La citación fue ordenada por la fiscal Ximena Chong, de la fiscalía metropolitana norte, que concentra varias de las indagatorias de delitos de lesa humanidad cometidos por organismos represores durante el levantamiento popular.

Yáñez fue, durante ese período, el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, la sección encargada de emitir las órdenes directas para las operaciones policiales. A fines del 2020, fue nombrado por Sebastián Piñera general director de la institución.

Un año más tarde, en reuniones informales realizadas entre los asesores y el propio Gabriel Boric, entonces presidente electo, el nuevo gobierno confirmó a Yáñez en esa posición, pese a las investigaciones judiciales en su contra. Las autoridades tampoco consideraron la responsabilidad del mando que ejerció el jefe policial.

Apenas conocida la noticia, el presidente Boric se reunió con el alto mando de Carabineros, en el contexto de un denominado consultivo, cuyo temario, aparentemente, era el despliegue de Carabineros durante el próximo plebiscito del 4 de septiembre.

Según la vocera de gobierno, Camila Vallejo, el mandatario les habría señalado en el encuentro a los jefes de Carabineros que ellos tienen “la obligación y el mandato de colaborar con la justicia”.

Vallejo no explicó por qué el mero cumplimiento de la ley que, en caso de rebeldía de un sospechoso de un crimen, puede ser impuesto a la fuerza, es objeto de deliberaciones especiales entre el jefe de gobierno y presuntos criminales.

La ministra no dio una valoración política del hecho de que los organismos encargados de preservar el orden legal -y, concretamente, del resguardo del próximo proceso eleccionario- estén encabezados por sospechoso de los más graves crímenes, cometidos mediante el empleo de los recursos y el personal de esas mismas entidades. Tampoco anunció una decisión sobre este grave hecho, sino que se remitió a señalar que en el gobierno están “atentos y atentas”.

Omitió en esta ocasión, también, las condenas rituales y genéricas a las violaciones a los derechos humanos, que este gobierno emite de manera reiterada en referencia a otros países, en particular a aquellos que están enfrentados a los intereses de Estados Unidos.

De acuerdo al diario El Mercurio, que informó de la citación a Yáñez en su edición matutina, el abogado defensor del general director, Jorge Martínez, habría encargado un informe en derecho a un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, España, sobre los delitos de tortura, como parte de su estrategia exculpatoria.

Previamente, Yáñez había entregado a la justicia otro informe de una académica española, en que se argumentaba que en Chile no se habían cometido delitos de lesa humanidad durante el levantamiento popular de octubre, debido a que, en esa ocasión, millones de personas se habían manifestado en las calles y que, de ellas, sólo una proporción menor fue objeto de mutilaciones, secuestros, prisión política, torturas y agresiones sexuales.

Este argumento en beneficio de Yáñez, elaborado por profesora de la Universidad Nacional de Educación de Distancia Alicia Gil, de ser aceptado por la justicia chilena, significaría una innovación significativa en la jurisprudencia de persecución de delitos de lesa humanidad, porque podría ser usado como exculpación para, por ejemplo, las políticas de exterminio nazi, que cobró la vida de seis millones de judíos, en circunstancias de que, según estimaciones, otras 11 millones de personas pertenecientes a la población judía, o sea, una cantidad mayor, no fueron víctimas del holocausto.

El hecho de que la continuación de los procedimientos judiciales en contra de Yáñez pudiera llevar a otras exhibiciones de semejante cinismo repugnante por parte de un alto funcionario, debiera ser razón suficiente para ordenar su destitución, aunque sea por meras razones de prestigio o reputación de la dirección política del Estado.

Sin embargo, todo indica que, tal como lo ha hecho durante todo este año, el gobierno apoya a este criminal y valora sus servicios, aunque éstos sean contrarios a ley, a los derechos humanos y al pueblo de Chile.