El mismo día en que el jefe del Estado, Gabriel Boric, anunció la creación de dos programas -que serán sostenidos y financiados por el Estado- de reparación y cuidado de víctimas de abusos cometidos por el idéntico Estado, los abogados de ese, ya mencionado, Estado rechazaron la demanda civil de Fabiola Campillai en contra de aquel Estado -el mismo- por la agresión que sufrió en manos de agentes del, ya se sabe, Estado.
Qué coincidencia ¿verdad?
La demanda civil fue presentada por Fabiola Campillai en febrero ante el juzgado de letras de San Bernardo y busca que se le indemnice a ella y a su familia por los daños físicos y morales que sufrieron debido a la criminal agresión de Carabineros.
El Consejo de Defensa del Estado, CDE, es el organismo que debe representar los intereses del fisco en ese tipo de casos.
Lo primero que hizo esa institución, fue hacerse la lesa.
El tribunal ya se había demorado su buen rato, un mes y medio, en mandar la notificación al CDE. Eso no es tan simple: primero debió enviar un exhorto al juzgado de San Miguel; ese debe designar a un receptor; y ese señor debe entregarle el documento al representante del CDE correspondiente a esa jurisdicción.
Esta última parte ya es más fácil, porque el organismo tiene una oficina en San Miguel, en una bonita casa, ubicada a media cuadra de Gran Avenida, frente al barrio Lo Vial, donde está Madeco, la cárcel y, especialmente, los juzgados y la Corte de Apelaciones. Cerca de todo.
Y, más importante, tiene un funcionario que, básicamente, lo único que tiene que hacer es estar ahí para recibir las notificaciones: el abogado procurador fiscal que, en este caso, se llama Marcelo, Marcelo Chandía.
Pero cuando el receptor fue hacer exactamente eso, le dijeron que el Marcelo no estaba. Era la una de la tarde. Quizás estaba en el Cocó Café, que queda casi al lado, comiendo una mechada queso. No importa, porque uno diría que cualquier otro empleado del CDE podría recibir la notificación en nombre de Chandía. Total, todos son funcionarios del Estado. Pero no.
El receptor tuvo que volver a la semana siguiente.
Para irse a la segura, evitó la cercanía con la hora de almuerzo y se presentó a las 12. ¿El señor Chandía? “No está. Salió”, respondió el funcionario del CDE, que negó a identificarse y a recibir formalmente la notificación.
Pero como ya era la segunda vez que iba, el funcionario judicial ya sabía lo que tenía que hacer: simplemente le dejó la demanda y los otros papeles encima del escritorio. Listo. Chao.
Después de dos semanas, Marcelo -mejor deberíamos decirle don Marcelo o señor Chandía; al fin y al cabo, gana casi 8 millones de pesos al mes por sus inapreciables servicios- se dio, finalmente, por aludido y presentó un escrito al juzgado que tituló, muy adecuadamente, “excepción dilatoria”.
De eso trataba: dilatar el asunto.
Chandía alegó que la jueza de San Bernardo era incompetente para ver la causa porque la demandante era una senadora de la República, y esos casos debe tramitarlos un ministro de fuero, o sea, un integrante de la Corte de Apelaciones.
Claro, entre medio de toda la demora, Fabiola Campillai ya había asumido el cargo al que había sido elegida con primera mayoría nacional. Pero la demanda la había presentado antes. ¿Qué fecha vale más? ¿Cuándo fue declarada admisible la demanda o cuando la contraparte se enteró de ello, pese a sus denodados esfuerzos por mantenerse en la más dulce ignorancia?
La jueza, contenta de deshacerse del, por lo visto, complicado caso, le dio la razón al CDE y remitió todo a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Más demora. Ahí nombraron, semanas después, una ministra de fuero.
Y recién ahora, el Consejo de Defensa del Estado se dignó a responder. Cosa curiosa: de nuevo le tocó a Chandía, pese a que su tarea no es litigar, sino, como ya dijimos, recibir las notificaciones e informar a sus jefes.
