Debió ser un momento incómodo para los fiscales. Ellos llevaban desde 2020 una investigación en contra de Héctor Llaitul, originada en una querella presentada por el gobierno de Piñera. Tanto las autoridades del gobierno pasado como el Ministerio Público sabían que la acción judicial, por Ley de Seguridad del Estado, no tenía ningún destino.
Por eso estaba ahí, durmiendo, por si las moscas, esperando el momento en que fuera necesario agudizar la persecución política en contra de la lucha del pueblo mapuche, en la persona de uno de sus dirigentes más conocidos.
Ese momento, nunca llegó. Hasta ahora.
Para Piñera, dar ese paso era demasiado delicado. La represión en contra del pueblo mapuche, realizada, incluso, con el empleo de las Fuerzas Armadas, y la restricción de los derechos constitucionales de los habitantes de la zona, siempre ha estado justificada en consideraciones de “seguridad pública”.
Todos saben que se trata de ahogar la lucha del pueblo mapuche. Pero, hacia afuera, las medidas represivas son legitimadas con la existencia a grupos delincuenciales de vagas e inciertas motivaciones.
En otras palabras, siempre se la ha negado el carácter político a ese enfrentamiento.
Y perseguir a Héctor Llaitul, un dirigente de trayectoria que, de manera muy especial, ha defendido las demandas de los mapuche y su derecho a resistir el despojo del que es víctima, en foros, publicaciones, entrevistas y declaraciones políticas, era cruzar esa línea imaginaria.
Piñera no quiso llegar a ese extremo. Tuvo que ser el gobierno de Boric quien diera la orden.
Acicateado por los intereses empresariales, por los medios de comunicación que responden a los llamados de los dueños del capital, por la derecha e, incluso, por las voces de su propia coalición, que se enfurecen por el hecho de que los mapuche no se sometan a sus designios y planes, decidió lanzarse.
Lo chistoso es que dio la orden varias veces. Pero no le hicieron caso. La fiscalía arrastraba los pies. Alegaba que lo quería por escrito y con razones, en forma de una nueva querella, que dijera claramente que el gobierno quería preso a Llaitul por sus posiciones políticas. El Ministerio Público no quería quemarse con una nueva Operación Huracán.
Finalmente, el gobierno hizo exactamente eso: exigió la detención y el procesamiento de Héctor Llaitul basado en que “valida públicamente la vía armada como un mecanismo legítimo para reivindicar demandas sociales”.
La fiscalía sabía que, por mucho que el gobierno lo ordenara con creciente desesperación, no podía exponerse tanto. Por eso, adornaron su requisitoria con algunos de delitos de “verdad”, aunque bastante menores: haberse llevado madera ajena y tomarse, temporalmente, un terreno.
En la ley, eso llama técnicamente hurto y usurpación. Para adornar el pastel le agregaron el delito de “atentado a la autoridad”. Eso suena como hacer estallar por el aire el auto de Carrera Blanco o dispararle al archiduque Fernando.
Pero no es para tanto.
Es el caso de, como dice el artículo 261 Nº2 del Código Penal, que es el que invocó la fiscalía, “los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquélla o éstos ejercieron funciones de su cargo”.
Y esa violencia no consiste en que le hayan volado un diente concreto a un paco en el proceso de “acometer” o “resistir”, porque ese sería otro delito ¿verdad? No, este tipo penal es bien abstracto, general, casi… aéreo. Y, desde luego, está pensado para perseguir judicialmente movilizaciones sociales. Muy útil, cuando no se tienen otras pruebas incriminatorias.
Porque pruebas, lo que se llama pruebas, no tienen. La fiscalía obtuvo diez autorizaciones judiciales para interceptar teléfonos de Llaitul y de su entorno. Y lo único que pudieron presentar en la audiencia es una grabación en que Llaitul -o alguien, porque eso, que sea la voz de Llaitul, también tienen que probarlo- cuenta que anda madereando.
Una conversación que, los fiscales, citadinos como son, no advierten que encaja con la normalidad de lo que se habla en el campo por teléfono: “voy llegando; espérame arriba, abajo, al lado; voy a ir a hablar con ese hombre para arreglar ese asuntito; se me escapó la vaca; me quedé en pana”; y -con una frecuencia que podría alarmar a los persecutores penales- “te traigo los fierros, las herramientas, los cosos”, o expresiones semejantes.
Pero lo único que pudieron extraer los fiscales era que andaba trabajado con la moto (motosierra, para el público urbano) y el hacha. ¡Buena Sherlock!
Conscientes de la pobreza franciscana de su pretensión punitiva, y de lo comprometedor que puede resultar el fracaso judicial de su montaje contra Llaitul, alguien, no se sabe quién, si fueron los fiscales, si los de Temuco o de Santiago, o la PDI, o un querellante particular que apareció de la nada, o algún funcionario de gobierno, decidió filtrar otra conversación, menos rural.
En ella, una asesora del Ministerio de Desarrollo Social propone concertar una conversación entre la ministra Jeannette Vega y Héctor Llaitul. Tampoco hay mucho más, aunque es posible esté guardada por ahí alguna otra grabación “interesante”.
La derecha, como es lógico, se lanzó con todo. Y el gobierno se arrastró como siempre.
Súbitamente, nunca existió el “ánimo de diálogo, y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo público, con todos los actores, incluyendo la CAM, sin duda”, como dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, y nunca el propio presidente Boric se puso “a disposición de la familia” Llaitul, ni le expresó su “solidaridad” y, menos, exclamó “¡no más militarización!” cuando fue asesinado Pablo Marchant, quien fue identificado, en un gesto macabro, inicialmente, como Ernesto Llaitul, el hijo de Héctor.
No. Todo eso nunca existió.
Boric, simplemente, destituyó a la ministra que había estado implementado el plan político inicial de su gobierno. ¡Fuera! le dijo ¡váyase! como quien ahuyenta a un mal sueño o un recuerdo vergonzoso.
Porque ahora, este gobierno -que es incapaz de soportar media hora de presión política de sus adversarios-aliados de la derecha, que ante el aviso mafioso de los “círculos autónomos” de la represión política, simplemente se rinde- este gobierno, entonces, pretende ir a la guerra contra los mapuche y amenazar a todas las luchas sociales en Chile.
¡Qué farsa! ¡Qué maldita farsa!