«El día de hoy se aprobó en Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días, desde 20:00 a 4:00 horas, esto en salvaguarda de la vida y la integridad, de la libertad de todos los ciudadanos de Puno», anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Otárola no tuvo pelos en la lengua para justificar la represión culpando al pueblo de las muertes. Habló de la «violencia irracional» que «obligó» al gobierno a declarar el estado de emergencia y justificar la intervención de las Fuerzas Armadas. «En los enfrentamientos no generados por la autoridad militar o policial, lamentablemente fallecieron 45 compatriotas», dijo Otárola, refiriéndose así al conteo oficial de asesinatos en manos de la policía y el ejército desde que comenzó la insurrección popular, a inicios de diciembre del año pasado.
En la misma línea, desde el país hermano, Chile, el presidente Boric, al más puro estilo de la propaganda dictatorial, se condolió de los muertos en Perú aludiendo a “los enfrentamientos con la policía”.
En un acto de cinismo mayor, el gobierno decretó duelo nacional. Pero miles volvieron a salir a las calles, especialmente en el sur del país. En medio de una caravana de buses y camiones, miles llegaron desde distintas regiones del país a Cusco, y en Arequipa otros cientos salieron para marchar y condolerse por los crímenes de Puno.
En Chiclayo, cientos de campesinos marcharon desde Lambayeque, por la Panamericana Norte, en lo que denominaron la ‘marcha del sacrificio’, rechazando al gobierno de Dina Boluarte y exigiendo justicia por los muertos de Juliaca.
En Puno, a la marcha de los Cuatro Suyos, anunciada por los aymarás, los quechuas acordaron sumarse autoconvocados desde Atuncolla para avanzar hacia Lima.
Y en el mundo paralelo, el del régimen, la Fiscalía Nacional anunció hoy el inicio de una investigación preliminar contra Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los ministros Víctor Rojas (de Interior) y Jorge Chávez (de Defensa) por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por los asesinatos en lo que van de este mes de protestas populares.
“La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, señaló el Ministerio Público.
En la investigación además se incluye al primer jefe del gabinete en el Gobierno de Dina Boluarte, Pedro Angulo, y el exministro del Interior César Cervantes.
La fiscalía se cubre así las espaldas. No sale gratis asesinar al pueblo. Basta mirar lo que pasó en Bolivia. La evangélica golpista Jeanine Añéz fue condenada en junio de 2022 a diez años de cárcel por los delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución” por su rol en el golpe de Estado en 2019 y las masacres contra el pueblo boliviano. El mismo destino corrieron sus cómplices y secuaces, como el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Y en el Congreso, ese que el pueblo quiere desalojado de una vez por todas, fue noticia en primera plana tras blindar a uno de los suyos, acusado de violación contra una trabajadora del Congreso. Los honorables no aprobaron inhabilitarlo. El violador tuvo 60 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones.