“Puno no es el Perú”. La jefa del gobierno golpista quiso justificar sus acciones en una conferencia ante corresponsales de prensa extranjeros. Sin embargo, la comparecencia de Dina Boluarte sólo develó la guerra que el régimen ha declarado en contra del pueblo peruano.
El departamento de Puno, ubicado en sureste del país, es, en efecto, uno de los centros del enorme levantamiento popular en contra de un régimen que los peruanos históricamente asocian a la oligarquía limeña.
Y la lucha que ha emprendido el pueblo se ha convertido en un enfrentamiento que no tiene visos de una solución rápida, ni de la tregua que pide el golpismo.
En el sur del país, se mantienen los bloqueos, pese al estado de excepción y los ataques militares y de las fuerzas de seguridad en más de 80 puntos. El gobierno ordenó “liberar” todas las vías tomadas. Pretende lograrlo con un despliegue de efectivos del ejército y de la Policía Nacional hacia las provincias del sur.
En la capital, diariamente, marchas recorren las avenidas y calles de Lima, enfrentándose a una represión policial incesante, pero que no ha podido frenar el ímpetu de las movilizaciones. Según informes, en sólo 10 días, la policía ha empleado 9 toneladas de bombas lacrimógenas, procedentes desde Brasil.
El régimen no ve otra salida que la represión y la matanza, además de la propaganda que adjudica las protestas a Sendero Luminoso, el MRTA o emisarios bolivianos que trasladarían armas en balsas de totora por el Lago Titicaca. La falta de perspectivas hace ver fantasmas a los jefes políticos en Lima.
En medio del asedio, el Congreso debate el anunciado adelanto de las elecciones que buscaría legitimar por, al menos, un año, al actual gobierno golpista, al fijar comicios anticipados para fines de 2023.
La medida refleja la creciente preocupación de Washington, que ha presionado por algún tipo de concesión y ha incrementado sus llamados a la “calma” y la “no-violencia” y al “diálogo entre las partes” y “en los organismos regionales”, es decir, la OEA.
En esa misma línea, fue el pronunciamiento del presidente chileno Gabriel Boric en la cumbre de la Celac. Siguiendo al pie de la letra el guión del Departamento de Estado, se declaró a favor de un “diálogo inclusivo” en Perú y en “todos los espacios multilaterales”.
Es decir, la primera crítica emitida por las autoridades chilenas por las masacres y crímenes en Perú, dirigidas a “la policía” y no al gobierno golpista, sólo ocurrió después del cambio de rumbo decretado por Estados Unidos. Antes, había declarado su respaldo a Boluarte, sin prevenciones de ningún tipo sobre el respeto a los derechos humanos.
Pero en Lima, los propios defensores del régimen reconocen que Perú, además de no ser Puno, tampoco es Chile: “no tenemos con quien negociar”, se lamentan, “un acuerdo” como el del 15 de noviembre de 2019.
En efecto, el “diálogo inclusivo” lo dará el propio pueblo, de acuerdo con sus intereses y necesidades, una vez que haya derribado al régimen dictatorial.
Ya sería hora de que en el resto de América Latina fueran tomando nota de estos acontecimientos.