Alto drama en La Moneda, alto drama en las oficinas públicas. El gobierno liberal de Boric vive “la peor crisis desde que asumió”, exclaman funcionarios exasperados, que comparten por Whatsapp imágenes de rayados en contra del “merluzo”, resultados de encuestas y noticias que presagian más calamidades.
Como los defensores del Alcázar de Toledo, el oficialismo se parapeta detrás de sillas y mesas, carpetas y laptops. Es “un gobierno asediado” declara uno de sus dirigentes, el senador Juan Ignacio Latorre.
Y todo es culpa de los indultos. ¡Ay, si tan sólo no se hubieran hecho!
Los indultos decretados por el presidente Gabriel Boric en favor de 13 presos políticos fueron una medida tardía, adoptada bajo presión. Ésta fue ejercida por incansables movilizaciones, por acciones de los familiares y diversas personalidades y colectivos. La libertad de los presos del levantamiento popular constituye una demanda popular ineludible que, además, se suma al escrutinio internacional.
Que el gobierno no quería dar, siquiera, ese paso mínimo está claro. El propio Boric lo dejó en evidencia con una fundamentación confusa e improvisada. Sólo en un caso, el de Jorge Mateluna, que le era cercano por diversas conexiones de amistad y políticas, señaló estar “convencido” de la inocencia del indultado.
Esa expresión llevó a una insólita declaración de la Corte Suprema que, de manera indirecta, acusó a Boric de haber suplantado a los tribunales de justicia y, por ende, de haber violado la constitución. De manera deliberada, el acuerdo del pleno dejó en la nebulosa cuál fue el acto que motivó su pronunciamiento: el indulto o la opinión de que el Poder Judicial había condenado a una persona con pruebas falsas.
En vez de defender sus atribuciones como Presidente de la República ante un cuestionamiento indebido e ilegal, Boric declaró, increíblemente, estar “de acuerdo” con lo señalado por la Suprema.
Mientras, la derecha lanzaba amenazas: que iba a acusar constitucionalmente a Boric, a la ministra de Justicia, que iban a impugnar los decretos de los indultos con diversos argumentos leguleyos.
En vez de afirmar que empleó sus facultades y punto, Boric admitió “desprolijidades”, que no especificó y que atribuyó, de manera desleal y falsa, a la ministra de Justicia, al momento de destituirla.
Esa nueva concesión, obviamente alentó a la derecha, en vez de “cerrar el asunto”, como quería el gobierno, en su fantasiosa noción de la realidad.
Ahora se metió la Contraloría que pidió “informes” sobre los indultados, luego de una presentación de parlamentarios derechistas. ¿Cómo se justifica esa decisión, si el propio contralor debió poner su firma en los decretos cuando “tomó razón”, es decir, declaró el cumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias de los mismos?
Este asunto, por lo visto, ya va más allá de los indultos, aunque ahora piden su revocación, es decir, la vuelta a la cárcel de los liberados, como un nuevo gesto de sometimiento.
De aceptarse esa exigencia, no sólo el gobierno estaría deslizándose a su propia perdición. También se trataría de una provocación sin nombre en contra del pueblo. La respuesta a esa infamia no tendrá contemplaciones.