heridos. Y cómo no, también a los policías.
El decreto que hace efectiva la reparación deja claramente establecida que ésta se entregará por una única vez y su entrega «no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales».
No faltaba más. El Estado reconoce la calidad de víctimas a los familiares de los asesinados por el ejército y las policías, pero ni hablar de justicia y castigo a los culpables. Para eso están las chauchas.
Y en el guión de lo aprendido por los represores durante la última década de levantamientos populares en América Latina, Boluarte ingresó hoy al Congreso una iniciativa legal para endurecer las penas para las acciones cometidas por los manifestantes en contextos de “crisis política”. Algo así como hizo Boric y compañía en el contexto del levantamiento popular de octubre de 2019 en lo que conocimos como la ley anti barricadas.
“La presente ley tiene por objeto (…) establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia”, se lee en la propuesta.
Andaría de mal humor la señora. No le habrá sentado bien que en momentos en que se anunciaba las chauchas para tapar sus crímenes y asegurar impunidad a la represión, la Fiscalía Nacional informará que está avanzando la investigación para establecer las responsabilidades que le caben en el asesinato de movilizados en estos meses de insurrección. Son 60 asesinatos y cerca de 1.000 heridos.
La investigación se inició el 10 de enero. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, dispuso abrirla contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.
Saben bien que la tortilla se de vuelta es cosa de tiempo y cada uno mata su toro y se cubre las espaldas. No hay perdón ni olvido de los crímenes contra el pueblo. La memoria es larga y obstinada.
Manotazos de ahogado. Acciones inútiles para detener lo inevitable: la creciente e irreversible decisión del pueblo para transformarlo todo, porque en ello, solo en ello, en esa transformación está la posibilidad de su supervivencia.