La ministra del Interior, Izkia Siches, calificó la detención de Héctor Llaitul, efectuada en la ciudad de Cañete, como “los frutos” del trabajo realizado por el Ministerio Público y la policía. Agregó que no debían sacarse “réditos políticos” de este hecho, en abierta contradicción con la circunstancia de que el arresto fue resultado de una decisión política adoptada por el propio gobierno.
De acuerdo a las informaciones entregadas por la fiscalía, Llaitul sería formalizado por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado y “hurto de madera”. Esa combinación es decidora.
La primera imputación, que se origina en una querella presentada, pero nunca ejecutada, por el gobierno del Piñera y que fue ratificada y, después, ampliada, por la actual administración, tiene un manifiesto fin de persecución política. El escrito presentado por el gobierno de Boric expresamente pide que se castigue a Llaitul por “validar públicamente la vía armada como un mecanismo legítimo para reivindicar demandas sociales”.
La segunda acusación, en cambio, el hurto de madera, es la prenda exigida por el mayor enemigo del pueblo mapuche, y el objetivo hacia el cual se dirigen las acciones de resistencia de la CAM: las grandes empresas forestales. Éstas, concretamente, son dos: Arauco y CMPC, pertenecientes a los grupos económicos Angelini y Matte, respectivamente.
Pese a las aseveraciones del gobierno de que sólo estaría operando el “estado de derecho”, nadie tiene duda alguna de la finalidad política de la detención de Héctor Llaitul.
En la galaxia de bots y trolls de ultraderecha que pueblan las redes sociales y que, en todo caso, constituyen el contenido del universo intelectual de los políticos de los partidos de derecha, rápidamente se divulgó la especie de que la detención de Llaitul sólo sería una maniobra del gobierno del “merluzo”, según dicen, “hasta el plebiscito”. Una afirmación en ese sentido fue retransmitida por una cuenta oficial de la PDI.
Lo absurdo de esa teoría conspirativa esconde, sin embargo, como suele ocurrir, un grano de verdad.
Primero, sólo un abuso judicial abierto podría hacer posible o, siquiera, probable una condena por los delitos que se le imputan a Llaitul. Ya está claro que pretenden perseguirlo por sus declaraciones y posiciones políticas. Eso no basta en un juicio de verdad. Pero sí es suficiente para castigarlo con prisión hasta que llegue el momento oportuno.
Ese momento, sin embargo, no será en dos semanas, hasta después del 4 de septiembre, sino que puede prolongarse por años, como ha ocurrido, como regla, con los prisioneros políticos en Chile.
La relación con el plebiscito es otra.
Es justamente el tributo que paga el gobierno a los intereses económicos que exigen venganza en contra de quienes se han rebelado en contra del saqueo y la usurpación realizada por grandes conglomerados capitalistas, en desmedro de los derechos del pueblo mapuche.
Y es, también, una prenda de garantía, una concesión más al Rechazo, que ofrece este gobierno para demostrar que, pase lo que pase en el plebiscito, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender los intereses del capital y del régimen dominante. Ese es, justamente, el contenido del nuevo acuerdo del régimen en que están empeñados el gobierno y los partidos del oficialismo y la derecha. Un acuerdo que implica la conservación, sino de las normas, del espíritu de la constitución pinochetista.
Los extremos a los que el oficialismo está dispuesto a ir en ese camino, quedaron de manifiesto de manera patética en la actitud de uno de los partidos de la coalición gobernante, el Partido Comunista. Una de sus principales figuras, su ex candidato presidencial, Daniel Jadue, había señalado lo obvio y elemental: la recuperación de recursos y tierras es una medida legítima de quienes han sido objeto de un despojo violento, sistemático e ilegal, pero blanqueado por el Estado.
La dirección del partido de Jadue, sin embargo, respondió, quizás alertada sobre lo que vendría, con una declaración oficial, dirigida ostensiblemente en contra de su militante más reconocido públicamente. En ella, se señala con audacia calumniosa, que “la causa del pueblo mapuche no puede ni debe ser contaminada ni reducida o vinculada al robo de madera ni al narcotráfico”.
