“Un fallo histórico” titularon los medios argentinos e internacionales la noticia del veredicto condenatorio del Tribunal Oral Federal Nº2 en contra de Cristina Fernández. El adjetivo -ni el contenido de la decisión- no les hace justicia a los hechos, literalmente. La resolución estaba predeterminada desde el inicio del juicio, y su dictación está lejos de fijar el desenlace de la controversia política y judicial suscitada. Y menos en una escala “histórica”.

La llamada “causa vialidad”, que se cerró con una condena a seis años de cárcel e inhabilitación de los derechos políticos para Cristina Fernández, se refiere a la investigación de los nexos entre el kirchnerismo y empresas constructoras favorecidas con licitaciones públicas. La acusación se basa en el hecho manifiesto de la cercanía y la alianza política entre los dueños de esas compañías y los dirigentes políticos.

El proceso, sin embargo, no demostró las supuestas -o verdaderas- ilegalidades. Al contrario, los defensores de Kirchner demolieron, una por una, las tesis incriminatorias de la fiscalía y, al menos, establecieron bastante más que “la sombra de una duda” sobre las motivaciones de la acusación.

Pero nada de eso tiene importancia en estos casos.

La manera en que opera la justicia quedó expuesta en la amistad de fiscales y jueces con el entonces presidente Macri, a cuya quinta de recreo acudían regularmente, para asados y pichangas de fútbol. Es de suponer que las actividades no se limitaban sólo al esparcimiento.

También se reveló la existencia de un “retiro” en la Patagonia, en el enorme fundo de un magnate inglés, ligado a Macri, al que acudieron importantes capitalistas, jueces, fiscales, políticos, jefes de los servicios de inteligencia, organizado por el grupo de medios de comunicación Clarín, que ha voceado las acusaciones en contra de Cristina Fernández.

El veredicto se conoce sólo semanas después del fallido atentado en contra de Fernández, en que los nexos de los autores con grupos de ultraderecha, y de éstos con el macrismo, han quedado al descubierto, pero son largamente ignorados por los órganos judiciales.

La resolución no tiene un efecto práctico inmediato, ni impide, en principio, que Cristina Fernández postule a la presidencia u a otro cargo de elección popular.

El conflicto judicial, al que se suman otros aún pendientes, refleja la fractura del régimen político dominante. En efecto, demuestran el desplazamiento de la preponderancia de ciertos grupos económicos favorecidos durante el período de los gobiernos kirchneristas, por otros.

En ese sentido, tiene cierta correspondencia con los procesos “anti-corrupción” realizados en Brasil, que tuvieron al actual presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva como blanco más patente, pero que apuntaron en especialmente en contra de Petrobras y grandes compañías ligadas al sector de la infraestructura como Odebrecht.

La actuación de los tribunales como poder autónomo, con la capacidad de condicionar arbitrariamente el acontecer político, el llamado “lawfare” denunciado por Fernández, es sólo una representación de la profunda crisis de los regímenes políticos dominantes, en Argentina, en Brasil y muchos otros países del continente.

Esta fractura interna, que paraliza a los países y los hunde económicamente, es directamente proporcional a la ausencia de un auténtico protagonismo popular que se le oponga decididamente.

Pero al mismo tiempo, esta crisis atiza la respuesta y la necesidad de que los trabajadores tomen las riendas del destino nacional y pongan orden donde la clase dominante crea caos.