(en la foto: Cristian Cayupán y Matías Rojas, tras su liberación de la cárcel de Colina)
La decisión se ejecutó fiel al estilo de este gobierno.
El otorgamiento de un indulto presidencial, una de las facultades que la constitución otorga al jefe de Estado, ya estaba listo el 23 de diciembre. Sin embargo, su ejecución habría sido aplazada debido a los incendios forestales en Viña, según versiones de prensa.
Es más probable que los indultos fueran parte de las negociaciones entre los partidos del régimen para endurecer las leyes represivas. La renuencia de la derecha a suscribir el llamado acuerdo nacional de seguridad se había hecho evidente en las últimas semanas.
De hecho, recién cuando quedó claro que la UDI no iba a dar su visto bueno a un acuerdo -al menos, en lo inmediato- el gobierno se decidió dar el indulto.
Y cuando lo hizo, en el último día hábil de 2022, las propias autoridades no parecían saber quiénes y cuántos serían los beneficiarios de la medida.
El presidente Boric afirmó que había sido “una decisión difícil”, pero que la adoptó pensando en el “bien de la patria” y en pos de “cerrar heridas”. También aseguró que los indultados eran “jóvenes que no son delincuentes”.
No explicó, en cambio, por qué una decisión que es buena para Chile, que cierra heridas y que vindica a personas encarceladas por años “sin ser delincuentes”, a él le resultó “difícil”. Tampoco se pronunció sobre qué razones hacen posible que compatriotas inocentes deban permanecer prisioneros de instituciones estatales y por decisión de sus órganos, incluyendo el gobierno que él preside.
Tampoco mencionó con ninguna palabra el hecho de que la liberación de esto 13 presos políticos, doce del levantamiento popular de 2019, y un antiguo militante del FPMR quien fue objeto de un montaje de Carabineros y la fiscalía, es el resultado sólo de la lucha denodada, acuciante y difícil de familiares y organizaciones solidarias.
Esa lucha se inició en medio de las grandes movilizaciones populares y ha continuado hasta hoy, a pesar de los enormes obstáculos. Y esos son, principalmente, la continuidad y la profundización de una política represiva que tiene como uno de sus pilares a la prisión política.
En estas mismas páginas, denunciamos tempranamente el perverso cálculo del gobierno de Boric que, para ser elegido, prometió liberar a los presos de la revuelta. Ese esquema consistió en, simplemente, no adoptar ninguna medida, a la espera de que los injustamente encarcelados salieran paulatinamente en libertad, ya sea por ser absueltos en un juicio o por desistimientos de la fiscalía o porque ésta ofreciera penas menores.
Y, sin embargo, hasta del día de hoy continúa la prisión política. Los 13 indultados son sólo una parte de los que continúan encarcelados. Y la cantidad de presos políticos no deja de crecer, en la medida en que se aplica la represión como primera respuesta a los reclamos populares.
Por eso la lucha por la liberación de todos los presos políticos es un imperativo moral ineludible y necesario. Es parte de las demandas del pueblo que, no tenemos duda alguna, marcarán los días que vienen.
Este año nuevo, decenas y centenares de personas, familiares, amigos, vecinos, podrán celebrar un año nuevo especial y esperanzador, porque han vuelto sus hijos.
Y será una fiesta especialmente feliz, porque, una vez más, se comprueba que, hagan lo que hagan, el pueblo siempre vence.