El sur de Perú está copado de militares y policías. Allí se han desarrollado las mayores movilizaciones. Con la excusa de desalojar los bloqueos de ruta, los militares la han emprendido contra la población sin miramientos. Hoy asesinaron a un minero en la localidad de Chala en la región de Arequipa. Aún así, organizaciones sociales de todo tipo han llamado a escalar la protesta.
Mientras, en Lima, el Congreso con triquiñuelas legales, volvió a discutir un proyecto para adelantar las elecciones. El primero intento, solicitado por Dina Boluarte para adelantarlas a diciembre de 2023, no resultó. Ahora quedó para abril de 2024.
El régimen ha perdido todo sentido de realidad. Inversamente proporcional es la claridad del pueblo peruano, que, al paso de los días, hace más férrea su exigencia de que se vayan todos.
También un traspié tuvo el gobierno luego de que la justicia desestimara el anuncio de Boluarte de que sea la justicia militar la que se encargue de investigar y juzgar los crímenes contra la población movilizada. La judicatura determinó que la justicia militar no opera en casos de crímenes en contra de los derechos humanos.
En Chala, donde fue asesinado un minero hoy, se han producido las mayores muestras de unidad y fuerza desde que se iniciaran las protestas y la insurgencia popular. Por esta razón, la Panamericana sur se ha mantenido tomada durante muchos días, lo cual impedía la comunicación de las regiones del sur peruano con Lima. “Entre los manifestantes que se apostaron en este sector, los más dinámicos son los mineros artesanales, ya que en esta zona se ubican varios yacimientos mineros artesanales”
Testigos que se encontraban en el lugar contaron que los mineros que bloqueaban la carretera por varios días estaban realizando una tregua para permitir la circulación de vehículos que llevaban esperando varios días, desde cuando se realizó la ofensiva militar.
Para este martes, organizaciones campesinas del interior del país convocaron a protestas y movilizaciones en sus respectivas regiones para rechazar el estado de emergencia y la política represiva del gobierno golpista.
Además, el presidente del Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca, Félix Suasaca, anunció bloqueos de vías y advirtieron “una segunda marcha de los cuatro suyos”.
Mientras, el gobierno golpista también debe lidiar con el frente externo. México declaró que concedió asilo político a la familia del derrocado presidente Castillo. En respuesta, las autoridades limeñas decretaron la expulsión del embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy. Antes de que se cumpliera el plazo de 72 horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México instruyó al diplomático a que regrese a su país, para «proteger su seguridad e integridad física».
Mientras eso sucede, las autoridades chilenas siguen sin pronunciarse en contra de la matanza que se perpetra en contra del pueblo peruano y si limita a advertir que los turistas chilenos pospongan sus viajes a Perú.