El plan del gobierno es, luego de meses y meses, sólo la apertura de una negociación en el parlamento. Está claro que, si es aprobado, habrá más concesiones al capital, que se extraerán durante su tramitación legislativa.
La idea central es aumentar la cotización actual de 10% del sueldo a 16%. Significa, por ende, una reducción notoria de los ingresos de los trabajadores.
Las autoridades quieren enmascarar ese hecho: el aumento, dicen, será “con cargo al empleador”.
Puro humo.
Parece que olvidan que el pago de todas las remuneraciones -tanto la parte imponible como la que no, o sea, bonos, cargas sociales, etc.- es siempre con cargo al empleador. ¿O quién más le paga algo a usted por trabajar? ¿El Viejito Pascuero? ¿Una rica heredera -o rico heredero- que usted conoció por ahí?
Los defensores progre-liberales del gobierno van a decir que eso es exagerado. Que a nadie le va a bajar el sueldo inmediatamente. Está bien, chicos, está bien, concedido: no es inmediato, sino que en la exacta medida en que los empresarios reduzcan paulatinamente las remuneraciones de los trabajadores hasta compensar el gasto extra que deben hacer.
¡Qué maravilla, entonces, que el proyecto ya prevé un plazo paulatino -o con gradualidad, como le gusta decir al gobierno- para el aumento de las cotizaciones! De aquí a seis años, los empleadores podrán ajustar los sueldos para que sea usted el que lleve esa carga. Una feliz coincidencia.
También es seguramente coincidencia que, justo, justo, las empresas ya están ajustando a la baja los sueldos -pagan menos- con la inflación. Este año se espera que llegue a 14%. ¿A usted le subieron el sueldo en 14%? ¿No? Bueno, usted haga el cálculo de quién gana y quién pierde.
Sigamos. Otro punto importante del proyecto es el establecimiento de la pensión garantizada universal, que es lo mismo que la pensión básica solidaria o la pensión asistencial. De hecho, eso ya existe: es la llamada PGU, creada en el fin del gobierno de Piñera, que se les adelantó a las actuales autoridades. Total, no le costaba nada.
Consiste, actualmente, en que el Estado aporta 193 mil pesos las pensiones de miseria pagadas por la AFP (aplican excepciones y mucha letra chica). Lo que promete el gobierno es que esta va a subir a $250 mil, “si se aprueba la reforma tributaria”, es decir, condicionado a que cuadren las cuentas fiscales.
Adelantemos que, por ahora, eso no parece muy posible -que cuadren las cuentas fiscales, porque reforma tributaria va a haber, pero a la pinta de los empresarios. O sea, puro humo, de nuevo.
Lo que no se dice es que esta pensión básica, en los hechos, sube la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años, con el simple expediente de que se paga recién a partir de esa edad.
Al final, hay que decirlo, la mayor parte del monto de las pensiones, tal como ahora, serán pagadas por el Estado, con los impuestas que les cobra a los contribuyentes, aunque en mayor medida relativa a los trabajadores y a los… ¡ay!… jubilados.
Y eso es interesante porque nos lleva al otro punto central de la propuesta del gobierno: las AFP. Según Boric, en su alocución televisiva, “las AFP se terminan”.
Curioso, porque las AFP no han dicho ni pío sobre estos planes de su inminente término. Y es lógico que estén piolas.
Porque, en realidad, no se terminan.
Continuarán haciendo su negocio de un modo más protegido, menos riesgoso para ellas.
Lo hemos dicho otras veces. Las AFP actuales responden a intereses distintos a los de su época inicial, en que fueron los grandes grupos económicos nacionales los que se hicieron del control de los recursos de los trabajadores para capitalizarse.
Especialmente después de la gran crisis del 2008, esos conglomerados comenzaron a vender sus AFP, que tantos beneficios les habían traído, al capital financiero internacional, en la forma de compañías de seguros.
Y esas son las que hoy dominan el mercado: Metlife, Principal y Prudential, de los Estados Unidos, los italianos del grupo Generali, y los narco-capitales colombianos del Grupo Empresarial Antioqueño, a través de su aseguradora Sura. Hola, Pablo Escobar.
De hecho, los únicos que no son aseguradoras son la Cámara Chilena de la Construcción, dueña de la AFP Habitat, junto con Prudential -esa es otra historia, en la que no vamos a entrar ahora- y los controladores de las AFP más chicas, Modelo y Uno.
A diferencia de los anteriores dueños de las AFP, que necesitaban capital para invertir y expandirse, las aseguradoras sólo necesitan cash. Su ganancia la hacen con la diferencia entre la plata que manejan y la que tienen que pagar. Sólo tienen que cuidarse que lo primero siempre sea mucho más que lo segundo.
Y eso es lo que estaba en riesgo con el actual modelo insostenible. Y cualquier cambio, aunque fuera pequeño y gradual, amenazaba con tocar sus intereses.
Entra aquí en escena el gran rescate del gobierno progre-liberal, sexogenéricamente inclusivo y plurinacional (aunque parece eso último ya no corre). Les garantiza el negocio a las AFP que, eso sí, tienen que cambiarse de nombre: a, tentativamente, Inversores de Pensiones Privados, IPP. ¿Lo captó? De AFP a IPP.
Las IPP se harán, como ahora, del 10% de los sueldos -10,5% dice el gobierno-, los manejarán a su antojo en los mercados financieros, y después le pagarán, ya no una pensión, sino una renta vitalicia, comoya se puede hacer ahora. Los fondos acumulados pasan a ser propiedad de la aseguradora o IPP, y esta le paga en cuotas, de acuerdo al riesgo que asume, es decir, garantizando -a costa de los jubilados- las ganancias de las AFP, perdón, IPP.
De este modo quedan blindadas y protegidas de los avatares del mercado, de las corridas bancarias y -por si acaso- de la crítica pública, mientras se embolsan la mayor parte de las cotizaciones de los trabajadores. ¡Buena!
De hecho, esto es tan bueno para los capitales que controlan las AFP que ellos mismos propusieron este esquema, que el gobierno presenta ahora como su reforma.
Y el negocio no termina ahí.
Con el 6% de cotización adicional se va a crear un fondo público en que se van a subsidiar las pensiones más bajas. Ese fondo va a funcionar, en todo lo demás, igual que una AFP, perdón, IPP. De hecho, ese fondo público, “eficiente y moderno”, como lo describió Boric, les va a pasar la plata que recaude a los mismos capitales privados para que la “administren”. ¡Buena!
En los próximos días se conocerán más detalles de la propuesta, se verá que lo que es para la galería y que es lo que probablemente se acordará en el Congreso.
Y también emanará mucho, mucho humo -¿habrá una AFP, ay, IPP, estatal? ¿los fondos serán “heredables”? etc., etc.- para tapar lo principal: todo esto está hecho para que el capital gane y los trabajadores pierdan.