El asunto, para variar, fue improvisado. Un día antes, las ministras del comité político notificaron a los partidos del oficialismo de que el presidente Gabriel Boric tenía la intención de pronunciarse sobre el significado del 18 de octubre en lo que ellas llamaron “un discurso de Estado”.
Seguramente querían decir “un discurso político en que Boric usaría la retórica de lo que él cree es un estadista”, es decir, en su caso, el intento de conciliar lo que está enfrentado, de usar referencias históricas superficiales y arbitrarias, y repetir ciertas “frases profundas”, recogidas por ahí, sin sentido ni consecuencia.
Porque un discurso de Estado requeriría, primero, detentar la dirección real de ese Estado y la capacidad de definir y sintetizar lo que ese Estado quiere, y no, simplemente, reflejar lo que es, o sea, sus intereses y su carácter de instrumento de la burguesía.
Pero este Estado chileno, y el 18 de octubre de 2019 bastante tiene que ver con eso, no tiene idea de lo que quiere.
El discurso de Boric, cabía anticipar, sería más bien un conato de control de daños. Es lo que le exigen los partidos oficialistas. Las encuestas mostraban una nueva caída, luego de una semana en que el mandatario había estado ofreciendo un refrito de las consignas de Piñera en contra “la delincuencia”, los extranjeros -variante: pobre-, y a favor de “nuestros carabineros”.
Además, los dirigentes políticos estaban asustados de que, en cualquier momento, los hicieran arrastrarse, en harapos y con cenizas en el pelo, sobre la cancha de obstáculos de la Escuela de Carabineros, como castigo por ciertos oportunismos antiguos. Había que dar vuelta la página. Ahora todos somos pacos, olvidemos el pasado.
En materia de discursos, había llegado una oferta de negocios a La Moneda, desde España. El especialista catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, estratega de las campañas de Petro y de Lula, ex asesor de Lavín en tiempos pretéritos, y de honorarios famosamente altos, había enviado una muestra gratis de sus servicios, en forma de una columna en el diario El País. En ella, básicamente, aconsejaba a Boric de dejar de hablar tanta weá y que hiciera algo.
Hasta las mejores recomendaciones pueden caer en los proverbiales oídos sordos.
En su discurso, Boric se limitó, como era de esperar, a recalentar un guisado de artículos de La Tercera y cosas que le habían llamado la atención en Twitter. “El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuestas”, razonó, inaugurando, de paso, una novísima concepción kinesiológica de la historia.
“Ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort” -¿el baño?-; “se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas” -eso: unos asesinaban (hicieron) y otros denunciaban los asesinatos (dijeron)-; “hay que actuar sobre la realidad que tenemos y no sobre la que desearíamos tener” -la realidad es la realidad, no la no-realidad- etcétera, etcétera.
Como concepción general del 18 de octubre, la reflexión de Boric no excede la altura ya fijada por Sebastián Piñera, pero hace tres años, en su distinción mañosa del 18 y del 25 de octubre, día en que se realizó la mayor concentración en Santiago y en el que la policía limitó, parcialmente, su acción represiva.
“Se escuchan”, dijo Boric, “a veces opiniones que se limitan a explicar el 18 de octubre como si fuera una pura explosión de violencia, como si esa violencia hubiese brotado sólo de la delincuencia o de la falta de control policial. Sin embargo, quienes promueven en estos días esa mirada se les olvida que hubo un día, el 25 de octubre, en el que más de 1 millón de personas salió a las calles en Santiago y miles en el resto del país”.
Boric puede, por supuesto, pensar lo que quiera, o no pensar nada, cosa que le acomoda más, por lo visto. No tiene importancia.
Lo que sí es importante es lo siguiente, porque no concierne a la persona de Boric, sino a las funciones y responsabilidades que detenta.
El presidente declaró en su discurso que “también (!) no podemos olvidar que el estallido social fue también un momento doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos. Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante los cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver repetir”.
“Sobrepasar los límites de lo aceptable”, en referencia a los graves crímenes de Estado cometidos, suena a un eufemismo, destinado a facilitar, justamente, que se olviden o se minimicen, algo que el propio Boric reconoce que “no podemos” hacer.
Tampoco “podemos permitir” que esos crímenes queden impunes y se repitan; “es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen”, agregó Boric.
Es interesante que lo diga un día después de se publicara un estudio que muestra que de 8.593 causas que han ingresado formalmente en contra de agentes del Estado, sólo 75 se han formalizado. 75. Eso es el 0,8%.
Esas 75 causas formalizadas, a tres años del levantamiento popular, se dirigen en contra de 128 miembros de las fuerzas de seguridad y militares. Ocho (8 de los 128, eso es el 6,2%) han sido sometidos a prisión preventiva.
A doce (12) imputados se les impuso arresto domiciliario y a 33, la prohibición de salir del país sin autorización judicial. A otros 42, los tribunales les decretaron la prohibición de “acercarse a la víctima”.
Es llamativo que el jefe del Estado, que es el responsable de las acciones del Estado, en un “discurso de Estado”, en el que se postula que “realidad es la que es y no la que deseamos”, niegue esa misma realidad de un modo tan desvergonzado.
¿Desearía, quizás, Boric que esa realidad fuera distinta? Seguramente, sí. De lo contrario, no hablaría tanto de lo que “nosotros” no podemos “permitir” u “olvidar”.
Pero, la realidad es la que es.
Entonces, cuando el jefe de Estado, que llegó a ese cargo con la promesa que liberaría a los presos políticos, otro crimen del mismo Estado que encabeza, y que no mereció palabra alguna en sus reflexiones, sostiene que “cuando pedimos sanciones contra los abusos policiales no dejamos, ni por un segundo, de valorar el trabajo que las policías hacen todos los días para proteger a la población y frenar la delincuencia”, no estamos ante meras palabras que se las lleva el viento, de discursos vacíos y pedestres.
No. Se trata de algo muy distinto. Es evidencia de complicidad y de encubrimiento de los crímenes que comete el Estado.
Y como él tiene la responsabilidad máxima sobre las acciones que realiza el Estado, debería fiarse menos en la irrelevancia y mediocridad de sus discursos y recordar lo que se le advierte a todo sospechoso: “usted tiene derecho a guardar silencio; todo lo que diga puede y va a ser usado como evidencia en un juicio”.