August Bebel, el gran líder del movimiento obrero alemán, fue elegido delegado al congreso constituyente de Liga de Alemania del Norte en 1867. A partir de entonces, perteneció, con una interrupción de sólo dos años, al parlamento del Reich hasta su muerte en 1913.
Pero a lo largo de todo ese tiempo hubo también otras -y frecuentes- interrupciones en su trabajo como parlamentario.
Esas se debían a tres causas: o estaba preso -infinitas veces- o enfermo -en varias ocasiones de gravedad- o tenía que trabajar –eso, siempre. Lo hizo en su oficio de tornero, pero también de vendedor viajero y en muchas otras ocupaciones. Al final, ya más desahogado, se dedicó al periodismo en los múltiples periódicos socialistas que habían nacido en ese período.
Resulta que en esa época los parlamentarios no recibían una dieta, y éstos eran en su abrumadora mayoría burgueses y aristócratas, que -por definición- no necesitaban trabajar.
Sin embargo, los dirigentes políticos de los trabajadores sólo reclamaban en contra de sus continuos encarcelamientos, por acusaciones de alta traición, terrorismo, incitación al desorden público, asociación ilícita, etc.; lo típico, pues.
Nunca se quejaron de que el Estado burgués no les pagara para que ellos lucharan en contra de él. Sería un sinsentido. El problema de la mantención de sus familias lo resolvían como podían, y apoyándose en su organización.
Fue en la medida en que se consolidaron las democracias burguesas modernas -en Alemania, a partir de la República de Weimar en 1919- que se volvió costumbre pagarles a los parlamentarios. Aunque ese hecho pudiera ser útil para una persona que depende de un trabajo remunerado, el motivo de esa innovación no era favorecer a los diputados pobres.
Era, al contrario, el afán de enmarcar la acción de los partidos en la burocracia del Estado. Se buscaba equiparar a los representantes elegidos a los funcionarios públicos de nivel superior.
En la actualidad, los generosos emolumentos que reciben los senadores y diputados en Chile son fijados conjuntamente a los de ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis, etc. Y la constitución prescribe que, en cualquier caso, los parlamentarios ganarán los mismo que los ministros de Estado.
Por eso llamó la atención cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, afirmó que los “expertos” designados “no van a recibir remuneración”. “Se trata de personas -explicó- que, porque tienen un compromiso incondicional con el país, servirán a Chile a través de esta instancia”.
En lo inmediato, el anuncio no llamó mucho la atención. ¿Por qué alguien habría de pagarles un sueldo por cambiarle un par de párrafos o palabras a la constitución pinochetista? Eso es algo que no requiere mucho esfuerzo y que, perfectamente, se puede hacer ad honorem y vía Zoom.
Y dejémonos de cuentos: se trata de algo se puede evacuar fácilmente en un fin de semana, incluso si se reserva un tiempo para el debate.
Probablemente, esa confesión implícita es la que alarmó al presidente Boric, quien desautorizó públicamente a Mirosevic. Nada de “compromiso incondicional”, nada de “servir a Chile”.
No. Según Boric el “rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados. La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no sólo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello”, escribió en Twitter.
No sabíamos que la remuneración del “servicio público” fuera una “condición”, nótese, esencial, “de la democracia”.
Hasta ahora, había un consenso -sentimos decirlo- entre los expertos de que las condiciones esenciales de la democracia consistían en el ejercicio de determinados derechos políticos y civiles: la libre expresión, elecciones libres, libertad para formar partidos políticos, etc.
Que se pague a una dieta a representantes elegidos -dirían los expertos- parece un aspecto práctico útil, pero no esencial, de la democracia.
En el caso de Chile, al menos, se da la circunstancia de que todos los parlamentarios se convierten, en razón de su remuneración, automáticamente en ricos; y debido a su actividad concreta, adicionalmente, en mantenidos por pudientes “mecenas”.
Pero Boric confunde las cosas aún más. ¿Qué tienen que ver estos personeros que serán designados a dedo con la “democracia”? Nadie los va a elegir. ¿Y no es eso una condición esencial?
Si los van a nombrar los partidos del régimen, suponemos que no es mucho pedir que esos mismos partidos les otorguen un estipendio.
O que se pongan los “mecenas”.
Y de paso, eso ayudaría a que el “rol de expertos en proceso constituyente” sea, de verdad, “totalmente transparente”.