A 12 y 10 años de cárcel fueron condenados dos carabineros que habían atacado a tiros una manifestación en La Florida en 2020, provocando varios heridos. Mientras, protegidos por el gobierno, el actual general director de Carabineros y su antecesor intentan zafar de sus responsabilidades ante la justicia.
El fallo del 7º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al cabo Juan Luis Solís Parra a 12 años y 182 días de presidio efectivo y al sargento Robert Eduardo Sepúlveda Guzmán a 10 años. Otro de los involucrados, Luis Alfredo Diocares Torres, quien no es parte de la policía, recibió la misma pena de 10 años de cárcel.
Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2020, cuando un grupo de personas de civil atacó a tiros a una manifestación en el sector de Vicuña Mackenna con Trinidad. 10 personas resultaron heridas en esa ocasión, pero afortunadamente no hubo fallecidos, a pesar de lo artero de la agresión.
La sentencia recogió la teoría de la fiscalía que dio por verdadera la versión de los propios acusados, en el sentido de que éstos habrían actuado espontáneamente luego de beber y celebrar, en privado, el “Día del Carabinero”. La investigación no exploró si hubo otros implicados y si los agresores habían recibido órdenes superiores.
De ese modo, lo que pudo ser una masacre, a ojos de la justicia quedó como un delito común.
En tanto, los jefes máximos del órgano represor, que también son objeto de indagaciones de la fiscalía, intentan zafar de la justicia, sumando argucia tras argucia.
El mismo día en que se conoció la condena en contra de los que fueran sus subordinados, el ex general director de Carabineros, Mario Rozas, cumplió otro trámite dilatorio. La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo en que buscaba impugnar a la fiscal Ximena Chong, que investiga las diversas querellas por delitos de les humanidad perpetrados por agentes del Estado.
El actual jefe de Carabineros y protegido del gobierno de Gabriel Boric, el general Ricardo Yáñez, también juega a tiempo. Por segunda vez, pidió postergar su interrogatorio. Por una parte, porque la diligencia debe realizarse, según dice, en su oficina o domicilio, y por otra, porque no pudo prepararse para la entrevista, debido a que “durante septiembre el general estuvo una semana en la ONU, y luego”, sí, no es broma, “centrado en las actividades relacionadas a las Fiestas Patrias”, según argumentaron sus abogados.
Las Fiestas Patrias son siempre en la misma fecha, cada año; pero la “cumbre de jefes policiales” organizada por Naciones Unidas, y a la que efectivamente asistió Yáñez, duró sólo dos días: el miércoles 31 de agosto y el jueves 1 de septiembre. Qué estuvo haciendo Yáñez en Estados Unidos el resto del tiempo, a costo fiscal, podría ser, también, de interés para la fiscalía.
Ante esas mismas Naciones Unidas, el presidente de la República señaló este martes que, durante el levantamiento popular de 2019, “fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de 400 personas víctimas de trauma ocular producto de la acción del Estado, lo que constituye, desde el punto de vista de nuestro gobierno y de organismos internacionales de derechos humanos, en una grave violación a los derechos humanos que debe ser reparada y así lo será”.
El pleno de la Asamblea General de la ONU ha visto muchas otras muestras de cinismo de mandatarios de otros países y, también, de representantes chilenos. Boric sólo añadió su contribución a esa larga e ignominiosa lista. Mientras frente al mundo denuncia los atropellos cometidos por los agentes del Estado, en Chile mantiene a los máximes responsables de esos crímenes en el mando de los mismos organismos represivos.
Tampoco pudo privarse el gobernante del país en que la prisión política persiste como herramienta de intimidación y persecución, de pedir por la liberación de los presos políticos… ¡en Nicaragua!
Ante semejante desvergüenza en la cúpula del Estado, no es raro que los esbirros, asesinos y torturadores se sientan tranquilos para efectuar sus maniobras para escapar del castigo que merecen.