Cuando Gabriel Boric aterrizó en Puerto Montt aún resonaban los ecos de las consignas –“Colombia, potencia mundial de la vida”- del acto de asunción del presidente Gustavo Petro en Bogotá, una ceremonia en la que se le prodigaron muestras de consideración y simpatía al mandatario chileno.
Pero ya de regreso en el país, la realidad es menos alegre, sabrosa y multicolor, sino bastante más gris. O, para ser precisos, color coyote pixelado.
Tal como habían estado exigiendo la derecha y otros sectores, la ministra del Interior, que acompañó a Boric en una actividad en Frutillar, anunció que declarará estado de excepción en la región de los Ríos, que comprende a las provincias de Ranco y Valdivia.
Siches remarcó que “el anuncio lo hago [en castellano, debe decir: lo haré; es una acción que se realizará en el futuro] yo, como ministra del Interior, el día jueves en La Moneda”. El “yo, como ministra,” es la vana queja de que “La Moneda” ya había entregado, a espaldas de la exigida Siches, toda esa información a su órgano oficial, el diario “La Tercera”. O sea, Siches se enteró por la prensa.
La ministra, sin embargo, pudo agregar una novedad: un intrincado plan del gobierno para evitar el acuerdo del Congreso para la prórroga de esa medida en las provincias Arauco, Biobío, Malleco y Cautín.
Según esa particular -y claramente inconstitucional- interpretación, al emitirse un nuevo decreto de estado de excepción, los plazos constitucionales para requerir el acuerdo del Congreso empiezan a correr de cero, lo que le daría un mes de militarización sin control parlamentario.
Según la ministra Siches: “Sería un nuevo decreto, que entraría en vigencia con posterioridad del término de éste [se refiere al actualmente vigente en la octava y novena regiones], y eso lo vamos a comunicar este jueves. Al ser de naturaleza nueva [lo que quiere decir es que es un decreto distinto, de la misma naturaleza, por cierto], no tendría que participar [aquí lo que intenta explicar no es que el decreto no deba participar, sino que ella, Izkia Siches, no deberá intervenir en la tramitación de la prórroga].”
Contrario a las denuncias de unos diputados de la UDI, que afirmaron que el gobierno pretendía ahora “gobernar por decreto”, el afán del Ejecutivo era sólo evitarse el bullying al que es sometido regularmente en el verdadero centro del poder del régimen: el Congreso.
El alivio de Siches duró poco. Ya en la tarde, el gobierno había abandonado su plan. Ahora va a pedir el acuerdo parlamentario para renovar el estado de excepción existente y, adicionalmente, emitirá un decreto distinto para la militarización en Los Ríos.
El patrón está claro.
No hay ningún factor, en el acelerado deslizamiento reaccionario de este gobierno, que permita descartar que la militarización se extenderá pronto a la región de Los Lagos y a Arica-Parinacota y Antofagasta, por lo bajo.
Y tampoco hay nada que ilustre mejor el carácter político de este gobierno que el hecho de que, a los pocos meses de asumir, avance hacia un auténtico orden militar en todo el país.
Cuando eso ocurra, sin embargo, muchos considerarán que un gobierno semejante no tiene razón de existir. Unos, porque se ha vuelto superfluo. Otros, porque actúa en contra de los intereses del pueblo.