De estas palabras sólo se desprende que el PC se suma a la campaña de mentira de lo más abyecto y ruin de la sociedad chilena, terratenientes y fascistas que, justamente, pretenden “contaminar” y “vincular” la “causa mapuche” con el narcotráfico. Y se pone del lado de los grandes capitalistas, cuyas ganancias se ven, marginalmente, afectadas por el “robo” de madera, que es producida sobre las tierras robadas, principalmente, durante la dictadura.
La, inicialmente, complicidad y, ahora, responsabilidad directa de estos sectores de la izquierda con la prisión y persecución políticas en contra de quienes se oponen al orden del capital, y con represión en contra del pueblo mapuche, constituye una mancha que no podrán borrar ni “todas las lluvias del sur”.
En efecto, estos partidos políticos del régimen han cruzado el Rubicón. No podrán devolverse más ni podrán reclamar nunca una representación política de las clases oprimidas.
El hecho de que esta traición la hayan perpetrado en contra de aquella parte del pueblo, cuya lucha se realiza en el mayor de los aislamientos y bajo las condiciones más difíciles, no minimiza la infamia. Sólo subraya la cobardía que en ella se expresa.
Este episodio ha de servir de lección.
El gobierno de Boric cree que puede solazarse en los elogios de la reacción. Pero estos son esquivos. Aunque haga exactamente lo que le pida la derecha pinochetista, ésta no se lo agradecerá. Sus propios seguidores, atrapados en el pantano de la adulación debida, aceitada por cargos fiscales y dineros públicos, han de servir de remedo de celebración de esta supuesta exhibición de “ley y orden”.
Haría bien en considerar, aunque sea de modo interesado o instrumental, un hecho: ni Piñera llegó a tanto. Y eso tiene una razón que los actuales gobernantes -en su febril afán de elevar la sumisión a la categoría de “estrategia” política- eligen ignorar.
La represión impuesta por Piñera en contra del pueblo, abierta y criminal, siempre estuvo acompañada de un elemento político crucial: el cuidado o la preocupación de no incriminarse personal o políticamente con violaciones a los derechos humanos y, como consecuencia de ello, mantener abierta la opción de retroceder en la escalada represiva.
El gobierno de Boric, en cambio, no toma esas precauciones.
En eso juegan un papel importante sus operadores, que ya hicieron, bajo el mandato de Bachelet, un intento de, en su concepto, “descabezar” la lucha del pueblo mapuche. Esa tentativa se conoció como “Operación Huracán” y consistió en la falsificación pueril de evidencia incriminatoria.
Estuvieron implicados en esa operación los altos mandos de Carabineros y ciertos funcionarios civiles que ahora ejercen tareas clave en el ámbito de la seguridad. Entre ellos, cabe mencionar a la asesora personal de Boric, Lucía Dammert, y los subsecretarios de Prevención del Delito y del Interior, Eduardo Vergara y Manuel Monsalve.
Todos ellos, además del delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, pertenecen a la órbita Mahmud Aleuy, eminencia gris en el PS y su intersección con los servicios de inteligencia, y quien fue el jefe de la “Operación Huracán”.
El fracaso de esa ofensiva, sin embargo, terminó en el descabezamiento de la cúpula de Carabineros y de sus estructuras de inteligencia.
El hecho de que este gobierno insista en estas tácticas y muestre de manera explícita su voluntad de aplicar la violencia estatal en contra de sus adversarios, sirve de anuncio de qué hará frente a otras manifestaciones de la lucha social.
También es una advertencia de que las negociaciones y acuerdos con un enemigo, las condescendientes muestras de falsa simpatía, las frívolas invocaciones del “Wallmapu” y las baladíes profesiones de “mari, mari”, nunca serán garantía cuando están involucrados los intereses de los dueños del país.
Es necesario, en estas circunstancias, expresar la real y activa solidaridad con la lucha del pueblo mapuche y en contra de los abusos que se vienen perpetrando en su contra.
Como toda solidaridad auténtica, exige el reconocimiento de los intereses de todo el pueblo de Chile, y abre la necesidad de unir todas las luchas, todas las demandas de los oprimidos y de la clase trabajadora.
El camino de enfrentamiento abierto con el conjunto del pueblo que ha escogido el gobierno, y que este episodio atestigua claramente, no tendrá éxito.
Terminará, una vez más, en la perdición de quienes promueven la mentira, la amenaza, la cárcel y la violencia en contra de las grandes mayorías que levantan sus demandas legítimas y justas.