“Los tíos”. Así llamaba Edgar Rózsa a una cúpula secreta de oligarcas que le daba las órdenes. Los tíos le habían provisto de abundante armamento y explosivos y querían actuara pronto.
Era el año 2009, y en la provincia boliviana de Santa Cruz, las autoridades locales, gremios empresariales y los carteles del narcotráfico y el contrabando que dominan en el oriente del país se habían levantado en contra del gobierno del entonces presidente Evo Morales.
Querían, así decían, deshacerse de “los indios” y de “los cholos”. Para ello, comenzaron a jugar con la consigna de la secesión. Hablaban de una “nación camba”, racialmente superior a la mayoría indígena de la población boliviana.
En el curso de sus movilizaciones, habían decretado un “lock-out” empresarial e impedían el acceso a la región. A las razzias de la “juventud dorada” santacruceña en contra de cualquiera que se opusiera a sus designios, se sumaron los atentados explosivos.
Una bomba estalló en la casa del cardenal Julio Terrazas, presidente de la Conferencia Episcopal, y uno de los promotores civiles del golpe en contra del gobierno de Morales. El monseñor no estaba en su domicilio y sólo fue dañada la puerta de entrada. Eso no obstó a que personeros alineados con la oposición señalaran que el prelado pudiera haber muerto -de haber estado en su casa en el momento de la explosión- “debido a un ataque al corazón”.
El acto era uno de varios dirigidos en contra de instalaciones eclesiásticas y que la propaganda de los conjurados atribuía al gobierno.
En todo eso, tuvo su mano Edgar Rózsa Flores, de triple nacionalidad, boliviana, croata y húngara.
Rózsa hizo sus primeras armas como mercenario en la guerra civil yugoslava, en el bando de los nacionalistas croatas. Allí se habría destacado por el asesinato y la tortura de dos personas a las que acusó de ser espías serbios. Por sus servicios prestados, recibió la ciudadanía croata. Después se radicó en Hungría, donde se habría unido a círculos islámicos, al igual otro de los mercenarios, Árpád Magyarosi.
También pertenecían al grupo otro húngaro, Előd Tóásó, y un boliviano, ligado a la colonia croata local, Mario Tadic. El último de los mercenarios era Mike Dwyer, un irlandés que trabajaba como matón a sueldo para una empresa de seguridad contratada por la multinacional Shell para intimidar a opositores a una planta de la compañía petrolera en el condado rural de Mayo, en el este de la isla.
Rózsa y sus singulares colegas estaban parapetados en el cuarto piso del Hotel Las Américas en Santa Cruz, no lejos del centro. Las habitaciones estaban repletas de armas y municiones, y esperaban las instrucciones de “los tíos”.
Lo que no sabían era que un equipo especial de la policía boliviana ya los había detectado. Los agentes llegaron al lugar y lo tomaron por asalto. La operación devino en un enfrentamiento a tiros y hubo varias explosiones.
Al final, yacían muertos sobre las alfombras del hotel Roszas, Magyarosi y Dwyer.
Inmediatamente, la oposición interna y medios occidentales pusieron en duda la versión oficial de las autoridades bolivianas. Para ellos, se trataba de un “montaje” del gobierno de Evo Morales, con la asistencia de la inteligencia de Venezuela, entonces gobernada por Hugo Chávez.
Lo que no pudieron negar, sin embargo, era la existencia de los mercenarios y el hecho de que estaban pertrechados para pasar a la acción. Por otra parte, las declaraciones de los imputados demostraban quiénes eran “los tíos”, entre ellos, el entonces gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y el magnate Branko Marinkovic.
La justicia boliviana se tomó su tiempo para investigar los hechos. Tadic y Tóásó fueron condenados a una pena menor de cinco años por alzamiento armado y, apenas sentenciados, abandonaron el país y reaparecieron en Chile.
El fiscal que había dirigido esas indagatorias tan poco acuciosas se vio envuelto en un escándalo de extorsión por el que fue condenado a 12 de cárcel. Huyó a Brasil, donde se declaró “perseguido político” y declaró “falsas” las pruebas acumuladas en los seis años de investigación que el mismo encabezó.
En 2020, un tribunal absolvió a todos los involucrados, debido a un tecnicismo: el gobierno golpista de Jeanine Áñez había retirado la acusación ante la justicia.
Esa decisión, manifiestamente ilegítima, es la base de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se conoció ahora y que acusa al estado boliviano de “violación a los derechos humanos” y exige “reparaciones” a los mercenarios sobrevivientes y a otros imputados en la causa como co-autores y cómplices del grupo terrorista.
El dictamen da por verdaderas las declaraciones de los implicados, del fiscal corrupto y de un gobierno golpista. Llega al punto de considerar una “ilegalidad” de que fuera una unidad de fuerzas especiales de los servicios de seguridad, enviada desde La Paz, la que hubiese practicado el allanamiento en el hotel Las Américas, y no la policía local, dependiente de las autoridades sediciosas.
El informe, cuyo efecto desestabilizador es patente, fue firmado en diciembre de 2021 por Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH. Pocas semanas después fue designada ministra de Relaciones Exteriores de Chile por el recién electo Gabriel Boric.
Urrejola llegó a tan prominente posición internacional -y ahora nacional- debido a un solo factor: su patrón, el senador José Miguel Insulza. Ella cumplió el papel de asesora personal de Insulza cuando éste se desempeñó como secretario general de la OEA, el llamado ministerio de colonias de Estados Unidos.
Algo muy importante, entonces, hace que Urrejola se mantenga en el cargo, a pesar de los numerosos desaguisados diplomáticos y decisiones erráticas, que caen bajo su ámbito de responsabilidad y que han sido criticados por diversos sectores políticos.
¿Corresponde al interés nacional que una persona claramente inepta y de conductas tan oscuras represente al país en el exterior? Nosotros creemos que no.
Pero no es el interés nacional, al menos no el de Chile, el que anima a los gobiernos de este país.