Sin pausa, en los medios comunicación; de manera frenética, en las redes sociales. Los incendios están en todas las pantallas. Y en ellas se plantean las más distintas ideas de por qué ocurren.
Las tesis discurren entre la imprevisión del gobierno o la insuficiencia de recursos del Estado, el cambio climático o el hecho de que las lluvias del invierno hicieron crecer el pasto.
Pero hay un factor que no se señala, casi como si estuviera prohibido mentarlo: los incendios forestales ocurren porque hay plantaciones forestales artificiales.
La industria forestal ha sido uno de los los negocios más lucrativos para el capital en Chile.
Ha mantenido sus ganancias millonarias por más de 45 años, gracias a las prerrogativas y beneficios, otorgados, primero, por la dictadura, y luego, por la seguidilla de gobiernos de la Concertación, la derecha y el actual. Un ejemplo del lucro y de la complicidad del régimen con el empresariado, es una muestra de la unidad de propósitos entre los ricos y sus empleados en el gobierno y el parlamento.
El negocio forestal fue armado gracias a la toma por asalto, robo y represión. En 1974, con la dictación del Decreto Ley 701 se otorgó, a costo fiscal, una bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus. Ese beneficio fue hábilmente aprovechado por dos grandes empresas: Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, del Grupo Matte, y el Grupo Arauco, en manos de los Angelini.
Este saqueo fue impulsado por el entonces ministro de Economía de la dictadura, Fernando Léniz e implementado por el director de Corfo de la época, Julio Ponce Lerou, actualmente conocido por sus negocios mineros y su condición de exyerno del dictador. La actual ministra del Interior sabe de lo que hablamos. Carolina Montserrat Tohá Morales, era presidenta del ppd cuando una investigación descubrió que este partido era financiado por Soquimich, cuyo dueño es, adivinen quién… Ponce Lerou. Ese partido recibió recursos de dicha empresa, vale decir plata bañada con sangre de compatriotas que lucharon contra la dictadura.
El famoso decreto ha sufrido algunos retoques, pero en lo sustancial se mantiene inalterado.
Favorecidos con esos subsidios, las empresas forestales, apoyadas por la dictadura militar, tomaron las tierras indígenas para desarrollar plantaciones en cualquier lugar.
Por eso, hoy no existe una planificación ni un ordenamiento territorial que permita establecer dónde va a estar el bosque nativo, las plantaciones, los cursos de agua y las casas de la gente.
Una y otra vez se han renovado, ampliado y mejorado las condiciones y legislación para plantar, cosechar y acumular sendas ganancias en desmedro de los pequeños productores y, especialmente, del campesinado diezmado por el empobrecimiento sostenido, en la misma proporción en que avanzan los mal llamados bosques de pino y eucaliptus.
Donde antes había napas y vertientes naturales de aguas, tierras agrícolas, una rica biodiversidad, se ha ido transformado en suelo erosionado, sin flora ni fauna silvestre.
Las plantaciones de pinos y eucaliptos, las plantas de celulosa y toda la infraestructura vial y portuaria a su servicio son elementos que, a la vez de constituir el engranaje de un sustancioso y exclusivo negocio, representa el saqueo de los territorios que ocupan y el empobrecimiento de sus habitantes. Donde hay bosques, las comunidades son más pobres.
Lo mismo ocurre con las condiciones laborales de los trabajadores forestales, en especial, las tareas de siembra y cosecha. Trabajan en condiciones deplorables, sin horarios fijos, subcontratados y con los sueldos más bajos de la cadena productiva forestal.
La preocupación exclusiva por el lucro de los empresarios y la ineptitud del gobierno servil a sus intereses queda demostrada cuando los incendios alcanzan la población, afectando con la contaminación del aire la salud de centros poblacionales completos.
No existe hasta hoy regulación en la distancia entre los predios y las viviendas, los cortafuegos son de extensiones ridículas.
Por otro lado, llama la atención de la actitud contemplativa que presentan las forestales frente al incendio de sus predios. Prefieren recibir cuantiosas sumas de dinero por concepto de pago de seguros que impedir el avance de las llamas hasta los centros urbanos, con el daño medioambiental ya hecho. Cabe decir que el seguro para las forestales se cobra una vez que el 25 % del predio ha sido dañado. No obstante, esto los seguros no cubren las casas quemadas de los pobladores afectados.
La dignidad esta siempre del lado de los que trabajan y en las poblaciones. Está en las cumbres y pendientes de los cerros incendiados, está en los trabajadores que, extenuados y con equipos deficientes, tratan de mermar las llamas. Está en los voluntarios que trabajan sin otro interés que el cuidado de la vida y la naturaleza. Está en la población movilizada y en alerta, acopiando alimentos, agua e implementos para combatir el fuego.
Otra muestra de que el régimen actual, el gobierno y empresarios son una sola cosa. Un orden donde no cabe la preocupación por la población, por su salud, su seguridad, su trabajo, su futuro. Los propios trabajadores deben ocupar ese rol.
A recuperar los recursos naturales para el pueblo.
A parar el negocio de las forestales a costa de la salud de nuestras familias y la naturaleza.
Si algo debe arder y extinguirse es el lucro y los intereses de empresarios y gobiernos serviles.
A cambiarlo todo