Manuel Montenegro: preso político del régimen

“No queremos amnistía al precio de la deshonra”. Con esta frase, Fidel Castro, encarcelado luego del asalto al cuartel Moncada, no sólo mostraba la naturaleza ideológica del conflicto irreconciliable entre la clase trabajadora, la burguesía y el imperialismo. Además, marcaba una línea política e ideológica que interpelaba a los dubitativos y llamaba a la acción. Reconocía el momento de inflexión que se vivía en Cuba y Latinoamérica.

Ya se ve: no es puro heroísmo esto de rebelarse. También señala un camino, fija una ideología y posibilita conocer el destino de los que, dotados de dicha ideología, se someten al tiempo que les tocó vivir. La pregunta que deberemos responder: ¿Por qué algunos deciden someterse a su tiempo y otros guardan reserva conservando privilegios o recurren a quimeras democráticas para pretender posponer o dilatar el triunfo del poder del pueblo?

Manuel, desde su grandioso silencio y humildad logra acceder -no la vía especulativa o al margen de las circunstancias- sino por sus actos, su actitud, a responder esa pregunta.

La cárcel es fuego y agua. Enciende a los decididos y apaga a los vacilantes.

Manuel Montenegro Urra

El compañero Manuel Montenegro Urra, presidente del Sindicato Nacional de Montaje y Obras de Construcción, (SINAMOC), se encuentra detenido desde junio de 2019, siendo el único dirigente sindical encarcelado en nuestro país por el delito de «paralización de obra pública» contemplado en el código penal chileno. La acusación penal contra el compañero se inició a raíz de una negociación colectiva laboral reglada. Es decir, un proceso de negociación entre trabajadores y empresa que está reglamentado por ley, con pasos y plazos definidos, supervisado por la Inspección del Trabajo, organismo estatal encargado de fiscalizar las relaciones laborales en Chile.

Este proceso se desarrolló desde octubre del 2018 producto de un conflicto entre trabajadores organizados en SINAMOC y la empresa española Acciona. Esto, debido a la negativa de la compañía a reconocer el derecho para organizar el sindicato y aceptar las peticiones sindicales para la obra de construcción del Hospital Psiquiátrico público de la comuna de Putaendo, cuyo mandante era el Estado y su ejecutor, la empresa española.

Comenzó el conflicto con una serie de movilizaciones de los trabajadores, huelga, toma de camino de entrada a la obra, etc., hasta que, por mediación de la Inspección del Trabajo, se impuso la negociación colectiva reglada, en diciembre del 2018. Los trabajadores encabezados por el compañero Manuel Montenegro y el colectivo sindical reaccionaron y se tomaron la obra y desalojaron a toda la jefatura de la empresa. Esto tuvo la consecuencia que se tradujo en una acusación penal en contra de Manuel y otros 18 trabajadores por una larga lista de delitos, que van desde secuestro, amenazas, atentado incendiario, robo, daños, amenazas y el mencionado delito de paralización de una obra pública.

El juicio posterior estuvo mediado por actos de corrupción, arbitrariedades y situaciones irregulares denunciadas por el compañero Manuel en la misma audiencia de juicio oral y que constan en el acta judicial.

Al final, se desestiman todos los cargos, excepto el de paralización de obra pública. Manuel es condenado a tres años de cárcel, a los que suman unos meses por el delito de amenazas en contra del esbirro de la empresa que llevaba las negociaciones. La sentencia suma así cuatro años de cárcel efectiva.

Como prueba de la persecución irregular del pasado gobierno de Piñera en contra un dirigente sindical se puede señalar que el juicio se desarrolla con Manuel detenido en la cárcel de San Felipe. Luego es trasladado a la cárcel de alta seguridad de Santiago dónde vive el mismo régimen de aislamiento y segregación que se aplica a compañeros presos políticos como el militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro, con quién comparte militancia rodriguista.

Al compañero Manuel se le aplica un concepto de responsabilidad penal por hecho Ajeno y una supuesta Paralización ilegal de obra pública por actividades sindicales perfectamente legales y públicas, manifestaciones que están protegidas en los pactos de derechos humanos internacionales, en los convenios de la OIT y en los principios de la propia constitución y ley chilena. El juicio refleja el grado de corrupción al que ha llegado el poder judicial chileno en beneficio de empresas poderosas, en particular, cuando son transnacionales que mantienen vínculos criminales con políticos de las dos derechas, la derecha pinochetista, la derecha concertacionista socialdemócrata y hoy los partidos frenteamplistas con careta progresista. Se suma a esto, un nuevo juicio en Talca, en que la fiscalía pide 17 años de cárcel para Manuel.

La audiencia se desarrollará en febrero de 2023. Los acusadores son los mismos, la empresa española Acciona y el Estado de Chile, por la toma de la obra de construcción de la cárcel de Talca, conflicto que se desarrolla en el año de 2019, después de lo acontecido en Putaendo.

El despido injustificado de 140 trabajadores cuyo único motivo de despido fue ser socios y respaldar el pliego sindical de SINAMOC, desemboca en una manifestación y toma de la obra. A Manuel, junto a otro dirigente del sindicato, se le vuelve a acusar de paralización de obra pública y otros cargos agravantes. Manuel no ha tenido derecho a defensa jurídica y ninguna relación con la supuesta abogada de la Defensoría Penal Pública que tenía asignada, lo que ha hecho presente en las pocas audiencias telemáticas en que ha podido participar. Es probable que el compañero vuelva a ser condenado en febrero por el juicio de Talca.

Es deber de sus compañeros acompañarlo, solidarizar, denunciando al Estado de Chile y a sus régimen político corrupto y a la empresa española Acciona por violar el derecho a huelga, a la sindicalización y a la libertad de manifestación de los trabajadores chilenos en la persona de nuestro compañero Manuel Montenegro Urra, encarcelado desde junio 2019 y actualmente aislado de su familia en la cárcel de Llancahue, Valdivia, en el sur de Chile.

Manuel, vive la cárcel con dignidad. La obligación moral de sus compañeros es seguir adelante, levantar un programa de demandas populares que unifique las luchas, generar organizaciones clasistas y no confiar en las promesas vacía y engaños, que son caminos para darle estabilidad al régimen y aplacar la capacidad de movilización y rebelión de nuestro pueblo.

Manuel es fiel reflejo de la digna decisión de luchar.

Libertad a los presos políticos.

A organizarnos, a unirnos, a vencer.