Cristian Cayupán Queupil, 28 años, fue sentenciado en marzo de este año a 15 años de cárcel por homicidio frustrado. Ha estado preso desde el 20 de octubre de 2019. Ese día, Cristián manejaba su auto y llegó al lugar equivocado en el momento equivocado. Un grupo de funcionarios de PDI se engarzó en un tiroteo con un civiles durante el saqueo a un supermercado en Pudahuel. Asustado, Cristián dio una brusca vuelta en «U». En esa maniobra, impacto a la detective Danitza Araya González, de 21 años. Mientras, los policías abrieron fuego en contra del auto de Cristián quien resultó con graves heridas.
Hoy, el medio electrónico El Mostrador dio a conocer el informe elaborado por una comisión de la PDI luego de que se reabriera un sumario interno para descubrir un misterio que hasta ahora a nadie le había interesado: quién le disparó a la subinspectora Araya.
Dejaremos la tragedia que vive Cayupán, preso por un delito que no cometió, sino que, además, en el tiroteo perdió un riñón, parte de su hígado y del colon, y que luego de ser intervenido de urgencia en el hospital San Juan, fue derivado a la cárcel, sin considerar que debía cumplir un post operatorio. Dejaremos de lado también la tragedia que vive su familia, con dos padres adultos mayores.
Contaremos hoy la tragedia de Danitza Araya, la funcionaria de la PDI que quedó parapléjica en el incidente. Desde que todo sucedió, viene contando a los cuatro vientos que su desgracia no es resultado del atropello causado accidentalmente por Cayupán, sino fue causado por un disparo a corta distancia, efectuado por uno de sus compañeros, Daniel Jofré.
Prueba de ello sería el orificio que se encontró en su chaleco antibalas. Sin embargo, la institución, los peritos y la fiscalía que investigó el caso y persiguió a Cayupán, pasaron por alto que el chaleco antibalas desapareciera inmediatamente una vez ocurrido los hechos.
La PDI, a través de un documento enviado a la Fiscalía Local de Pudahuel el 29 de noviembre de 2021, señaló que el chaleco antibalas identificado con el número 182814, se había “extraviado” durante dos años.
«El disparo recibido por la PDI Danitza Araya, fue recibido en su tórax, entrando el proyectil por el costado izquierdo y saliendo por la derecha. Esto quiere decir que, el autor del disparo estaba ubicado a la izquierda de ella y la única persona que se puede posicionar en esa ubicación era otro funcionario policial y no el conductor del vehículo que fue condenado (…). Finalmente, el chaleco antibalas, que estuvo extraviado desde la fecha de los hechos, presentaba sangre, un orificio de entrada y alojaba el proyectil en sus placas de kevlar. Esto no fue detectado por ningún perito con anterioridad a que yo periciara el chaleco antibalas. Todas estas evidencias físicas confirman mis conclusiones: el disparo fue realizado por el funcionario de la PDI que estaba ubicado a la izquierda de la policía Araya».
Estas conclusiones las entregó el perito forense Carlos Gutiérrez, Doctor en Ciencias Forenses y profesor de Chaminade University of Honolulu (USA), contratado por la familia de la detective Araya.
Como en el caso de Valeria Vivanco, funcionaria PDI baleada por un compañero de armas en La Pintana y en cuyo caso hubo ocultamiento de pruebas, encubrimiento y obstrucción a la investigación, en este caso, pasó algo muy similar.
Tanto para el abogado de Danitza Araya, como para la defensa de Cayupán, es central en esta tendenciosa investigación, el informe que realizó la médico legista de la Labocar, Vivian Bustos, el 20 de julio de 2020.
En su informe, la “profesional” señala que “las perforaciones en la piel y en las fracturas costales son correspondientes a una lesión balística de proyectil único, proveniente de un disparo a larga distancia” y que las lesiones -paraplejia- de la funcionaria son resultado del atropello.
“Las fracturas tipo Burst de vértebras 11 y 12, se producen en la etapa final, cuando la afectada cae al suelo (producto del atropello) (…) la lesión balística pudo producirse cuando la afectada se encontraba horizontal, sobre el capot del automóvil proveniente de un arma situada a la izquierda de su cuerpo (…) Las lesiones balísticas se encuentran recuperadas ad integrum, sin dejar secuelas detectables (…) Las lesiones raquimedulares ocasionarán secuelas definitivas, sin que pueda retomar de igual forma o en su totalidad las actividades laborales”.
Para la abogada de Cristián Cayupán, Yanira González, con el informe de Vivian Bustos «es evidente que se intenta exculpar al funcionario que disparó (…). (La Fiscalía) no contempló la ficha clínica, tampoco se contempló el informe del Servicio Médico Legal, que es la institución pertinente para analizar esta materia. Sólo se tomó en consideración el peritaje realizado por Vivian Bustos que imputa toda la responsabilidad a Cristián, quitándole todo valor a lo ocasionado por el proyectil balístico».
¿Quién es Vivian Bustos? se pregunta el artículo de El Mostrador.
“Bustos tiene más de 40 años de experiencia en el Servicio Médico Legal. Ha trabajado con la PDI y es profesora del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), encabezando las pericias de numerosas investigaciones, en casos de alta connotación pública, como el asesinato de la contadora Viviana Haeger. No obstante, su desempeño como perito fue muy cuestionado en los casos de Nabila Riffo y de la detective Valeria Vivanco, debido a que en este último sus reportes no coincidieron con las pruebas audiovisuales del caso”.
Pero este nuevo caso de encubrimiento no termina con la actuación de Vivian Bustos.
“La familia de Danitza Araya ha señalado explícitamente considerar que en la Policía de Investigaciones de Chile existe una red de encubrimiento institucional para no aportar datos que lleven a la verdad sobre el caso, toda vez que los funcionarios de la PDI han omitido información y en las escasas oportunidades que han dado respuestas han caído en profundas contradicciones y mentiras. Incluso, la familia de Danitza refiere que el alto mando institucional conoce quién fue el funcionario que disparó a Danitza, toda vez que en reunión realizada el 03 de septiembre, en que previamente funcionarios de la PDI les quitaron los teléfonos celulares, el Director Nacional ofreció traer al funcionario que había realizado el disparo para que le pidiera perdón”.
Además, cuenta el artículo, Daniel Jofré habría sido trasladado a la Región de Los Lagos para su ocultamiento; que la PDI habría empadronado a los vecinos de la zona donde sucedieron los hechos obligándolos a borrar videos y material de registro de la balacera; que el Fiscal a cargo del caso, Rodrigo Garrido Parado, no investigó el proyectil balístico que recibió Danitza, entre otras irregularidades.
Es de esperar que se levante el suficiente ruido, polvo, rabia, indignación para que, de una vez por todas, alguien tome cartas el en asunto. Y si ha de ser silencioso, no importa, queremos libertad para Cristian Cayupán y todos los jóvenes presos por luchar, inculpados con montajes, pruebas falsas, corrupción, obstrucción y matonaje de las policías, fiscales, jueces, peritos, expertos, ministros, etc. etc.
Y para la familia de Valeria Vivanco y para Danitza Araya y su familia, verdad y justicia.