Este señor, Eugenio Guzmán Lyon, es conocido como la mano derecha de Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet que se quedó con Soquimich. Como esta gente no se cansa de robar, en cierto momento, en que las cosas no iban muy bien, decidieron armar un esquema de estafas bursátiles a gran escala.
A eso se le conoció como “cascadas”. Se trató de una serie de compañías de papel, en la que una era dueña de la otra, como en una, usted lo adivinó, cascada.
Con esa trama armada, empezaron a comprar y vender acciones, haciendo subir y bajar los precios, y en cada pasada se quedaban con su tajada, a costa, se entiende, de los otros especuladores que cayeron en su trampa.
Engañaron a todo Sanhattan y a sus famosos lobos financieros, que cayeron como bobos en la estafa, incluyendo a varias AFP que apostaron la plata de los trabajadores en este “pepito paga doble” de Ponce Lerou y de su suche Lyon.
Tan descarada y enorme fue la estafa que finalmente los pillaron. No acá, sino en Estados Unidos, donde las autoridades regulatorias se le cayeron encima a SQM, como se hace llamar ahora la compañía.
A ese período corresponde el renovado interés de Ponce Lerou por la política. Para blindarse comenzaron a coimear a todo el mundo, pero especialmente a los que en esos años -2012, 2013- aparecían como el seguro próximo gobierno. Así, SQM financió el grupo de asesores en torno a Michelle Bachelet a un montón de senadores concertacionistas y de la derecha.
Hasta se compró un partido entero, el PPD. Su presidenta en ese entonces, que listaba a SQM como “militante” en los registros oficiales, era Carolina Tohá, actual ministra del Interior.
En Estados Unidos, los de SQM confesaron todo. Zafaron con una multa de 30 millones de dólares, sólo por las coimas, es decir, por infracción a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
En Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros le impuso, en 2014, una multa de 23 millones de dólares a Guzmán por la estafa de las cascadas. El hombre recurrió a la justicia. Y no cualquier justicia, sino al Tribunal Constitucional.
Ahí, los ministros tendrían un oído atento a los requerimientos de Guzmán y de su jefe, Ponce Lerou.
Estaban en esa época Carlos Carmona, nombrado por Bachelet; Marisol Peña, ahora flamante “experta constitucional”, Iván Aróstica, nombrado por Piñera, al igual que su jefa de asesores, María Luisa Brahm, entre varios otros.
Y esos ministros hicieron una verdadera magia constitucional. Los pobres estafadores habían sido violentados en sus garantías fundamentales. Consecuencia: les rebajaron la multa.
En el caso de Guzmán Lyon de 23 millones de dólares a sólo 3 millones.
No está mal.
Pero eso no significaba que el hombre iba a pagar y ya.
No. Siguió y siguió litigando hasta que el caso llegó a la Suprema.
¿Qué hizo el máximo tribunal? Desechó los reclamos del Consejo de Defensa del Estado que pedía una multa más alta y confirmó los tres millones fijados en 2017.
Pero había un detallito. Han pasado casi diez años desde que se impuso la multa original. Y las multas, de acuerdo con la ley, si no se pagan, suman un interés. Devengar se llama eso en el idioma de los abogados.
O sea, es un chingo de plata que debe este Lyon en puros intereses. 3.100 millones de pesos, para ser exactos.
Es así, nada que hacer. Lo dice la ley: a partir del onceavo día de impuesta la multa.
Si va a tribunales a reclamar el monto de la multa, y pierde, tiene que pagar todo lo que debe, más los intereses por el retraso. Si no quiere sumar los intereses, pague todo y, después ve como le va con su litigio. Si le dan la razón, le devuelven la plata.
Pero, estimado lector, querida lectora, ahí es donde usted se equivoca. Porque eso vale para usted, y para todos los que llaman González, Tapia, Vera o Soto… usted me entiende.
Porque lo que es Lyon, Guzmán Lyon, no tiene que cumplir con la ley. Ni su letra, ni su espíritu.
La sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, compuesta por Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales (así se llama), y la abogada integrante Leonor Etcheberry, decidió que es mucho pedirle a Guzmán Lyon que pague los intereses.
Los ministros le dieron razón a los alegatos del estafador que decía que el Estado pretendía “un exorbitante cobro de intereses con una afectación patrimonial evidente”. Claro que sí. Sólo Muñoz estuvo en desacuerdo.
Para los jueces, el hecho de que Guzmán Lyon haya dilatado con todo tipo de recursos judiciales el pago de lo que debe por robar, desde 2014 hasta hoy, lo exime de los intereses. Pero sólo si se llama Lyon.