Pero parece que ninguno de los abogados consejeros del CDE -se supone que son la crème de la crème del foro-, que son los que ven los casos difíciles y sensibles -y que no trabajan en San Miguel- quiso poner su firma en el escrito.
Entre esos consejeros hay un ex subsecretario de guerra, un ex jefe de la división jurídica del Ministerio de Justicia, un ex asesor legislativo de Piñera y dos ex-ministros, uno de ellos es Alberto Espina, ex ministro de Defensa y uno de los que estamparon su firma en los decretos de estado de excepción impuestos durante el levantamiento popular. Un detalle que, como veremos, tiene cierto significado.
¿Y qué le responde el Estado de Chile a Fabiola Andrea Campillai Rojas, trabajadora, pobladora, dirigente vecinal, bombera, y senadora de la República?
¿Qué le responde a quién fuera objeto de un ataque artero, deliberado y brutal, que la cegó para siempre, que le cambió el rostro, también para siempre?
¿Qué le responde el Estado, entonces, a esta persona que fue martirizada por uno de sus agentes represores?
¿Qué le dice el Estado a esta mujer que iba al trabajo temprano y cuyo único crimen es pertenecer a la clase trabajadora, ser parte de un pueblo que había sido declarado un enemigo y que seguía movilizado, pese a que el régimen ya había cerrado su “acuerdo por la paz”?
¿Qué le responde?
Le dice que “controvierte”, o sea, que discute, que pone en duda, que niega, “la totalidad de los hechos en que se funda la demanda, tanto en la forma en que ocurrieron, como la existencia, entidad y monto de los perjuicios cuya indemnización se reclama”.
Eso es lo que responde el Estado de Chile.
En el escrito, se pide considerar “el contexto”. El contexto, por supuesto, es la represión en contra del pueblo, la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos.
Pero no. Para los representantes legales del Estado, el contexto era la acción de “antisociales”.
“Debido a la gravedad y multiplicidad de estos incidentes, el presidente de la República debió ordenar, mediante diversos decretos, estado de excepción constitucional con el objeto de restringir derechos constitucionales para controlar eficientemente el orden público”, dice la respuesta del CDE.
Pero esa “custodia del orden público”, continúa, fue muy difícil: “día a día”, nos enteramos a través del CDE, “debieron decidirse la ubicación y el número de dotación de las fuerzas policiales, tomando en consideración la planificación de las protestas, la intensidad de las acciones vandálicas, la dotación existente en la respectiva zona afectada, los antecedentes obtenidos por la inteligencia policial, el tipo de lugar donde se desarrollan los acontecimientos, entre muchos otros factores”.
Interesante.
Y sigue: “por su parte, la violencia aplicada por diversos grupos de antisociales fue intensa y sostenidamente agresiva en muchos de los incidentes. En base a esa situación es que las instituciones policiales debieron activar todas las competencias y facultades entregadas por el ordenamiento jurídico para hacer frente a esta realidad”.
“Todas las competencias y facultades”. Anotado.
A primera vista, la respuesta no ahorra en desprecio a la verdad, a la moral y a la elemental decencia.
Así sólo se puede expresar quien se crea representante de la razón de Estado.
Pero, por eso mismo, se convierte en una confesión.
El “contexto”, según vemos, son todas acciones deliberadas, decisiones razonadas tomadas en la cúpula del Estado -como el estado de excepción ya mencionado- y por sus agentes, que “activaron” todas sus “competencias y facultades”.
En otras palabras, el “contexto” de la represión no fue que “accidentalmente” ocurrieran “excesos aislados”.
No.
Al contrario: “día a día” se tomaban “decisiones” de cómo atacar al pueblo, considerando, como vimos, “muchos factores”.
La razón de Estado no se condice con la razón humana, con la razón del pueblo.
Y algo nos indica que la razón prevalecerá.
Y, vaya, que van a tener que pagar, cuando ese momento llegue, los jefes, carniceros y los acólitos letrados de la sinrazón.
No hay plata en el mundo que salde esa deuda.