Prisión preventiva por, a lo menos, un año y medio impuso un juez en contra de Pedro Castillo, el derrocado presidente de Perú, bajos cargos de rebelión.

Desde el cuartel policial en que está recluido, Castillo envió una carta en que acusa a Estados Unidos de haber instado al gobierno golpista de Dina Boluarte a usar las Fuerzas Armadas para reprimir las masivas protestas en todo el país.

Por lo pronto, esa medida estuvo complementada por otras de carácter político. Esta tarde, el Congreso peruano debate el adelantamiento de elecciones a diciembre del próximo año, un intento de frenar la caída libre del Ejecutivo ante presión popular.

Boluarte señaló que “ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo” y agregó que “no hay espacio para el miedo”, a la vez que indicó que “aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo”, en referencia a su tentativa de mantenerse un año más en el poder.

Mientras, sus ministros anunciaron que trataron de iniciar un “acuerdo nacional”, al que convocarán a organizaciones sociales en las distintas regiones del país, con el objetivo de lograr un “consenso mínimo”, que no debe ser otro que conservar el gobierno.

En la primera jornada del estado de excepción a nivel nacional, los medios oficialistas destacaron la acción de las fuerzas militares que despejaron algunas de los centenares de barricadas erigidas por los pobladores. Sin embargo, con el paso de las horas, se volvieron a establecer los bloqueos.

En Ayacucho, efectivos del ejército se unieron a la policía copar el centro de la ciudad e impedir que una multitudinaria marcha llegara a la Plaza de Armas. Una táctica similar se empleó en la capital, Lima, donde una enorme marcha puja por llegar a la céntrica Plaza San Martín.

En Cuzco, uniformados que se desplazaban en vehículos blindados abrieron fuego en contra de la multitud.

Los hechos más graves ocurrieron en el aeropuerto de Ayacucho, ocupado por una muchedumbre. Las fuerzas represivas abrieron fuego en contra de los manifestantes, provocando la muerte de dos personas y varios heridos. Según fuentes oficiales, 14 personas han muerto desde que se declaró la insurgencia popular en contra del régimen.

Mientras, Costa Rica, Ecuador y Canadá declararon su respaldo al gobierno golpista. Ese reconocimiento político parece ser parte de una estrategia que busca minimizar la declaración de los gobiernos de México, Bolivia, Argentina y Colombia, que exigieron la liberación de Castillo y el respeto a “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

Los golpistas anunciaron que llamaran a consultas a sus embajadores en esos países y destacaron las muestras de apoyo que recibieron, en la víspera, del gobierno de Boric.

“Agradezco el apoyo del gobierno de Chile a la asunción de mando constitucional de la presidenta Boluarte expresado por la canciller Antonia Urrejola, quien me manifestó su posición crítica a la ruptura del orden democrático ocurrida el 7 de diciembre”, declaró Ana Cecilia Gervasi, quien ocupa el cargo de canciller tras el derrocamiento de Castillo.