La diputada Maite Orsini, del Frente Amplio, se sintió incómoda. Eso, que es una sensación personal e interna, lo sabemos, porque lo dijo así: “este me genera incomodidad”. La causa fue la declaración del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, ante la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Para ser más precisos, lo que incomodó a la parlamentaria oficialista fue que el milico le echara pelos a la sopa del proyecto de infraestructura crítica del gobierno. “Las Fuerzas Armadas no son no deliberantes”, espetó Orsini, ya sabemos, incómoda.

Varios minutos más tarde, luego de haber revisado el texto de la constitución o de que algún asesor le mandara el dato por Whatsapp, pidió la palabra nuevamente y fue más precisa: “el artículo 101 establece que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes”.

Obedientes, tienen que ser. El argumento desconcertó a los demás asistentes. Al parecer, nadie nunca había hecho ese planteamiento antes.

Uno dijo que los altos mandos siempre venían a las comisiones legislativas y daban su opinión sin ningún problema. Un segundo parlamentario aseguró que, contrario a las apariencias, el comandante en jefe del Ejército había sido de lo más obediente y que, en el fondo, fondo, estaba de acuerdo con el proyecto de ley. Y otro aventuró que las objeciones eran sobre algunos detallitos, asuntos “técnicos”; nada importante.

¿Qué había dicho Iturriaga?

Cuatro cosas.

Primero, las fuerzas armadas están para la defensa del país ante los ejércitos de otros países; el orden público y la represión no eran su tarea.

Segundo, como eso no es su tarea, no sabían hacerlo bien, por lo que probablemente lo harían mal. No lo dijo así, pero se refería a “mal” de “maldad”.

Tercero, ¿quién manda? Porque en los estados de excepción “normales”, mandan ellos, los milicos. En el engendro propuesto por el gobierno para un despliegue permanente de tropas militares, eso no estaba claro. ¿Acaso tendrían que ser obedientes con alguna -¡qué horror!- autoridad civil?

Y cuarto, como no es su tarea estar deteniendo gente y cosas así, y como lo harían mal, en el sentido de maldad, tienen que asegurarles completa impunidad para actuar de ese modo, que es el único que conocen.

“Hoy en día, tenemos unas reglas del uso de la fuerza, pero, al no tener rango legal, son interpretadas de manera muy diferente en las distintas situaciones en que hemos tenido a nuestra gente comprometida”, dijo Iturriaga, en referencia a los asesinatos y torturas cometidos por militares.

Ahondó más en esa idea. Criticó el principio de “proporcionalidad” en el uso de la fuerza, porque, sentenció, “no sirve para imponer el orden público”. Propuso, en reemplazo de ese concepto, que básicamente dice que no se puede coser a tiros a una persona desarmada, el de la “racionalidad”. Iturriaga entiende esa idea, no en el sentido de Descartes o Kant, sino de manera más, como decirlo, militar: “con criterio” -el de ellos, se entiende- “y ajustado a las normas del derecho internacional” -de la guerra, quiere decir, porque eso de prohibir el homicidio está en el Código Penal chileno.

Las objeciones de Iturriaga develaron el verdadero sentido del proyecto: actuar con la fuerza militar, a sangre y fuego, al estilo peruano, en contra de las movilizaciones populares que se vienen.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó encubrir el alcance de la militarización de la lucha social, centrándose en un aspecto particular del proyecto: su extensión a zonas fronterizas, en que ya existe un despliegue militar. Pero, se quejó, los soldados no pueden atajar a los venezolanos, ni pedirles los papeles.

Al parecer, pretende hacer creer que ese problema justificaría la declaración de un estado de excepción por noventa días, “para imponer el orden público” en cualquier zona del país. Sólo basta buscarle la vuelta: alguna “infraestructura crítica” que se vea “afectada”. El concepto es tan amplio que una barricada en una avenida, una huelga o la toma de edificio público pueden servir de pretexto.

Las ideas del jefe militar, a pesar de la incomodidad causada, seguramente serán consideradas en el proyecto. En el Senado fue aprobado con un solo voto en contra, el de la senadora Fabiola Campillai.

En la cámara, tampoco habrá grandes problemas. La derecha apoyó las exigencias de impunidad garantizada de Iturriaga. El oficialismo está cuadrado con el proyecto anti-democrático y represivo del gobierno; la diputada del Partido Comunista Alejandra Placencia lo celebró como “otra herramienta más”, que se “suma” a la del estado de excepción constitucional que ha tenido, según dijo, “buenos resultados en la macrozona sur”.

Lo que no consideran estos señores y señoras, es que nada ni nadie va a detener a un pueblo decidido a la lucha en contra de sus enemigos, una categoría que ellos, ciertamente, integran.