“Un acuerdo que impactó”, tituló el periódico El Siglo, que otrora firmara como “primer activista de la revolución chilena”, la noticia. La frase parece describir un fenómeno de la naturaleza, como un meteorito o un tsunami, en vez de un hecho político que depende enteramente de la voluntad de los involucrados.
Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, cuya nombre figura en el llamado “acuerdo por Chile”, informa, en el mismo sitio, que el proceso no fue el “mil por mil” de lo que oficialismo hubiese querido, como si se tratara de un regalo de Navidad decepcionante: patines, y no la bicicleta.
En medio de este ambiente, llamó la atención una columna del destacado arquitecto, Premio Nacional y militante comunista Miguel Lawner, ex director de la Corporación de Mejoramiento Urbano, Cormu, durante del gobierno de la Unidad Popular, el organismo responsable de construcción de poblaciones y viviendas para los trabajadores en ese período.
Lawner habla de un “acuerdo de la infamia”, desenmascara las mentiras del oficialismo de que se va a establecer un organismo “cien por ciento electo” y lo califica como “un mecanismo blindado en tal forma, que evita cualquier posibilidad de modificar el modelo económico y social vigente”. Y concluye que no se prestará “a validar un procedimiento tan perversamente antidemocrático”.
¿Habrá otras personas que se reconozcan a sí mismas como parte de la izquierda alineada con el oficialismo y que también se negarán a respaldar aquel “procedimiento tan perversamente antidemocrático” o simplemente se sumarán a la infamia?
¿Será el señor Lawner el último de los mohicanos o existe aún algo de entereza o consecuencia en aquel sector?
Porque éste sería un buen momento para manifestarlo y no cuando la oportunidad así lo aconseje.
Lea usted a continuación la reflexión de Lawner, publicada en Le Monde Diplomatique:
Ayer, 12 de diciembre de 2022, se consumó la máxima cocinería jamás desarrollada en la historia del Parlamento chileno. Durante 92 días, encerrados en el viejo Congreso, de espaldas al pueblo, diputados y senadores de gobierno y oposición, terminaron por parir un engendro destinado a encadenar la soberanía popular, perpetuando, en los hechos, el modelo económico social neoliberal, concebido por Jaime Guzmán y un puñado de “expertos”, como se les llama ahora.
Es curioso. El resultado del Plebiscito del pasado 4 de septiembre, respaldó abrumadoramente la opción RECHAZO. Quienes la apoyaron no debieran temer a la soberanía popular. Sin embargo, su legendario terror a cualquier expresión verdaderamente democrática, es superior a un razonamiento lógico y los induce a promover sofisticadas fórmulas destinadas a evitar algún cambio de verdad.
El documento presentado ayer por algunos artífices de la traición, como Álvaro Elizalde, presidente del Senado y Raúl Soto, ex presidente de la Cámara de Diputados, es un modelo de encadenamiento de la voluntad popular.
Se plantea la elección de un “Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y salida”.
Pero ojo. Aquí está la firme: Este Consejo no elaborará ninguna propuesta de nueva Constitución. Solo podrá aceptar o rechazar la propuesta elaborada por una “Comisión de Expertos, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.”
“Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo”.
En resumen. Que quede claro. El Consejo Constitucional, integrado por 50 personas, no elabora nada…. ¡¡¡Nada!!! Repito: su único objetivo es discutir y aprobar una propuesta de texto que le presentan la ilustre Comisión de Expertos.
¿Quiénes son estos expertos? ¿Estos sabios dotados de una sabiduría infalible, solo comparable al Oráculo de Delfos?
¡¡¡Dios!!! Más respeto. Se trata nada menos que de la “Comisión Expertos conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras”
¿Quién puede ser un experto? ¿Experto en qué? ¿En Derecho constitucional? ¿En Salud, Educación, Vivienda, Economía?
Por ejemplo: yo puedo considerarme un experto en materias de políticas de Vivienda y Ciudad. Pero otros dirán con igual mérito, que Iván Poduje también es un experto en dichas materias. ¿Hay dudas de como procederíamos él y yo en formular el derecho a una vivienda digna y adecuada? Uno preocupado de promover la vivienda como un bien común y el otro en mantener y/o perfeccionar la vivienda como un producto de mercado.
No existen expertos libres de una ideología, ni en Chile ni en ninguna parte.
Por último, a fin de evitar cualquier posibilidad de que pudiera escaparse alguna propuesta verdaderamente democrática, el Acuerdo aprobado ayer formula la existencia de un “Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en ejercicio. Este Comité Técnico de Admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales”.
Debemos reconocer el talento de quienes idearon este engendro, de concebir un mecanismo blindado en tal forma, que evite cualquier posibilidad de modificar el modelo económico y social vigente.
Ejercí por primera vez el derecho a voto en la elección presidencial que tuvo lugar el año 1952. Desde entonces hasta ahora, nunca dejé de votar, incluso durante los nefastos años regidos por la Ley Maldita dictada por el traidor González Videla.
Confieso que por primera vez en mi vida no me prestaré a validar un procedimiento tan perversamente antidemocrático. Lo lamento por los compañeros junto a quienes he librado tantas batallas en mi vida y que, de buena fe, han suscrito semejante engendro.
No puedo. Tendrían que hacerme de nuevo.
No importa. Es un hecho que yo no alcanzaré a verlo, pero no tengo duda alguna en los valores de un pueblo que fue capaz de construir los inolvidable mil días del gobierno de Allende y que sabrá recuperar, no sé si más temprano que tarde, la capacidad de construir su futuro.
Miguel Lawner
13.12.2022.