“Acuerdo por Chile”, bautizaron sus autores el documento que refleja tres meses de trabajo. No atinaron a dar razones o fundamentos de por qué se requiere una nueva constitución. Simplemente declaran su “convicción” de que debe ser así.
Probablemente, eso sea mejor.
Anuncian que la nueva constitución será elaborada por 24 “expertos” designados, en partes iguales, por ambas cámaras del Congreso.
Ese grupo evacuará un proyecto que será revisado por otras 50 personas, que serán elegidas en una réplica del Senado.
Estos podrán rechazar una norma de los “expertos” sólo si alcanzan un quórum de dos tercios.
Y deberán aprobar los artículos con tres quintos de sus miembros.
“Todas aquellas propuestas que no se encuentren en las circunstancias anteriores” -cabe suponer que se trata de aquellas que sólo logran una mayoría simple, pero eso no los sabemos- deberán pasar a una comisión mixta, al estilo de las tramitaciones legislativas.
Adicionalmente, habrá otro órgano de “expertos”, llamado consejo técnico de admisibilidad, designado también por el Congreso, que podrá vetar, sin apelación alguna, cualquier norma que, a su juicio, vaya en contra de las llamadas “bases constitucionales”, doce puntos que, con una excepción meramente declarativa -el “estado social y democrático de derecho”- petrifican las ideas fundamentales de la constitución de Pinochet.
En el texto final, los dirigentes políticos corrigieron silenciosamente su borrador inicial, en que se hablaba de un “estado social y democrático de derechos”, un concepto desconocido hasta ahora, y en que radicaban, al estilo fascista, la soberanía en el Estado.
Mucho se habló en los días previos en contra de una “convención mixta”, especialmente entre los partidos del oficialismo. El acuerdo, sin embargo, es mucho menos democrático, porque el texto, en efecto, será elaborado enteramente por personeros designados, con la mera posibilidad de modificaciones impuestas por los redactores elegidos.
Sin embargo, ahí están las firmas de quienes prometieron “luchar por los principios democráticos” en la hoja final de este patético engendro.
Pero aun ese aspecto es secundario. Lo principal radica en que, en un esquema incoherente, incompleto e incalificable, se pretende perpetuar la constitución pinochetista.
Y todo, rápido, rápido.
Quieren que en enero se constituya la llamada “comisión experta”, en abril se elijan a los seudo-senadores, y a fines de noviembre, se realiza un plebiscito “ratificatorio”.
Todo con voto obligatorio, por supuesto.
Si en su anterior acuerdo, el del 15 de noviembre de 2019, los dirigentes políticos del régimen habían acudido al género de la farsa, ahora incursionan francamente en la pornografía.
Rechazo el mamarracho, aunque sea por pudor elemental.