El gobierno ordenó la más amplia represión durante la marcha del 11 de septiembre. Su raciocinio parece ser que, si la naturaleza no va a tener derechos, los seres humanos que les molestan, tampoco.

La acción policial incluyó el ataque a dos jóvenes que fueron violentamente introducidos a un vehículo por civiles no identificados, que se desplazaban en varios automóviles, con patentes, según se supo después, que correspondían a distintas entidades comerciales y a la dirección de logística de Carabineros.

Muchos se preguntaron qué diría la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, sobre esos hechos que afectaban a menores de edad. Pues no dijo nada, y no porque no estuviera enterada de la situación.

En una entrevista a Teletrece Radio, informó que ella personalmente “verificó” lo ocurrido. “El titular es: ‘secuestro estilo CNI’”, se quejó. “Y eso no es un secuestro, es una detención”, sentenció. Y abundó en detalles de su “verificación”.

“Esos eran autos de carabineros que actúan de civil, que eso tiene que ver también con una cosa policial”, explicó. “Y se detiene, porque había un adolescente y un adulto que habían estado lanzando artefactos explosivos. Se hizo un seguimiento con imágenes y eso motivó que se les aprehendiera, por instrucción del Ministerio Público, es decir, todo en un marco de legalidad”.

El hecho de que la policía uniformada actúe del mismo modo que el Tren de Aragua, la mafia o, bueno, la CNI, para la señora Muñoz es “una cosa policial”, “todo legal”, por lo demás.

Por lo visto, la defensora de la niñez no está enterada de que la CNI también actuaba en el “marco de la legalidad”, que, a las personas que secuestraba, también les adjudicaba supuestos “delitos” que después eran procesados por los tribunales. Y que los apologistas de los crímenes de la dictadura respondían en esa época exactamente del mismo modo en que lo hace ella hoy: justificándolos, defendiéndolos, blanqueándolos y criminalizando a las víctimas.

Y en las actuales circunstancias, la defensora de la niñez parece haber encontrado un nicho adecuado para su acción: azuzar la represión en contra de los estudiantes secundarios movilizados.

Para ella, el objetivo debe ser “separar” a los “violentos” de las “demandas legítimas”. Pero eso es complicado, reconoce. Muchas veces, cuenta, en las asambleas de los muchachos, los dirigentes del centro de alumnos hacen sus planteamientos, pero aparecen otros, con consignas “revolucionarias”, y “se llevan a la masa”. Primera tarea, concluye, los centros de alumnos deben “controlar” esa masa, con el “soporte contundente” de adultos.

Uno ya se imagina cuán “contundente” puede ser ese “soporte”, pero Muñoz no se detiene ahí. Tiene un llamado al gobierno, a la policía y a la fiscalía: “sentémonos, hagámoslo bien y tomemos definiciones que involucren investigar situaciones que pueden ser coherentes con lógicas de organizaciones criminales que pueden estar cooptando a adolescentes para hacerlos intervenir en actos delincuenciales de la máxima gravedad”.

La defensora de la niñez, “haciendo las cosas bien” junto a los agresores de la niñez, para perseguir movilizaciones sociales como si fueran “organizaciones criminales”. Mira tú.

¿Por qué Muñoz, que había cuidadosamente cultivado su perfil de abogada partidaria de la defensa de los derechos humanos, en general, y los de los niños, en particular, ahora quiere ser parte de una mesa represiva?

Por dos razones. La primera: es lo que pide el régimen, que desesperadamente busca apertrecharse y protegerse. Sabe que la cosa se viene difícil y quiere disponer de todos los medios para defenderse de la fuerza popular.

El segundo motivo, es el pequeño secreto que la señora Muñoz no quiere aún compartir públicamente. Y es que está buscando pega.

Y no cualquier pega, sino una por la que viene bregando desde hace años: fiscal nacional. Tanto quiere ese puesto que incluso rechazó la oferta del Frente Amplio de ser candidata presidencial, mucho antes de que un tal Gabriel Boric aceptara aquel encargo. Imagínese.

Muñoz, en efecto, ascendió de la mano del anterior fiscal nacional, Sabás Chahuán, y se convirtió, después, muy convenientemente en una protegida del megacorrupto Jorge Abbott.

Su sorpresivo nombramiento al cargo de defensora de la niñez, en 2018, dejó en el camino a otros postulantes más incómodos como la jueza Mónica Jeldres, que había investigado los abusos en el Sename. Recomendada por su patrón, a quién los senadores le deben muchos favores, su aprobación en la cámara alta fue unánime.

Ahora, Muñoz está como candidata de continuidad en la fiscalía nacional. Ya deja claro cuál va a ser su programa: tapar los robos a los de arriba y palos impunes para los de abajo; y sin importar la edad.

Es lo que se llama una carta ganadora.