El Congreso Nacional aprobó, nuevamente, la prolongación del estado de excepción en contra de los mapuche. En la cámara alta, hubo un solo voto en contra, de la senadora Fabiola Campillai. En la Cámara de Diputados, sólo un puñado se opuso.
El gobierno hace rato abandonó el cuento de lo “acotado” que usaron la primera vez. Y no hay para cuando termine el estado de excepción en el sur.
Ya es una rutina.
Pero el gobierno va por más. La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que, por segunda vez, intentará reflotar el proyecto represivo de Piñera de la militarización de la “infraestructura crítica”.
La primera vez, intentaron asimilarlo a los estados de excepción, con la particularidad de que el gobierno lo declararía previo informe de la… ¡ANI! Una curiosa idea, que le otorgaría al servicio secreto una función constitucional, hasta ahora reservada para los poderes del Estado elegidos, se supone, democráticamente.
Y en aquella ocasión intentaron hacer explícito lo que el proyecto de Piñera buscaba de manera tácita: que la “infraestructura crítica” pudiera abarcar cualquier cosa. Por eso, decían los representantes del gobierno, la famosa infraestructura podía abarcar desde una represa hasta una carretera o, incluso, los liceos o empresas en huelga.
Esa movida legislativa fracasó, debido al rechazo de la derecha, que quiso demostrar quién manda en el Congreso.
En su segundo intento, la cosa ya es sin vergüenza alguna.
Según Tohá, ahora “no queremos que sea de infraestructura crítica, sino que un proyecto de resguardo y protección de la infraestructura, despeje de las vías y proteja a las personas, con uso de las Fuerzas Armadas”.
A diferencia de un estado de excepción de emergencia, como el que prevé la constitución, en este caso no se afectarían los derechos de reunión y circulación. Y, siempre según la ministra del Interior, se mantendría “una capacidad de las autoridades civiles de estar a cargo de la situación”.
Esas aparentes limitaciones sólo subrayan el propósito de fondo: el empleo directo y permanente de las fuerzas armadas en tareas represivas. Lo que todavía es -a duras penas- excepcional, quieren convertirlo en regla.
Ante la crisis del régimen político, el gobierno sueña ahora con un régimen civil-militar en contra de las movilizaciones populares.
El empeño tiene cierta lógica. Saben que el constante deterioro de las condiciones económicas atizará las luchas del pueblo. Y éste le temen como el diablo al agua bendita.
Pero sobreestiman sus posibilidades. Tampoco estudiaron la experiencia del levantamiento popular del 2019. Piñera, asustado, también intentó la solución militar. Fracasó.
Pero hay otro aspecto que considerar: ¡cuán rápido pasamos de la propuesta de una constitución de avanzada y democrática, que fracasó políticamente, a las doctrinas autoritarias del Estado de seguridad nacional! Porque, literalmente, ni siquiera la constitución del Pinochet llegó a estos extremos.
Es cosa de hacer un breve ejercicio mental. ¿Qué dirían los actuales gobernantes, si el nuevo gobierno italiano de Giorgia Meloni promoviera una iniciativa similar?
Pues dirían que eso sería una comprobación de que es fascista.
O más cerca: ¿qué dirían si los dirigentes de la derecha más reaccionaria propusieran exactamente lo mismo que ellos quieren realizar ahora?
¡Cierto! Ni siquiera Kast llegó tan lejos. Y eso que él era el fascismo que se debía impedir, votando -¡qué conveniente!- por el actual personal político.
Y después se preguntan por qué nadie les cree.
Da igual.
El período que viene es de defender lo nuestro, frente al despojo económico y la decadencia política.
Y los que tienen miedo son ellos, todos ellos, no nosotros.