Familiares, amigos y organizaciones han demostrado una vez mas que la calle y la movilización son las formas de liberar a los que luchan. Hace un par de días vimos con alegría como – gracias al actuar del pueblo que presionó sin descanso al gobierno – 12 presos políticos del levantamiento popular y uno del FPMR fueron indultados y dejados en libertad. Hoy la tarea continúa en tanto a organización y lucha para liberar a todos aquellos que han sido injustamente encarcelados por el estado de Chile por razones políticas.

Ese es el caso de los comuneros de la CAM, para quienes – es sabido- se ha dejado caer la mafia política con toda su fuerza. Sin embargo, ahí están las familiares, madres, compañeras, hermanas, amigas y amigos, -además de la organización que respalda a los comuneros- quienes no se han rendido.

Se han encadenado al exterior de las afueras de Contraloría en Concepción, han convocado a marchas y protestas en distintas regiones del país. Han solicitado solidaridad y apoyo a organizaciones políticas y revolucionarias, quienes han aportado también su grano de arena a la digna lucha y huelga de hambre que hoy llevan a cabo 10 comuneros.

El 21 de diciembre pasado, estuvieron en Santiago, en la Corte Suprema. A la magistrada de la corrupta institución se le manifestó la preocupación por el régimen carcelario que están sufriendo en este minuto por parte de Gendarmería de Chile -que viola de manera flagrante el convenio 169 sobre pueblos originarios y pueblos tribales. Además, denunciaron los métodos de investigación, debido a que se han utilizado subterfugios para extender de manera abusiva y arbitraria el plazo de investigación, toda vez que este no cuenta con antecedentes serios para poder formular alguna atribución penal a los comuneros.

El presidente de la Corte Suprema, que se paseaba por en el lugar, no quiso recibirlas. Las familiares señalaron que no les queda claro si el hecho de negarse a atenderlas se debía a ser sólo mujeres o por ser mapuche. De todos modos, se le dejó un escrito, en el que se relatan los hechos que demuestran el trato inhumano y degradante al que son sometidos los presos, para que sean investigados y se establezcan las responsabilidades penales de los funcionarios de Gendarmería, quienes actúan con total impunidad.

Tras salir de la Corte Suprema, las familiares se desplazaron al llamado “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, con el objeto de denunciar a los funcionarios de gobierno y señalarlos como los responsables políticos de las vulneraciones, arbitrariedades y violaciones a derechos humanos sufridas por los comuneros y perpetradas por Gendarmería, que depende de dicho ministerio. Sin embargo, como era de esperar, ese ministerio de justicia y derechos humanos, al cual le queda como poncho su nombre, se tapó los ojos mientras golpeaban y detenían a las lamuenes que se manifestaban en el lugar.

A la semana siguiente, el presidente de la Corte Suprema accede a recibir a las familias, pero explica “que nada depende de él y que hay que ir a hablar con la Ministra de Justicia”. Es decir, con la representante directa del gobierno que ordenó arrestarlos y que da chipe libre a Gendarmería.

Las mujeres se negaron, y continuaran con acciones para señalar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, como responsable de que Gendarmería impida el traslado de los comuneros de Valdivia a Temuco, y también de los hostigamientos y allanamientos sufridos por los comuneros.

Pamela Pezoa, madre de Ernesto y Pelentaro Llaitul, señaló a los medios presentes: “Lo que nosotros queremos denunciar desde el minuto uno, es que el Ministerio Público decidió trasladar arbitrariamente a nuestros familiares a Valdivia, generando desarraigo en ellos. Las familias deben desplazarse a otra región, algunos de ellos también son padres y con esta acción además se vulnera la infancia de sus hijos e hijas. Señalar además que el tribunal de garantía se basó en un informe tergiversado que realizó Gendarmería, en donde señalaban que en el módulo de comuneros no había espacio para nuevos ingresos, cuestión que contradice el informe elaborado por el INDH, que señala que existe una población de 11 personas para un módulo que está preparado para 30 personas”.

Además las familiares solicitan difundir lo siguiente:

“Denunciamos que Gendarmería de Chile ha actuado como interviniente en las audiencias de los PPM CAM, oponiéndose al traslado de nuestros lamuen al módulo de comuneros mapuche en la Cárcel de Temuco, usando para esto informes fraudulentos, sometiéndoles a desarraigo, impidiéndoles el desarrollo de su identidad y prácticas culturales y espirituales, ejerciendo además sobre sus familiares hostigamientos constantes, y realizando allanamientos que incluyen tratos inhumanos y degradantes.

Gendarmería de Chile es una institución dependiente del Ministerio de Justicia y, por tanto, dependiente del gobierno. Denunciamos a los responsables políticos de estas violaciones a los derechos humanos.”

El gobierno de Boric actúa igual o peor que el gobierno de Piñera, continua militarizando el Wallmapu, se arrodilla frente a lo que piden las grandes forestales, grupos económicos, la derecha chilena y quien, de la mano del Congreso, nuevamente extiende el estado de excepción. Por eso volvemos a señalar que de esta se sale peleando en las calles, con unidad y dignidad.