Al final, lo logró. Carolina Tohá se convirtió en la ministra del Interior del gobierno de Boric. Presionado por los partidos de la derecha, no hubo tiempo de ver otras opciones. El cargo recayó en la que tenía más ganas.
Izkia Siches, la ex presidenta del Colegio Médico, se va para la casa. Ingresa una protegida de Ricardo Lagos y antigua clienta de Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet que se apoderó de Soquimich durante la dictadura. Conservó sus negocios sucios en el período posterior gracias a un método infalible: compraba partidos, parlamentarios y gobiernos para que protegieran sus intereses.
Las coimas de SQM, como se hace llamar desde hace un tiempo, llegaron a todos. Pero hubo un partido y una operadora privilegiada: el PPD y Carolina Tohá.
Siendo presidenta de la colectividad, incluso ¡registró a Soquimich como militante del partido en los registros oficiales!
La pillaron, pero libró piola, al igual que los otros, seguramente porque las coimas también van a otras instituciones.
Ahora, es nominalmente la jefe del gabinete. Pero eso es relativo.
Porque el nombramiento más importante es el de Ana Lya Uriarte en el ministerio Secretaría General de Gobierno, un cargo habitualmente de segundo orden, pero que, ante el llamado parlamentarismo de facto cobra especial importancia. Reemplaza al, hasta ahora, verdadero dirigente del gobierno, Giorgio Jackson, quien se mantiene como ministro, en Desarrollo Social, y -así, al menos, espera- en las sombras.
Uriarte es una operadora política que, como ministra de Medio Ambiente, bajo el primero gobierno de Bachelet, favoreció los intereses de los grandes grupos económicos y, después, formó una lucrativa “consultora” privada, para gestionarlos directamente ante las autoridades.
Su actual ascenso al gabinete, sin embargo, es accidental.
Ella ya dirigía, detrás de bambalinas, el Ministerio del Interior. El cargo que ahora asume originalmente iba a ser ocupado por subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve. Ambos pertenecen al mismo círculo de influencia de otro operador del PS, Mahmud Aleuy, quien mantiene importantes nexos con los aparatos represores. De hecho, él fue el cerebro político detrás de la llamada “Operación Huracán” que buscó incriminar con pruebas falsas a dirigentes mapuche.
Sin embargo, ese arreglo no satisfizo a la derecha y a Carabineros que, además, se ofendieron con el nombramiento de un comunista, Nicolás Cataldo, como subsecretario del Interior. Apenas se enteraron, exigieron su remoción, lo que Boric cumplió casi inmediatamente. Pero también vetaron al reemplazante improvisado, Alejandro Urquiza.
Exigieron que se quedara Monsalve en la subsecretaría, desde la cual se coordinan las actividades represivas. Para el cargo que quedaba vacante, los partidos de la derecha pidieron a Uriarte.
Boric cumplió también con esas exigencias, sin chistar. Todo el enredo ocurrió en el lapso de no más de dos horas.
En la ceremonia, realizada en La Moneda, mientras Carabineros atacaba y golpeaba jóvenes en las afueras del palacio gubernamental, Boric se mostró convenientemente compungido. Para compensar al PC por el daño causado, “invitó” a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, al comité político, una decisión adoptada “desde antes de estas vertiginosas horas”, mintió.
Había cumplido con todos los requerimientos de la derecha, los acordados previamente, los impuestos a último minuto, y, aun así, no dejaban de humillarlo y exponerlo en su completa falta de poder. Pues, mientras los nuevos ministros rendían su juramento, los partidos de la derecha dejaban en suspenso, en medio de disputas internas, la reunión que debía marcar el inicio del “gran acuerdo nacional” reaccionario y represivo entre los partidos del régimen.
Sólo en la tarde, anunciaron que irían al encuentro que ya había perdido toda relevancia.
La conclusión del plebiscito sólo ha dejado al descubierto lo que antes quedaba medianamente tapado.
Así se bajan las caretas y quedan expuestos los que gobiernen este país.