La detención de Murillo Karam ocurre dos días después que la Comisión de la Verdad de la Secretaría de Gobernación presentara una informe preliminar que señala que la desaparición de los jóvenes fue “un crimen de Estado”. Además, se estableció de que no hay indicio alguno de que los jóvenes sigan con vida.

“La tarde del 26 y 27 de septiembre, policías municipales de Iguala y militares del 27 batallón de infantería de la ciudad persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa resultando el operativo en la desaparición de 43 jóvenes, el asesinato de otras nueve personas y un saldo de 27 heridos. Los jóvenes se dirigían a la Ciudad de México para la conmemoración de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968”.

Con la detención de Karam y el informe preliminar el gobierno de México rechaza de manera oficial la llamada “verdad histórica” que presentó el ex procurador el 27 de enero de 2015. Con ella, quería cerrar el caso. “Ya me cansé” se despachó sobre el caso, en una de sus tantas intervenciones polémicas, que lo obligaron a renunciar ese año al cargo. Los jóvenes, quería establecer la verdad histórica del Estado y sus burócratas, habían sido secuestrados y quemados en un basural por miembros del crimen organizado. “Y déjense de molestar”, a las familias que al día de hoy sufren el horror, el desgarro de no poder sepultar a sus muchachos.

Esta verdad, cuestionada por las familias de los jóvenes y la presión social contra el gobierno del derechista Enrique Peña Nieto, obligó al gobierno a aceptar la llegada de un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estudiar e investigar el caso.

Entre las vueltas que dio el caso, y las muchas irregularidades que fueron saliendo, se logró establecer responsabilidades de parte de funcionarios federales en los hechos. Uno de ellos fue el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.