Por tercer día consecutivo, las protestas en contra del derrocamiento del presidente Pedro Castillo y del Congreso continúan y se extienden. El foco de las movilizaciones está en el sur del país y, en particular, en el departamento de Apurímac, ubicado a los pies de los Andes, entre Cuzco y Ayacucho.

Allí, miles de personas ocuparon el aeropuerto de Andahuaylas. También se divulgaron imágenes de una comisaría que fue tomada por asalto y quemada por la muchedumbre. Dos jóvenes, de 15 y 18 años, murieron en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional anunció que enviaría refuerzos a la zona, mientras organismos oficiales pidieron a los pobladores movilizados la liberación de dos agentes que mantendrían retenidos.

La carretera Panamericana, la principal vía de comunicación del país, sigue bloqueada en numerosos puntos por manifestantes, cortando, en términos efectivos, la conexión entre la capital Lima y el sur del país.

Comités campesinos anunciaron que, a partir del lunes, bloquearán los accesos a las minas de cobre de Antapaccay, perteneciente a la multinacional con sede Suiza Glencore, y de Las Bambas, propiedad de la compañía china MMG.

Organizaciones agrarias y sindicales de la zona se declararon en estado de “insurgencia popular”, con la demanda de la renuncia del gobierno golpista de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Un llamado similar han realizado sindicatos nacionales, como el del magisterio, que llaman a un paro nacional a partir del martes próximo.

En medio de las crecientes protestas, el Congreso sesionó de manera extraordinaria este domingo, no para debatir la situación del país, sino para votar el levantamiento de la inmunidad del depuesto presidente Castillo, de la ex premier Betssy Chávez y el ex titular del Interior Willy Huerta, luego de una presentación de la fiscalía que los acusa del delito de “rebelión”.

Mientras, la presidenta designada por el Congreso, Dina Boluarte, reiteró sus llamados a una “tregua”, a la “unidad nacional” y a “deponer la violencia”. Boluarte, quien carece de una base política propia, presentó en la víspera un gabinete de “técnicos” que juró, modificando la fórmula constitucional, “no cometer actos de corrupción”.

Una ironía: el nuevo primer ministro, Pedro Angulo, ex miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, está ligado al destituido juez de la Corte Suprema César Hinostroza, jefe de la banda criminal conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.