El acuerdo de los partidos del oficialismo para modificar el texto de la nueva constitución, aún antes de que sea aprobada, resultó en un anticlímax que refleja la desorientación y la profundización de la crisis del régimen.
Todo lo hacen mal. Incluso la manipulación antidemocrática.
Luego de pasarse meses intrigando, maquinando y urdiendo recetas en su cocina, los partidos oficialistas decidieron, a última hora, pedir unas papas fritas por el Rappi. Y, para más remate, cuando llegan, están frías y faltan dos porciones.
Estas negociaciones en particular, cuyo resultado fue presentado este jueves por los presidentes de los partidos oficialistas, se deben a la sorpresiva decisión de una sola persona, el presidente Gabriel Boric.
Las transacas, en general, vienen, por supuesto, de antes. Pero todo el oficialismo, por distintos motivos, ya se había hecho la idea de que la culminación de su cocina debía ocurrir después del plebiscito y en un terreno más seguro: el Congreso Nacional. Allí, en la tramitación de reformas constitucionales, se cerraría un trato entre todos los partidos del régimen.
Íntimamente, todos saben que hacer público un acuerdo de este tipo nunca es conveniente. Pero las emociones pudieron más. Pesó la nostalgia por el acuerdo el 15 de noviembre de 2019, el acontecimiento que elevó Boric como figura política dilecta a los ojos de la burguesía. Si tan sólo se pudiera volver a aquellos días y revivir un dejo de aquel sentimiento, suspiraba el mandatario.
Así, instó a los partidos que lo apoyan a cerrar un trato cuanto antes.
El resultado es un vivo testimonio de la parálisis del régimen: cuatro páginas, a doble espacio, de generalidades y blablá en que dan por verdadera la propaganda catastrofista del Rechazo; en que prometen restablecer ese esquema de estados de excepción creado por la dictadura -y que tan abundantemente ha sido usado por Piñera y el actual gobierno-; y a “restablecer” la iniciativa exclusiva de gasto al presidente (que existe, en lo esencial, también en el proyecto de nueva constitución); y poco más.
Las partes importantes, para los partidos, la vuelta del Senado, y para ciertos intereses económicos, derechos de aguas, lo dejan, prudentemente, para después. E incluso eso son meros detalles.
Lo que les preocupa es una cuestión de principios. El principio democrático, para ser más precisos, que, aunque no establezca cambios de importancia en el texto constitucional, simplemente les da pavor.
Para la derecha, el acuerdo fue una vindicación de su campaña, para los seguidores del oficialismo, una nueva exigencia de genuflexión, y para la población, la muestra patente de que a esta gente la democracia le importa un comino.
La reacción más notable vino de un lugar inesperado: la ¡Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos! Su presidente, Dante Arrigoni, señaló que todo esto no es más que la “vieja y desprestigiada fórmula de la cocina”. Y agregó que el acuerdo oficialista “atenta contra la democracia, ya que se hizo desconociendo el mandato popular que le otorgó a la convención ese derecho”.
Bueno, cuando tienen razón, tienen razón, estos burgueses.