Si quisiéramos contar los muertos por Carabineros desde su fundación, serían varios centenares de personas. Se supone que es una policía cuya labor es detener y evitar crímenes, pero el meollo del asunto es que desde su génesis se ha convertido en una fuerza de represión de los gobiernos de turno. Su funcionamiento como una especie de fuerza militar, sin serlo, condiciona la voluntad de los que lo componen, ya que su mundo se restringe a su cuartel, su relación con la delincuencia, el abuso de los oficiales, el rechazo de la población y la creencia que todo lo que hacen es legal.
No es casualidad que estén metidos en muertes en contra del pueblo, basta con recordar algunas de ellas.
La masacre de Pampa Irigoin en Puerto Montt, en 1969, el gobierno de Eduardo Frei Montalva mediante su ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, mandó a reprimir una toma de terreno, la que acabó con once pobladores muertos.
El caso degollados en 1985, en plena dictadura militar, un comando de carabineros secuestró a tres personas, luego las torturaron y las degollaron. Habrían actuado una veintena de policías en la acción, directa o indirectamente.
Esto, sin contar los cientos que sufrieron daños oculares durante el levantamiento popular del 2019, los miles que fueron baleados con balines de goma o plomo, los golpeados salvajemente, los que perdieron la visión totalmente y los muertos por Carabineros, como el caso de Álex Núñez, que murió por las patadas dadas por carabineros de la comisaría de Maipú.
Y está el asesinato sistemático de mapuche en los distintos gobiernos posteriores a 1990. Al menos ocho mapuche han caído por la acción de carabineros, generalmente con disparos por la espalda.
En estos días se dictará la sentencia en el caso de la muerte de Alex Lemún, a manos del mayor de carabineros Marco Treuer. Tras 20 años, en los que previamente se había dictado una condena de tres años al carabinero y que ya se daba por cumplida, se volvió a efectuar un nuevo proceso. Ahora parece ser que que el castigo será mayor.
El fondo de todo esto es la falta de justica que opera en contra de las personas en general. Pues en este caso es evidente la relación de impunidad entre el gobierno, la justicia y los jefes de los aparatos represivos del Estado. El fin es que no sean juzgados los esbirros de la represión y si lo son, que salgan sin recibir castigo. El imputado Marco Treuer, aun cuando estaba procesado por el crimen, fue ascendido, llegando al grado de coronel, lo que le da una jubilación de casi 2 millones de pesos mensuales.
No sólo se protegen a los asesinos mediante las redes de apoyo pagadas con dineros del Estado, sino que eso es así, pues los hechores intelectuales evaden su culpa y se ocultan, pues ellos deberían ser castigados con cárcel; hablamos de los políticos.
En el caso de Álex Lemún, no es justicia, si llega 20 años después